Operativo militar en Esmeraldas: entre los discursos y la falta de debate en torno a la minería

Las personas que habitan en la Provincia de Esmeraldas, enfrentan graves condiciones de inequidad y pobreza. Según los datos del SIISE, Esmeraldas es la sexta provincia más pobre del Ecuador, situación que se agrava en la zona rural. En efecto los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro presentan porcentajes del 97,6% y 82,7% de pobreza de acuerdo al índice por NBI.

En cuanto al acceso a la salud y educación, los datos del SIISE muestran la situación de vulnerabilidad social que enfrenta esta provincia. El analfabetismo en San Lorenzo y Eloy Alfaro es de 16,9% y 22,7% respectivamente, superando significativamente el promedio nacional de 9%. De otro lado, las principales causas de muerte infantil en esta provincia son enfermedades diarreicas (EDA) e infecciones respiratorias agudas (IRA), ambas catalogadas como enfermedades de fácil prevención, lo que constituye un indicador de las deficiencias en el acceso a servicios básicos que garanticen el derecho a la salud. En cuanto al empleo, la mayoría de la población económicamente activa se dedica a actividades de agricultura y servicios, evidenciándose la poca diversificación económica local, lo que genera condiciones para el surgimiento de actividades económicas ilegales (extracción ilegal de madera y minerales, narcotráfico, etc).

Adicionalmente, en su condición de provincia limítrofe enfrenta problemas sociales vinculados al conflicto armado colombiano y a la militarización de la frontera, así como un constante abandono (no presencia) del Estado y sus instituciones que agudizan aún más las condiciones de vulnerabilidad (indefensión y desprotección) de estas poblaciones.

En ese contexto, la presencia de actividad minera en esa zona provoca nuevos impactos tanto sobre los ecosistemas donde se la lleva a cabo, como en la salud de las personas que viven de dichos ecosistemas.

El pasado viernes 20 de mayo, la Presidencia de la República declaró el Estado de Excepción en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro en la Provincia de Esmeraldas “a fin de prevenir, cesar y eliminar actividades de minería ilegal”. Con sustento en dicha declaratoria, el día sábado 21 de mayo, se ejecutó un operativo en el que participaron aproximadamente 600 militares que actuaron en las cuencas de los ríos Falaví, Tulumbí, Bogotá, Cachaví, Humbí, Santiago y Zapotillo, lugares donde se habría identificado actividades ilegales de minería.

Los argumentos desde el Gobierno, para justificar dicha medida, tienen que ver con los impactos ambientales que estarían causando (contaminación de fuentes de agua, cambios de curso de los ríos, impactos en la salud de las personas que viven en dicha cuencas), la ilegalidad de esas actividades por no contar con los correspondientes permisos, la evasión tributaria, y los vínculos con otras actividades ilícitas como lavado de activos y de dinero, e incluso vínculos con el narcotráfico.

El operativo, a petición del Ministerio del Ambiente, fue ejecutado por el Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa y tuvo como resultados la inutilización de 67 retroexcavadoras, mediante el uso de explosivos. No hubo personas detenidas en la operación y el Ministerio de Defensa informó de una persona herida como consecuencia de una esquirla en una de las explosiones.

El Ministerio de Defensa también informó que la decisión del operativo militar con uso de explosivos constituyó la medida más óptima para este caso, pues en otras ocasiones la incautación de la maquinaria no había tenido efectos, ay que según el Ministro, jueces corruptos devolvieron la maquinaria a sus dueños, con lo que la actividad continuaba ejecutándose con los impactos socio-ambientales ya mencionados.

Por su parte, un grupo de mineros artesanales, reunidos en San Lorenzo, informó que se habrían inutilizado más de 100 máquinas, entre tractores y retroexcavadoras. Además, declararon que en los últimos dos años han intentado legalizar sus actividades, sin embargo no recibieron respuesta alguna por parte del Gobierno.

Sin soluciones estructurales

Es importante mencionar que, ante las difíciles condiciones materiales que enfrentan las poblaciones de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, varios pobladores de la zona se han involucrado en actividades extractivas como fuentes de trabajo para el sustento de sus familias, constituyéndose ésta en una estrategia ante la falta de alternativas reales que les permitan superar las condiciones de exclusión económica y social, así como las eventuales condiciones de abuso y explotación laboral en las que dichas actividades son desarrolladas, más aún si se la realiza sin ningún permiso o autorización estatal, tendencia que puede confirmarse también con otras actividades ilícitas como la explotación ilegal de madera en la zona.

