Salvador Quishpe Lozano - Prefecto

Salvador Quishpe Lozano - Prefecto

viernes, 30 de septiembre de 2011

COMUNICADO AL PAÍS 30 S, UN DÍA NEFASTO EN LA HISTORIA DEL ECUADOR

Cléver Jiménez, asambleísta del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, en representación de la provincia de Zamora Chinchipe, al cumplirse un año de los fatídicos acontecimientos, del nefasto día 30 de septiembre de 2010, que enlutó a la familia ecuatoriana y que, constituye “otra página oscura en la historia nacional”, manifiesta al país:

1.- El principal responsable de los acontecimientos del 30 de septiembre de 2010, es el Presidente de la República, Eco. Rafael Vicente Correa Delgado, al no actuar con responsabilidad, serenidad, prudencia y sobre todo con la verdad, antes, en ese día y después de los hechos.

2.- La Asamblea Nacional como tal, es igualmente responsable, al permitir a través de los asambleístas gobiernistas y sus aliados, el sometimiento de la misma, a la voluntad y capricho de quien hoy gobierna al país, logrando de esta manera, obstruir e incumplir con las obligaciones constitucionales de la primera función del Estado, fiscalizar y elaborar leyes en beneficio de las y los ecuatorianos, en su conjunto.

3.- La presencia del Presidente de la República, con su actitud prepotente, confrontadora e irresponsable, en las instalaciones del Regimiento Quito, exacerbó la actitud de protesta de los policías, desencadenando hechos totalmente negativos y lamentables para la comunidad nacional.

4.- El primer mandatario ecuatoriano y su gobierno, el día de los acontecimientos y luego de lo sucedido, adoptó una posición de “víctima”, y hasta la fecha, no ha sido capaz de darle una explicación seria y transparente de lo sucedido al pueblo ecuatoriano; por el contrario, se inventó la “teoría del intento de golpe de estado”, cuando en la práctica, el verdadero afectado y golpeado fue y es el pueblo ecuatoriano, convirtiéndose en la verdadera víctima por tanta irresponsabilidad.

5.- La campaña de desprestigio y persecución de quienes pensamos y opinamos diferente al presidente y su gobierno, les lleva a colocarnos en un solo saco y acusarnos de “conspiradores”; estoy seguro que esta campaña millonaria, se la realiza con dinero del pueblo ecuatoriano, en contra de quienes, únicamente, estamos exigiendo investigación y sanción para los responsables.

6.- La investigación de los acontecimientos del 30 de septiembre tiene y debe dar con los responsables de los acontecimientos de ese triste día; los desatinos del primer mandatario no pueden ser atribuidos a nuestra agrupación política, ni de quienes la representamos. Es preciso identificar a los autores, cómplices y encubridores de las muertes de los hermanos ecuatorianos.

7.- Es necesario, identificar al o los irresponsables que ordenaron la incursión armada al Hospital de la Policía Nacional, fatal decisión que produjo muertos, heridos, daños materiales y la incertidumbre de la comunidad ecuatoriana.

8.- He cumplido con mi pedido de investigación en las instancias legales en nuestro país, creo necesario además, por la falta de independencia de la función judicial ecuatoriana, acudir a organismos internacionales para que se investigue y se esclarezcan los hechos del 30 de septiembre de 2010.

9.- Ratifico mi posición de respeto a las leyes y Constitución de la República, mi respeto al pueblo ecuatoriano, mi afán de servicio a la Patria Grande, el Ecuador. MI SENTIDO PESAR A LAS FAMILIAS ENLUTADAS POR LA IRRESPONSABILIDAD DE UN GOBIERNO, QUE PRETENDE CONTINUAR CON SU PROYECTO TOTALITARIO, NEOLIBERAL Y DICTATORIAL, ESCUDADO EN UNA SUPUESTA Y FALSA “REVOLUCIÓN CIUDADANA”.

