La Federación Internacional de los Derechos Humanos (Fidh) pidió hoy a las autoridades de Ecuador, China y Canadá, que respeten sus compromisos de proteger los derechos humanos en relación con su proyecto de iniciar una explotación minera a cielo abierto a gran escala en este país.
La Federación pide a Quito que suspenda "la implementación" del contrato firmado el pasado 5 de marzo para hacer la primera mina a cielo abierto en la en la cordillera del Cóndor, en la Amazonía ecuatoriana.
A las autoridades de China y Canadá, implicadas en dicho contrato vía la empresa minera Ecuacorriente (Ecsa), filial de Corriente Resources, pide que respeten "su obligación de proteger los derechos humanos", incluidas las violaciones cometidas por empresas trasnacionales bajo su jurisdicción y que operan en el extranjero.
China y Canadá deben "exigir a las empresas implicadas la suspensión de sus operaciones, incluso mediante sus relaciones diplomáticas", subrayó.
EcuaCorriente, por su parte, tiene que respetar la Constitución ecuatoriana y no puede comenzar los trabajos sin cumplir los requisitos estipulados en ella, entre otros el "derecho a la consulta previa, libre e informada" de las comunidades afectadas, destacó en un comunicado.
La Fidh hizo este llamamiento junto con sus organizaciones miembro en Ecuador: la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), el Centro de Derechos Económicos y sociales (Cdes) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), precisó.
En el caso de iniciarse la explotación minera, agregó, Ecsa debe "adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que sus operaciones no atentarán contra la Naturaleza ni contra los derechos de las poblaciones afectadas".
Domiciliada en Canadá, Corriente Resources estuvo controlada por capital canadiense entre 1983 y 2010, y desde entonces es filial de la sociedad china de riesgo compartido (joint venture) Railway Construction Corporation y Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd (segundo productor de cobre en China), explicó la FIDH.
El contrato prevé la explotación de cobre en la Amazonía ecuatoriana, por una inversión estimada en más de 1.700 millones de dólares y su principal proyecto de explotación, el proyecto Mirador, está localizado en la provincia de Zamora Chinchipe, indicó.
Agregó que una marcha ciudadana integrada por comunidades indígenas, campesinas, mujeres, estudiantes y trabajadores, que desde hace dos semanas recorre el país, llegará a Quito este 22 de marzo para exigir el respeto de sus derechos y protestar contra el desarrollo minero a gran escala en Ecuador.
El Gobierno ecuatoriano debe "abstenerse de toda acción que pueda atentar contra la libertad de expresión de los manifestantes" y a su derecho a la resistencia, reconocido igualmente en la Constitución ecuatoriana, dado el "preocupante contexto de criminalización de la protesta social", añadió.
"En vísperas de la cumbre Río + 20" resaltó la nota, "toda política de desarrollo económico debe tener en cuenta imperativamente a los individuos, en particular los más vulnerables", y por supuesto respetar los Derechos Humanos y el medio ambiente.
En 2010, la Fidh, Cedhu, Inredh y Cdes denunciaron ya el "impacto probado y potencial" de este proyecto en los derechos de las comunidades locales y en el medio ambiente; denunciaron las maniobras del Estado y de la empresa, con actos a veces violentos, para intimidar a sus opositores; y deploraron "la ausencia de consulta previa a las comunidades concernidas", en particular las comunidades indígenas Shuar. (París/EFE)
Ecuadorenvivo
La Federación pide a Quito que suspenda "la implementación" del contrato firmado el pasado 5 de marzo para hacer la primera mina a cielo abierto en la en la cordillera del Cóndor, en la Amazonía ecuatoriana.
A las autoridades de China y Canadá, implicadas en dicho contrato vía la empresa minera Ecuacorriente (Ecsa), filial de Corriente Resources, pide que respeten "su obligación de proteger los derechos humanos", incluidas las violaciones cometidas por empresas trasnacionales bajo su jurisdicción y que operan en el extranjero.
China y Canadá deben "exigir a las empresas implicadas la suspensión de sus operaciones, incluso mediante sus relaciones diplomáticas", subrayó.
EcuaCorriente, por su parte, tiene que respetar la Constitución ecuatoriana y no puede comenzar los trabajos sin cumplir los requisitos estipulados en ella, entre otros el "derecho a la consulta previa, libre e informada" de las comunidades afectadas, destacó en un comunicado.
La Fidh hizo este llamamiento junto con sus organizaciones miembro en Ecuador: la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), el Centro de Derechos Económicos y sociales (Cdes) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), precisó.
En el caso de iniciarse la explotación minera, agregó, Ecsa debe "adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que sus operaciones no atentarán contra la Naturaleza ni contra los derechos de las poblaciones afectadas".
Domiciliada en Canadá, Corriente Resources estuvo controlada por capital canadiense entre 1983 y 2010, y desde entonces es filial de la sociedad china de riesgo compartido (joint venture) Railway Construction Corporation y Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd (segundo productor de cobre en China), explicó la FIDH.
El contrato prevé la explotación de cobre en la Amazonía ecuatoriana, por una inversión estimada en más de 1.700 millones de dólares y su principal proyecto de explotación, el proyecto Mirador, está localizado en la provincia de Zamora Chinchipe, indicó.
Agregó que una marcha ciudadana integrada por comunidades indígenas, campesinas, mujeres, estudiantes y trabajadores, que desde hace dos semanas recorre el país, llegará a Quito este 22 de marzo para exigir el respeto de sus derechos y protestar contra el desarrollo minero a gran escala en Ecuador.
El Gobierno ecuatoriano debe "abstenerse de toda acción que pueda atentar contra la libertad de expresión de los manifestantes" y a su derecho a la resistencia, reconocido igualmente en la Constitución ecuatoriana, dado el "preocupante contexto de criminalización de la protesta social", añadió.
"En vísperas de la cumbre Río + 20" resaltó la nota, "toda política de desarrollo económico debe tener en cuenta imperativamente a los individuos, en particular los más vulnerables", y por supuesto respetar los Derechos Humanos y el medio ambiente.
En 2010, la Fidh, Cedhu, Inredh y Cdes denunciaron ya el "impacto probado y potencial" de este proyecto en los derechos de las comunidades locales y en el medio ambiente; denunciaron las maniobras del Estado y de la empresa, con actos a veces violentos, para intimidar a sus opositores; y deploraron "la ausencia de consulta previa a las comunidades concernidas", en particular las comunidades indígenas Shuar. (París/EFE)
Ecuadorenvivo
