Por Marlo Brito
Independientemente de lo que ocurra el 22 de marzo, fecha del arribo de la Marcha Plurinacional por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos a la ciudad de Quito, el Presidente Correa ya cosechó su segunda derrota política de importancia. La paradoja: esta derrota política proviene de las organizaciones sociales como la CONAIE, humillados y ofendidos largamente hasta la ira misma.
Pero esta trama tiene historia. Desde hace tres años fue advertido de que era entonces el momento para hacer ajustes estructurales al régimen y que era indispensable abrir canales de diálogo sincero con los movimientos sociales y con las fuerzas de izquierda que lo llevaron al poder.
Sin embargo, con una soberbia ilimitada él prefirió despreciar, atacar y humillar a sus voceros y líderes, llamándolos “izquierda infantil” y “ecologistas infantiles”, entre una larga lista de insultos. Le interesó más el ataque personal a Alberto Acosta y a Gustavo Larrea, el menosprecio a Ruptura de los 25 y la peregrina pretensión de involucrar a todos ellos con la derecha. En el fondo, sabía que si algún sector podía disputarle el liderazgo, era la izquierda, por lo que necesitaba desprestigiarla, derrotarla y en lo posible hacerla desaparecer. Era solo cuestión de tiempo para que el régimen se muestre de cuerpo entero. El gobernante prefirió consolidar una alianza con la derecha a través de sus más cercanos colaboradores, diseñó una estrategia de consolidación del poder con un modelo populista y autoritario, dispuso que se imponga la minería a cielo abierto y urdió un plan para dividir, cooptar y derrotar a la izquierda. En suma, se quitó la máscara en su objetivo de mantenerse en el poder a toda costa. Para ello era indispensable la “metida de mano a la justicia” y el silenciamiento de la prensa. El regreso de Dahik era no más que un capricho.
Los juicios millonarios y el sucedáneo perdón a los directivos del diario El Universo y a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, las reformas al Código de la Democracia para beneficio personal, el uso y abuso de la figura de colegislador al punto de colocar a la Asamblea Nacional como un simple peón en el cumplimiento de sus designios, la descomunal propaganda oficial que confunde Estado con gobierno y Estado con movimiento político Alianza País, la poca claridad y los enredos oficiales respecto al escándalo de la “narcovalija”, la criminalización de la protesta social, fueron errores fatales que minaron profundamente al régimen desde la consulta popular del 7 de mayo de 2011, cuando sufrió la primera derrota política significativa.
Mientras tanto, desde el 8 de marzo, con un ritual sagrado como preámbulo, un grupo extraordinario de líderes indígenas y sociales iniciaron la marcha. Casi en silencio dieron los primeros pasos, aún cuando enseguida se encontraron con el discurso intimidatorio del Presidente Correa: si ellos son 500 estaremos 50 mil, amenazó. Habrá que recordarle que esta no es una competencia, tampoco es un intento por desestabilizar a su gobierno.
Las demandas son claritas como el agua: respete la constitución, cumpla el mandato minero y suspenda el contrato con la empresa china Ecuacorrientes, apruebe las leyes de aguas, tierras y territorios, respete los derechos laborales y derogue el decreto 813 de la “renuncia obligatoria”, democratice la comunicación, cumpla con la consulta previa, pero sobre todo respete la autonomía y la dignidad de las organizaciones indígenas, por lo tanto cese de inmediato los intentos de división y cooptación de ciertos dirigentes.
¿Intentos desestabilizadores? Ese cuento no se lo cree nadie, ni siquiera el Alcalde de Quito, quien ha ofrecido una bienvenida a los marchantes, contradiciendo por primera vez y en público al Presidente Correa. ¿Qué están esperando los pocos empleados del régimen otrora militantes de izquierda, para hacer lo mismo?
Safiqui
Independientemente de lo que ocurra el 22 de marzo, fecha del arribo de la Marcha Plurinacional por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos a la ciudad de Quito, el Presidente Correa ya cosechó su segunda derrota política de importancia. La paradoja: esta derrota política proviene de las organizaciones sociales como la CONAIE, humillados y ofendidos largamente hasta la ira misma.
Pero esta trama tiene historia. Desde hace tres años fue advertido de que era entonces el momento para hacer ajustes estructurales al régimen y que era indispensable abrir canales de diálogo sincero con los movimientos sociales y con las fuerzas de izquierda que lo llevaron al poder.
Sin embargo, con una soberbia ilimitada él prefirió despreciar, atacar y humillar a sus voceros y líderes, llamándolos “izquierda infantil” y “ecologistas infantiles”, entre una larga lista de insultos. Le interesó más el ataque personal a Alberto Acosta y a Gustavo Larrea, el menosprecio a Ruptura de los 25 y la peregrina pretensión de involucrar a todos ellos con la derecha. En el fondo, sabía que si algún sector podía disputarle el liderazgo, era la izquierda, por lo que necesitaba desprestigiarla, derrotarla y en lo posible hacerla desaparecer. Era solo cuestión de tiempo para que el régimen se muestre de cuerpo entero. El gobernante prefirió consolidar una alianza con la derecha a través de sus más cercanos colaboradores, diseñó una estrategia de consolidación del poder con un modelo populista y autoritario, dispuso que se imponga la minería a cielo abierto y urdió un plan para dividir, cooptar y derrotar a la izquierda. En suma, se quitó la máscara en su objetivo de mantenerse en el poder a toda costa. Para ello era indispensable la “metida de mano a la justicia” y el silenciamiento de la prensa. El regreso de Dahik era no más que un capricho.
Los juicios millonarios y el sucedáneo perdón a los directivos del diario El Universo y a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, las reformas al Código de la Democracia para beneficio personal, el uso y abuso de la figura de colegislador al punto de colocar a la Asamblea Nacional como un simple peón en el cumplimiento de sus designios, la descomunal propaganda oficial que confunde Estado con gobierno y Estado con movimiento político Alianza País, la poca claridad y los enredos oficiales respecto al escándalo de la “narcovalija”, la criminalización de la protesta social, fueron errores fatales que minaron profundamente al régimen desde la consulta popular del 7 de mayo de 2011, cuando sufrió la primera derrota política significativa.
Mientras tanto, desde el 8 de marzo, con un ritual sagrado como preámbulo, un grupo extraordinario de líderes indígenas y sociales iniciaron la marcha. Casi en silencio dieron los primeros pasos, aún cuando enseguida se encontraron con el discurso intimidatorio del Presidente Correa: si ellos son 500 estaremos 50 mil, amenazó. Habrá que recordarle que esta no es una competencia, tampoco es un intento por desestabilizar a su gobierno.
Las demandas son claritas como el agua: respete la constitución, cumpla el mandato minero y suspenda el contrato con la empresa china Ecuacorrientes, apruebe las leyes de aguas, tierras y territorios, respete los derechos laborales y derogue el decreto 813 de la “renuncia obligatoria”, democratice la comunicación, cumpla con la consulta previa, pero sobre todo respete la autonomía y la dignidad de las organizaciones indígenas, por lo tanto cese de inmediato los intentos de división y cooptación de ciertos dirigentes.
¿Intentos desestabilizadores? Ese cuento no se lo cree nadie, ni siquiera el Alcalde de Quito, quien ha ofrecido una bienvenida a los marchantes, contradiciendo por primera vez y en público al Presidente Correa. ¿Qué están esperando los pocos empleados del régimen otrora militantes de izquierda, para hacer lo mismo?
Safiqui