10.- Rechazo, tajantemente, la utilización de mi nombre y mi imagen en las producciones gubernamentales, referentes al 30 de septiembre de 2010, desacreditando mi trabajo, mi lucha, mi formación, mi calidad de hombre de bien y representante de una provincia digna.

11.- Finalmente, exijo respeto a mi agrupación política, el Movimiento de Unidad Plurinacional PACHAKUTIK, no es posible que este gobierno fascista y dictatorial, en lugar de facilitar una verdadera investigación y esclarecimiento de lo acontecido, continúe buscando chivos expiatorios y se atreva a señalarnos maliciosamente, con la ingrata misión de tapar su propia irresponsabilidad.


Cléver Jiménez

ASAMBLEÍSTA DE PACHAKUTIK POR ZAMORA CHINCHIPE

COMISIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS



Quito, 30 de septiembre de 2011.

miércoles, 28 de septiembre de 2011

23 comunas kichwas defienden su territorio

Los habitantes de la ribera de los ríos San Miguel y Putumayo, en el cantón Putumayo (Sucumbíos) exigen una explicación detallada sobre el convenio firmado entre los ministros de Defensa de Ecuador y Colombia, el 10 de junio pasado.

Dicho convenio busca fortalecer la seguridad fronteriza, entre ambas naciones. Pero la creciente presencia de militares en la zona incomoda a las 23 comunidades indígenas y 15 comunas campesinas que habitan en este territorio. Así lo señala José Janeta, dirigente de territorios de la Federación de Organizaciones de Nacionalidad Kichwa de Sucumbíos del Ecuador (Fonakise).

Desde el domingo pasado, este grupo de comunidades empezó a reclamar públicamente a las autoridades una explicación de los términos del convenio ya que se sienten afectados por no haber sido consultados previamente.

Una de las promesas que les hicieron a las comunidades es la entrega de servicios de salud que, según Janeta, no se ha cumplido.

Otra exigencia de las comunidades de esta localidad, que interrumpirán sus actividades hasta mañana en señal de protesta, es la derogatoria del Acuerdo 080 del Ministerio del Ambiente.

Este acuerdo, firmado el 13 de mayo del 2010, se declara Bosque protector al Triángulo de Cuembí, sitio cercano a Angostura, en donde se realizó el bombardeo colombiano, en marzo 2008.

Paco Chuji, coordinador del Consejo de Organizaciones Populares de la Frontera, mediante un comunicado de prensa, informó que se oponen a esta declaratoria porque no les consultaron previamente y porque el acuerdo atenta a los derechos de las nacionalidades, las cuales constan en el numeral 4 del artículo 57 de la Constitución vigente.

Actualmente las comunidades se acogen al Derecho a la Resistencia, amparado en el Artículo 98 de la Carta Magna. Exigen que el Gobierno, a través de sus ministerios, responda a sus requerimientos.

Hasta el cierre de la edición, el Ministerio del Ambiente no contaba con un pronunciamiento oficial al respecto. En el caso del Ministerio de Defensa, no se logró contactar al vocero oficial, el ministro Javier Ponce, porque está fuera del país.



lunes, 26 de septiembre de 2011

Dos pueblos indígenas aislados están amenazados por nueva explotación petrolera

Los dos últimos pueblos indígenas aislados de Ecuador están amenazados, según activistas, por las operaciones en el campo de petróleo Armadillo, situado en una zona de gran biodiversidad y cuya licitación ha originado desavenencias en el seno del Gobierno.

Se trata de los Tagaeri y los Taromenane, dos pueblos aborígenes protegidos por la Constitución, que establece que en los “territorios” de “pueblos en aislamiento voluntario” estará “vetada todo tipo de actividad extractiva” y añade que la violación de sus derechos “constituirá delito de etnocidio”.

El Ministerio de Recursos Naturales No Renovables abrirá mañana, lunes, los sobres con las ofertas de las empresas interesadas en explotar seis campos marginales (de baja producción) en la Amazonía ecuatoriana, entre ellos Armadillo, con los que prevé obtener 300 millones de dólares anuales.