En ese sentido, la decisión de intervenir violentamente en la zona e inutilizar la maquinaria con la que se extraen los minerales, definitivamente no modifica estructuralmente el contexto que permite la presencia de las actividades ilegales en la zona intervenida. Es más, dichos actos no hacen otra cosa que confirmar la situación de abandono estatal que históricamente ha caracterizado a la zona, pues las únicas medidas que se adoptan se sustentan en visiones de seguridad del Estado e intervención de la fuerza pública, y no en contribuir al mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas que determinan el contexto en el que viven los pobladores de San Lorenzo y Eloy Alfaro.

Asimismo, se evidencia que no existe, una propuesta que permita, a quienes se han involucrado con estas actividades mineras, poder dedicarse a otras actividades de sustento, que, como ya se dijo enfrentan problemas sociales complejos de violencia, pobreza y exclusión cotidianos. En efecto, sólo después del operativo militar llevado a cabo, y por pedido de los dirigentes mineros afectados, apenas el miércoles de esta semana tuvieron un primer diálogo con representantes del Estado.

Doble discurso frente a la minería

Otro aspecto que se evidencia, es el doble discurso que se ha levantado alrededor de la actividad minera en el Ecuador. Por una parte, el Gobierno Nacional viene impulsando y concretando el inicio de proyectos de minería a gran escala, para lo cual ha generado “condiciones adecuadas” a través de la concesión de grandes extensiones de territorio, la aprobación de normas y la creación de institucionalidad que le permite el Estado, en estos momentos, negociar contratos de explotación minera con empresas transnacionales en varias provincias del país.

Reflejo de aquello constituyen la no ejecución del Mandato Constituyente No. 6 (Mandato Minero ); la aprobación de la Ley de Minería y sus reglamentos sin proceso de consulta previa, libre e informada; y la actual negociación de contratos de explotación minera con grandes empresas transnacionales en ecosistemas frágiles como el Páramo de Kimsacocha en Azuay, o la Cordillera del Cóndor en Zamora Chinchipe.

Estos proyectos han generado, desde hace más de 12 años, conflictos sociales, los cuales han sido objetados por comunidades indígenas y campesinas que han exigido al Gobierno que se abstenga de autorizarlos por los impactos socio-ambientales que provocan (pérdida irreversible de ecosistemas por deforestación y erosión, contaminación de fuentes de agua, pérdida de actividades productivas de las poblaciones afectadas, impactos en la salud, entre otros), así como por las políticas que las empresas transnacionales ejecutan para poder finalmente llevar a cabo sus proyectos (relaciones comunitarias en condiciones de desigualdad, explotación laboral, y en general malas prácticas ambientales y sociales).

La respuesta a estos conflictos ha sido el uso ambivalentemente por parte del Estado, tanto del ordenamiento jurídico o de la fuerza pública, como de mecanismos para resolver conflictos sociales. Muchas personas opuestas a proyectos de minería a gran escala han sido acusadas por delitos penales, entre ellos el terrorismo y sabotaje, como mecanismo para acallar sus acciones de resistencia; muchas otras han sido reprimidas violentamente en distintas marchas, paros o movilizaciones que se han organizado.

De otra parte, y basados en los mismos argumentos por los que la población se opone a proyectos de minería a gran escala (impactos socio-ambientales), el Gobierno Nacional, en dos ocasiones, ha hecho uso de la fuerza pública para intervenir violentamente en zonas donde se realiza minería de manera ilegal. En septiembre de 2010 en Zamora, un operativo de militares y policías desalojó campamentos de minería ilegal, y ahora lo vuelven a hacer en Esmeraldas, con un operativo violento efectuado por militares, como el mecanismo más óptimo para evitar que se contaminen fuentes de agua, se prevenga el deterioro irreversible de ecosistemas e impactos en la salud y las condiciones de vida de los habitantes de la zona.

Se ha exacerbado el discurso en torno a la falta de técnicas y tecnología de punta para realizar actividades mineras, cuando los impactos que esta actividad ocasiona en los ecosistemas y las comunidades en que ellos habitan son evidentes en todo el mundo, independientemente que ésta se dé a pequeña, mediana o gran escala. El Estado ecuatoriano no ha llevado a cabo un verdadero debate nacional sobre esta actividad, debate que además debe ser abordado en relación con el modelo de desarrollo del país.

