El 23 de febrero la Dirección de Auditoría de Proyectos y Ambiental emitió los resultados provisionales de la Auditoría de Aspectos Ambientales (...) relacionados con los proyectos mineros Mirador y Pananza-San Carlos, en Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
Los auditores de la Contraloría encontraron desde errores geográficos en la delimitación de la concesión hasta problemas administrativos que involucran EcuaCorriente S.A., y a los ministerios del Ambiente y de Recursos no Renovables.
Los errores geográficos son incluso de porte surrealista: según la Contraloría, el Estado entregó una concesión que sobrepasa la línea de frontera. Es decir, una mínima parte del área que explotará la compañía está en Perú. "Este hecho es evidente –dice el informe– en la hoja topográfica Mirador, de Zamora del Instituto Geográfico Militar que contiene los límites de la concesión y en la cartografía del catastro minero publicado por el Arcom en su página web".
Otras observaciones evidencian un posible riesgo ambiental. La primera de ellas: 1.447 hectáreas del área concesionada están dentro del Bosque Protector Cordillera del Cóndor, que forma parte del Patrimonio Forestal. Y eso, dice la Contraloría, debió ser causal para que el Estado declarase la extinción de la concesión.
En el mandato constituyente No. 6, de abril de 2008, se dispuso la "extinción sin compensación económica alguna de las concesiones mineras otorgadas en el interior de... bosques protectores...". Pero el Gobierno no aplicó esta disposición para EcuaCorriente.
Sin embargo, la empresa tiene a su favor un certificado emitido por el Ministerio del Ambiente, en el 2006, donde se asegura que el proyecto Mirador "no intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas". Afirmación que, según la Contraloría, es falsa.
El segundo problema es la posible afectación a las fuentes y nacientes de agua: se identificaron 227 fuentes en las 9.928 hectáreas de la concesión.
Este número se detectó tras la revisión de los mapas entregados por el secretario nacional del Agua; la cartografía del Instituto Geográfico Militar; la página web del Consejo Provincial de Zamora Chinchipe y el estudio de Impacto Ambiental elaborado por EcuaCorriente.
La conclusión de la Contraloría es que la existencia de estas fuentes de agua era otra razón por la cual la concesión debió haberse extinguido. Una vez más, el Gobierno incumplió las disposiciones del mandato constituyente No. 6.
¿Por qué es importante ? "La revisión bibliográfica realizada –dice el informe– evidencia que la restauración de la naturaleza, luego de la explotación a cielo abierto es una utopía".
Los estudios de impacto ambiental presentados por la compañía china y las auditorías realizadas por el Ministerio del Ambiente también fueron observados por la Contraloría. La entidad habla de deficiencias.
El 27 de julio de 2010, el Ministerio del Ambiente aprobó la auditoría ambiental señalando algunas No Conformidades Menores al cumplimiento del plan de manejo ambiental. La Contraloría no las menciona, pero sí enumera ocho problemas que los técnicos del ministerio no detectaron.
Entre ellos: "No se detalló de manera específica las especies existentes en el lugar ni se realizó un monitoreo de la flora y fauna del proyecto". Tampoco se "realizó el control de la disposición final de los residuos".
La ubicación de la escombrera y la relavera (depósito de desechos tóxicos) es un problema detectado, en cambio, en el estudio de impacto ambiental. Según la Contraloría, en el sitio existen 12 drenajes naturales de agua y una fuente subterránea que serían afectados. Al momento –se lee en el informe preliminar– la Subsecretaría de Calidad Ambiental del ministerio está analizando este estudio.
Ivonne Gaibor Flor - Quito
Expreso