El ministerio espera concluir la negociación y firmar los contratos a finales de octubre.

La posible presencia de tribus aisladas en los territorios de campo Armadillo, cercano al Parque Nacional del Yasuní, pone de manifiesto dos posturas diversas dentro del Gobierno, la de aquellos partidarios de la explotación, como la cartera de Recursos Naturales No Renovables, y una posición mucho más cauta representada por el de Patrimonio.

“Obviamente hay choques de intereses porque la razón de existir del Ministerio de Recursos No Renovables es el petróleo, y éste es un país petrolero que requiere del petróleo para desarrollarse, pero estamos en un cambio del proceso de desarrollo menos basado en la explotación de recursos no renovables, aunque esto va a tomar tiempo”, dijo el subsecretario del Ministerio de Patrimonio, Tarsicio Granizo.

La cartera de Recursos Naturales No Renovables no respondió a las peticiones para hablar del tema, pero en declaraciones a la prensa en julio su titular, Wilson Pástor, afirmó que “no hay evidencias contundentes de la presencia de comunidades no contactadas” en Campo Armadillo.

Por su parte, Granizo reconoció que el yacimiento está fuera del área intangible, el territorio considerado ancestral donde se prohíbe la extracción petrolera, “pero evidentemente los pueblos indígenas aislados no conocen los límites del área intangible”, agregó.

La explotación de Campo Armadillo preocupa al misionero español Miguel ngel Cabodevilla, considerado uno de los principales investigadores de los indígenas no contactados.

“En estos momentos se va a explotar una zona muy peligrosa, el Campo Armadillo. Allí los intereses no son simplemente los intereses del Estado, hay intereses ecológicos e intereses entre los mismos Huaorani (otro pueblo indígena de la región)”, declaró.

Cabodevilla aseguró que en noviembre de 2010 se detectó un grupo de Taromenane con “una casa a 20 kilómetros en línea recta del pozo que van a explotar”, lo que implica “seis horas de camino para ellos”.

El misionero explicó que, aunque Campo Armadillo no se encuentra dentro de la zona intangible y en él “no hay una presencia estable de grupos no contactados”, la vivienda localizada está “en la zona de amortiguamiento y cerca de la zona de explotación”.

El ministro Pástor afirmó que su departamento acatará lo que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establezca acerca de la explotación en ese campo y tomará “todas las precauciones que pida la ley” para llevar a cabo una actividad en el lugar.

Granizo declaró que cuando se conozca “la condición de estos pueblos” se deberá “trazar una hoja de ruta” y tomar todas las medidas “para que estos pueblos puedan sobrevivir”.

Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor coalición indígena del país, dijo que “la licitación de Campo Armadillo estaría violando las recomendaciones y los dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Cholango denunció que con la explotación se “pondría en peligro la vida” de los indígenas no contactados, a la vez que se “violaría” la Constitución.

Un manifiesto, firmado en junio por el expresidente de la Asamblea Constituyente Alberto Acosta, y organizaciones ecologistas y de derechos humanos, rechazó la licitación del bloque Armadillo por considerar que “vulnera derechos fundamentales de los pueblos indígenas libres, incluyendo su derecho a la vida”.

Fuente: La Republica

GOBIERNO DE RAFAEL CORREA QUITA RECURSOS A PREFECTOS INDÍGENAS

Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe denunció este lunes que, desde el mes de julio se trasfiere solo la mitad de los recursos que por mandato de la ley 020 debe llegar a Zamora Chinchipe. Normalmente debe llegarnos un aproximado de 755 mil dólares mensuales, sin embargo en julio, agosto y septiembre nos ha llegado aproximadamente 320 mil dólares cada mes. Por lo que hasta este momento nos adeudan la cantidad de un millón 300 mil dólares. Lo que ha generado en una serie de retrasos de contrataciones y adquisiciones de insumos y bienes para programas tan importantes como la inseminación artificial para el mejoramiento de la genética de la ganadería, o la siembra de café o cacao en la provincia. Lo que al final termina afectando los intereses del pueblo zamorano chinchipense, informó el Prefecto Salvador Quishpe.