La Minería a gran escala, a decir del Gobierno, supone la posibilidad de generar recursos que financien el Presupuesto General del Estado y cuya inversión permitiría modificar las condiciones estructurales de pobreza, sin que se tome en cuenta que, históricamente, la economía dependiente de actividades extractivas (en el caso ecuatoriano fundamentalmente petróleo) no ha modificado en nada las condiciones materiales de la población directamente impactada por los proyectos, ni de la población de esos países en general.

De otro lado, se evidencian casos de empresas transnacionales y grupos económicos de poder que no han sido sancionados en base al ordenamiento jurídico vigente pese a que en su contra existen suficientes pruebas sobre sus prácticas ilegales y violaciones de derechoaas humanos.

Abuso de la fuerza y estado de excepción

Finalmente, cabe destacar que la Constitución impone límites al Gobierno Nacional al momento de ejecutar acciones que implican prevención de actividades ilícitas. Tanto las normas que regulan la declaratoria de estados de excepción como el uso de la fuerza deben ser cumplidas por el Estado para cualquier caso.

Si bien es cierto que el Estado monopoliza el uso de la fuerza pública, existen normas claras que regulan la actuación de dicha fuerza frente a actividades ilícitas. Así, el Art. 76 de la Constitución garantiza la presunción de inocencia mientras no se declare la responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada; y, por otra parte prohíbe aplicar sanciones no previstas por la Constitución o la ley.

En ese sentido, no se debió aplicar sanciones hasta que un funcionario judicial haya declarado la responsabilidad civil, penal o administrativa de quienes realizan las actividades de minería ilegal, menos aún la decisión de inutilizar maquinaria con explosivos, pues dicha sanción ni siquiera está prevista constitucional o legalmente. El comiso de bienes vinculados con el cometimiento del delito es la figura procesal prevista para evitar que la maquinaria siga siendo usada, sin embargo dicho proceso no fue ejecutado.

Respecto de la declaración del Gobierno, de que la inutilización de la maquinaria está sustentada en una resolución de medidas cautelares dictada por juez competente, es importante llamar la atención sobre dos asuntos: el primero que tiene que ver sobre la proporcionalidad entre las amenazas a derechos que se quiere evitar y las medidas que se dictan, si se quería evitar el uso de la maquinaria en actividades ilícitas (delitos ambientales, explotación laboral, entre otros), como ya se mencionó, bastaba con el comiso de las mismas hasta que se resuelva el caso y no su inutilización con explosivos.

En segundo lugar, no existente fundamento jurídico para que a través de un proceso judicial, un juez determine la destrucción de los instrumentos con los que se han cometido diversos ilícitos, los cuáles constituirán prueba en los procesos judiciales que se deban iniciar, y el destino que se les dé a dichos bienes deberá ser determinado por sentencia judicial.

Finalmente, de la lectura del Decreto Ejecutivo No. 783 por el cual se declaró el Estado de Excepción, no se encuentra justificada la necesidad ni razonabilidad de separarse del ordenamiento jurídico ordinario para poder controlar la minería ilegal en la zona referida y posibilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en actos que no son de su competencia, tornando inconstitucional dicho decreto.

Conclusiones

En primer lugar, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) critica el modo en que el Gobierno Nacional enfrenta problemas sociales que requieren de la adopción de políticas integrales que modifiquen estructuralmente las condiciones sociales, económicas y políticas que dan cabida a la presencia de actividades como la minería ilegal en la provincia de Esmeraldas. Los actos de represión violenta no representan soluciones concretas frente a esta problemática ni frente a las necesidades de quienes habitan en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro.

En segundo lugar evidenciamos que, con el operativo militar efectuado en Esmeraldas, se sigue invisibilizando el debate nacional en relación a las actividades extractivas y el modelo de desarrollo del país. Desde el Gobierno no se ha facilitado ni promovido un diálogo verdadero entre todos los actores involucrados que permita decidir conjuntamente si lo más adecuado para el Ecuador es iniciar actividades de extracción de minerales a gran escala como una nueva actividad prioritaria y estratégica de la economía nacional. Sólo se ha decidido, por una parte, reprimir a quienes realizan esta actividad de manera ilícita y sin soluciones concretas para esas personas; y, por otra permitir el desarrollo de megaproyectos de extracción de minerales metálicos a gran escala, incluso si eso supone reprimir y criminalizar a quienes se resisten a aquello.