El prefecto indígena de origen Saraguro informó que esta no es la primera vez y tampoco es la única institución que no recibe las trasferencias con normalidad, ya que se ha registrado estos retrasos en ocasiones anteriores y esto también ocurre con otros Municipios y Juntas Parroquiales. El Prefecto recordó que de acuerdo al Art. No. 1 de la ley Para el Ecodesarrollo Amazónico, el Banco Central sin la necesidad de ninguna otra autorización ni permisos en los primeros 10 días de cada mes debe trasferir un dólar de cada barril de petróleo vendido. Estos recursos son distribuidos entre las Junta Parroquiales, Municipios, Gobiernos Provinciales y el ECORAE. Pero esto no se cumple, reiteró Salvador Quishpe.

Al ser interrogado por que ocurren estas situaciones, Salvador Quishpe indicó que podría ser una retaliación política del Gobierno, por la posición contraria que tenemos los amazónicos frente a los proyectos mineros que se pretende imponer en nuestros territorios de manera inconsulta. Claro que no podemos apoyar dichos proyectos, ya que se están vulnerando otros derechos como el del agua, derechos colectivos, no se respeta el convenio 169 de la OIT, las empresas mineras extranjeras venden las acciones de nuestras reservas mineras a espaldas del pueblo ecuatoriano, etc. Eso nos ha obligado a exigir que se detengan esos proyectos que, lejos de beneficiarnos, nos perjudicará a los ecuatorianos. Parece que eso no le gusta al Gobierno y por ello nos manda a enjuiciarnos o en otras ocasiones a detener los recursos que son de propiedad de los zamoranos chinchipenses y no de nadie en particular, indicó el Prefecto.

Finalmente indicó que, luego de haber esperado estos retrasos de manera permanente, hoy nos vemos obligados en poner en conocimiento de la comunidad nacional e internacional, a fin de que todos conozcan el verdadero carácter de este gobierno. Se supone que estamos en democracia, pero los derechos particulares y colectivos son violados de manera permanente. Por lo que de no entregarnos a tiempo nuestros recursos no descarto poner en manos de organismos como OIT, Naciones Unidas, UNICEF, UNESCO, OEA, UNASUR, Unión Europea, Embajadas de Alemania, de España, y otros para que al menos conozcan el tipo de gobierno que tenemos en el Ecuador. A nivel internacional el gobierno vende la imagen de un gobierno de respeto a los pueblos indígenas a la interculturalidad y plurinacionalidad, de respeto a la naturaleza y a la participación ciudadana, pero cuando expresamos nuestro desacuerdo con sus políticas extractivitas nos quitan los limitados recursos que por ley le corresponde a los pueblos amazónicos, dijo Salvador Quishpe Lozano, prefecto de Zamora Chinchipe.

miércoles, 21 de septiembre de 2011

ASAMBLEÍSTAS INICIAN FISCALIZACIÓN A CONCESIONES MINERAS

Los Asambleístas Magali Orellana y Cléver Jiménez de Pachakutik, y Jorge Escala de MPD, conjuntamente con los señores Salvador Quishpe y Alonso Cueva, Prefecto y Viceprefecto, respectivamente, de la provincia de Zamora Chinchipe, junto a más pobladores, el día sábado 17 de septiembre del año en curso, visitaron las instalaciones del campamento de la compañía minera Kinross Aurelian, donde se desarrollará el proyecto minero Fruta Del Norte, ubicado en la comunidad el Zarza de la parroquia los Encuentros del cantón Yanzatza de la provincia de Zamora Chinchipe, para conocer de primera mano la situación crítica que vienen denunciando pobladores del sector, en el lugar se pudo determinar que, gran porcentaje del territorio de la parroquia los Encuentros ha sido concesionado a la empresa Aurelian Kinross, violando la constitución y la propia ley de minas, e incluso, el derecho de propiedad y de libre movilidad de los habitantes, al exigir que los pobladores que viven en el sector pidan autorización en su propio territorio para cruzar los controles impuestos por la compañía canadiense y poder llegar hasta sus fincas, no solo que viven en la incertidumbre por el constante peligro que corren por la desmedida contaminación, sino que, además son desplazados con continuas amenazas para obligarlos a vender sus tierras, los habitantes miran con impotencia como se llevan la riqueza de su suelo, sin siquiera tener derecho al trabajo, porque estos saqueadores se sienten protegidos por este gobierno; y, es penoso conocer que la riqueza de oro, plata y cobre, entre otros minerales, saldrá directo a otros países para ser refinados, porque aducen que en Ecuador no existe tecnología para ello.

Así mismo, se constató la perforación de un túnel de 1.600 metros de profundidad a pretexto de exploración, por lo que los Asambleístas en su facultad fiscalizadora, exigen al Gobierno Nacional, a través del Ministerio correspondiente se investigue, y de constatarse que esta compañía se encuentra extrayendo recursos minerales y no únicamente explorando como ellos manifiestan, se revierta de inmediato la concesión minera a favor del Estado.


Prensa: Bancada Progresista
de Izquierda Plurinacional de
Derechos.

094 777 242 / 098739263 / 087 939337

jueves, 15 de septiembre de 2011

El derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas (Ecuador)

Las siguientes son algunas de las conclusiones a las que llega un reporte elaborado sobre el tema para Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú por OXFAM y Debido Proceso Legal.

En el 2008 se aprobó en Ecuador una nueva Constitución Política que reconoció el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, incluido el derecho a la consulta prelegislativa. A pesar de ello, existe en Ecuador un profundo malestar por la distancia entre el texto constitucional y la realidad.

El derecho a la consulta previa aún no ha sido plasmado en la legislación secundaria correspondiente, ni en la institucionalidad estatal, ni en el presupuesto público, lo cual ha dificultado su plena implementación en la práctica. Los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales se realizan sin consulta previa y sin haber obtenido el consentimiento de los afectados. Asimismo, se han aprobado leyes importantes que afectan a los pueblos y nacionalidades sin su participación en la discusión de aquellas.

Ecuador y la sociedad civil ecuatoriana han buscado la construcción de un Estado plurinacional a través de reformas estatales y de una nueva Constitución, que fijan un marco para cambiar la situación de exclusión social y pobreza en que se encuentran las nacionalidades y los pueblos indígenas ecuatorianos. Sin embargo, la explotación de los recursos naturales sin la previa consulta a los pueblos afectados y la realización de proyectos altamente contaminantes han dejado de lado la plurinacionalidad real para dar paso a un modelo de desarrollo económico que no siempre está en armonía con el medio ambiente y con los derechos territoriales y de propiedad comunitaria de los pueblos indígenas.

El enfriamiento del diálogo entre los representantes de las nacionalidades y pueblos indígenas y el Gobierno sobre temas tan sensibles como la ley de aguas y minería evidencia una conflictividad social latente, en el marco de la lucha por buscar detener la destrucción de las tierras indígenas en nombre del progreso económico, dado que no existe aún una ley integral que regule la consulta previa y faltan autoridades nacionales preparadas adecuadamente para aplicar las normas internacionales que protegen este derecho.

Conflictos emblemáticos entre empresas, Estado y pueblos indígenas.

1. En el ámbito de la minería
a. Explotación de oro en territorio del pueblo Shuar
b. Explotación de cobre en territorio de las comunidades de Junín

2. En el ámbito de las actividades hidrocarburíferas
a. Explotación de petróleo en territorio del pueblo Shuar
b. Explotación de petróleo en territorio del pueblo Sarayaku
c. Explotación de petróleo en territorio de los pueblos indígenas aislados Tagaeri y Taromenane.