Finalmente, el abuso de las declaratorias de estados de excepción y de la intervención de las Fuerzas Armadas en acciones que no son de su competencia, evidencian la política de seguridad y uso violento de la fuerza que el actual Gobierno viene implementando, la que se traduce en la represión a sectores que tradicionalmente han sido excluidos y cuyas condiciones materiales no se han modificado significativamente con la reciente política económica y social.

Antonio de Ulloa No. 31-265 y Av. Mariana de Jesús
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"Presidente no se preocupe tanto por Chiriboga, porque el problema mayor lo causó usted"

El asambleísta de Pachakutik, Clever Jiménez, con documentos en la mano dijo que Galo Chiriboga para ser embajador en España y candidato a fiscal mintió al estado ecuatoriano, la Contraloría, a la ciudadanía ya que incursionó en tres delitos, su declaración juramentada de impuestos es falsa manifestó Jiménez, en este caso hay falsificación de documentos expresa el legislador.

En el caso Palo Azul, el asambleísta señaló que la Fiscalía tiene en sus manos varios hechos para sindicar a Galo Chiriboga, pues existe un perjuicio al Estado en la explotación de este campo petrolero , por haber sido el exministro y “el principal responsable del desfalco al Estado es el presidente Correa, hay que sindicar también al mandatario”, dijo el legislador.

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La vergonzosa victoria del populista Correa

La confrontación electoral en los pasados comicios fue un Correa apoyado por una seudo-izquierda oportunista, la vieja derecha tradicional del Ecuador (Partido Social Cristiano) y los militares, versus la Coordinadora Plurinacional, un frente democrático


El proceso electoral del pasado 7 de Mayo fue impulsada por el gobierno de Rafael Correa. Más allá de las 10 preguntas consultadas, el misma tuvo un gran componente plebiscitario, consolidar la imagen del Presidente y su "revolución ciudadana" con miras a las elecciones del 2013.

Correa, en el cargo desde 2007, obtuvo su sexta victoria electoral imponiéndose en nueve de las diez propuestas que sometió a consulta el pasado 7M, con un respaldo que osciló entre un 51,6% y un 56,4% de los votos válidos, mientras que la votación del NO fluctuó entre 43,5% y un 48,3%. Sin embargo, Correa, que encaró la consulta con una popularidad de 65%, ganó en términos de legalidad pero no de legitimidad al haber pronosticado un triunfo arrollador. El alumno del cantinero de cuartel que gobierna a Venezuela, había sentenciado que aniquilaría a la oposición 7 a 1 a favor del SI. Es un resultado pobre frente a la enorme inversión realizada por Correa y su gobierno, quien usó a su favor todos los recursos del Estado en la campaña. Miles de millones de dólares en publicidad impresa (volantes, afiches, banderas, y pendones), así como el uso abusivo de todo tipo de medios de comunicación -escritos, radiales y televisivos-, fueron empleados durante su campaña. Además, la movilización masiva de empleados públicos quienes fueron forzados a trabajar para la campaña del SI, chantajeados con la pérdida de sus puestos de trabajo. Igualmente, el CNE del Ecuador actuó como un aliado del SI, ignorando las continuas violaciones a las normas electorales cometidas por Correa y su Movimiento Alianza País durante la campaña. Sin embargo, a pesar de todo ello, el NO ganó en 13 de las 24 provincias del país (54%).

El líder de la "revolución ciudadana" en su campaña apeló al viejo recurso populista del baratillo de ofertas, de dádivas, de demagogia, de sembrar falsas esperanzas; se inauguraron y reinauguraron varias obras, algunas sin terminar; se elevaron sueldos a policías y militares; se entregaron botes a los pescadores y borregos a los campesinos. Sin embargo, todo ello no fue suficiente para detener el significativo descenso en su votación y el ascenso del NO, al compararlo con la consulta del 2008 donde el SI alcanzó un 64% frente a un 20% por el NO. Pero además la Alianza País perdió también un importante terreno en la Asamblea Nacional, donde ya no cuentan con la mayoría, por lo cual Correa tendrá muchas dificultades para la promulgación de nuevas leyes propuestas por la bancada oficialista. Sin embargo, Correa aún preserva el apoyo de importantes sectores urbanos marginales y rurales empobrecidos que fueron seducidos por la oferta, por el clientelismo y la dádiva. Es una base social endeble, que no apoya un proyecto político en particular, sino que se adhieren al gobierno por el clientelismo, por recibir recursos económicos por miserables que ellos sean.