En ambos casos la situación no se vislumbra favorable pues el gobierno ecuatoriano, ha manifestado su interés de establecer 7 megaproyectos mineros orientados a la explotación de cobre y la concesión de un área dos veces y medio más grande que el proyecto ITT Yasuní, el cuál afectará al menos a 5 etnias indígenas distintas. En ambos casos la consulta previa estipulada en la Constitución al parecer va a ser saltada.

Fuente: El derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas

viernes, 2 de septiembre de 2011

MINISTRO JORGE GLASS NO CONFIRMÓ CÓMO SE CONTROLARÁ LA EXPLOTACIÓN DEL COBRE

Salvador Quishpe, prefecto de la provincia informó que, en la reunión mantenida con el Ministro Jorge Glass el pasado viernes 26 de noviembre en la sala de sesiones del Concejo Provincial de Zamora Chinchipe se trató el tema minero. “En dicha reunión participaron los presidentes de las organizaciones del Seguro Campesino, Ffederación de Saraguros, Federación de la Nacionalidad Shuar; así como autoridades como el Asambleísta Clever Jiménez y algunos presidentes de la Juntas Parroquiales. Allí recordamos al Ministro que, está pendiente el diálogo con el gobierno para tratar y solucionar los asuntos de la legalidad de las empresas mineras extranjeras, los asuntos de los mineros artesanales, así como temas económicos, ambientales y culturales que tengan relación con estos proyectos mineros a gran escala en esta provincia sur oriental del país”, confirmó el Prefecto.


Salvador Quishpe indicó que, el Ministro dejó varias dudas de cómo se explotará, trasportará y comercializará el cobre de Tundayme, así como de cuáles serán las garantías que estas empresas colocarán para remediar los efectos ambientales al cierre de la mina. “Lamento decir que, el Ministro al parecer no está seguro de cuáles serán las garantías que colocarán las empresas mineras para remediar los efectos ambientales. Parece que el gobierno sólo está pensando en los asuntos económicos, y por ello está confiando ciegamente en la campaña de las empresas mineras, quienes repiten que reutilizarán el agua varias veces y que al final devolverán el agua limpia a los cauces naturales. El Ministro tampoco pudo confirmar cómo el Estado ecuatoriano podrá verificar y asegurar la cantidad y calidad del cobre que saldrá en los concentrados para luego ser trasportados vía maritima a la China para recien allá ser refinado, así como tampoco pudo confirmar qué otros minerales y en qué cantidades saldrán en esos concentrados. Eso es lamentable para el Ecuador, que las autoridades del más alto nivel no tengan la certeza de cuál será el destino de nuetros recursos naturales, mas aun ahora, cuando el mismo gobierno ha anunciado que están próximos a firmar los contratos de explotación del cobre del proyecto Mirador. De ser así, el Ecuador estaría a las puertas de una “goleada” sin precedentes. Quizá mas dañino que el mismo tema petrolero de hace 30 años”, dijo el Prefecto Salvador Quishpe.

Finalmente el Prefecto informó que, se acordó formar grupos de trabajo para estudiar la constitucionalidad y legalidad de las empresas mineras extranjeras, los asuntos ambientales, derechos colectivos, los derechos de los mineros artesanales y los asuntos económicos, pero que para eso también se pidió toda la información respecto a los proyectos mineros indicados, de lo contrario no se podrá avanzar en este diálogo por falta de información. “Esperemos que en esta ocasión las autoridades gubernamentales traten este tema con mayor interés y encontremos una solución a estos problemas sociales. Por lo que pedimos a los profesionales y conocedores de estos asuntos a nivel nacional, que pongan su contingente a fin de que el tratamiento de este tema sea de lo mejor, por el bien de todos los ecuatorianos. Mientras tanto, aunque el Ministro no aceptó, nosotros hemos pedido que el gobierno suspenda todas las negociaciones y la firma de esos contratos, hasta que todas las incognitas sean resueltas. Sin embargo nosotros insistimos en ese planteamiento, a fin de que las cosas salgan de lo mejor por el bien de todos los ecuatorianos”, concluyó en Prefecto.


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