La confrontación electoral en los pasados comicios fue un Correa apoyado por una seudo-izquierda oportunista, la vieja derecha tradicional del Ecuador (Partido Social Cristiano) y los militares, versus la Coordinadora Plurinacional, un frente democrático, integrado por estudiantes, maestros, trabajadores, comerciantes minoristas, campesinos, indígenas, así como organizaciones sociales y políticas (Movimiento Popular Democrático, Pachakutik, entre otros). La Coordinadora Plurinacional centró su campaña en denunciar las pretensiones de Correa de acentuar aún más la concentración de poder, de reducir las libertades democráticas, de criminalizar la protesta social y perseguir a los luchadores populares, así como su mesianismo profético e infalible.

Ecuador padece al igual que Venezuela, Bolivia, Nicaragua y la propia Argentina las consecuencias de un dañino populismo, un síntoma más de nuestra decadencia política en el continente. A pesar de los diversos matices todos ellos apelan a una retórica demagógica como instrumento para afianzar su permanencia en el poder. A través de un discurso maniqueo y vacío ideológicamente, incendian pasiones en los explotados, prometen soluciones inviables a los excluidos, y manosean las necesidades de los más humildes. Estos regímenes no profundizan la lucha de clases, pero si exacerban los odios sociales. Hostigan a “los ricos nacionales”, a quienes descalifican, insultan y acusan a menudo de ser “vende patria”, pero promueven y apoyan a las nuevas elites económicas (la boliburguesía en Venezuela; la Asociación de Industriales Textiles en Ecuador; la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia; el Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua) a quienes califican de "empresarios patrióticos" pues apoyan a sus regímenes autoritarios. Suelen imponer agendas económicas neoliberales maquilladas de falsos nacionalismos (pago de la deuda externa, flexibilización laboral, trato preferencial al capital transnacional, impuestos regresivos, etc.). Políticas que lejos de reducir la pobreza, generan más dependencia y mayor marginalidad social. Cuestionan al régimen imperial de los EEUU, pero mantienen excelentes relaciones económicas mediante el establecimiento de políticas antinacionales que implican la entrega de materias primas y la quiebra a de productores nacionales, como sucede en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Los populistas no buscan abolir las formas de producción capitalistas, sino que las consolidan bajo la modalidad de un capitalismo de Estado salvaje. Estos perversos proyectos buscan domesticar y conculcar la independencia de los trabajadores y de los movimientos sociales a fin de castrar sus reivindicaciones socio-económicas. Son Goebbelianos al fabricar sus falsas verdades, distorsionando de esa manera las realidades históricas de nuestro pueblos. Todos ellos, sin excepción, son verdaderas langostas que acaban con las esperanzas de los pueblos y retrasan históricamente el advenimiento de alternativas válidas que permitan la emancipación y desarrollo de nuestros pueblos.

José Rafael López Padrino

lopez@zeus.bwh.harvard.edu

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Minería tras el referéndum

Por Walter Spurrier Baquerizo

Después de renegociar los contratos con las petroleras, tocaba negociar nuevos contratos mineros a la luz de la flamante Ley de Minas.

Durante la vigencia de la ley de minería de Gustavo Noboa, el país vivió una intensa exploración minera, la cual se paró en seco con el mandato minero de la Asamblea Nacional.

Esa paralización culminará cuando se cumplan tanto la renovación de los derechos mineros, en los casos en que esto se dé, como la firma de nuevos contratos.

El primer paso se cumple poco a poco; a la fecha siete empresas han recibido la ratificación de sus derechos, y son precisamente las que tienen depósitos más interesantes.

El siguiente paso es la firma de nuevos contratos, siendo los dos más importantes los de Ecuacorriente, propiedad de la china Tonggling, y Aurelian, de la canadiense Kinross, ambas con varias minas en Zamora y Morona.

La primera hará importantes inversiones para extraer mineral cuprífero, tratarlo y transportarlo a una terminal en Puerto Bolívar. La segunda, extraerá oro, y supongo que lo enviará vía aérea. No creo que se arriesgue a transportar furgones llenos de oro por las carreteras ecuatorianas.

En la Feria Mundial de Minería en Toronto, a la que acudieron nuestras autoridades para promover la minería en Ecuador, se entendió que dijeron que los primeros contratos saldrían en abril. Pero nada.

Recordemos que la política económica del Gobierno se centra en invertir en infraestructura hasta el último centavo que le entra a las arcas fiscales, lo cual lo torna vulnerable a un bajón de ingresos, por ejemplo, por una caída del precio del petróleo. Por lo que le conviene que la actividad minera en gran escala empiece pronto, y comience a aportar al fisco vía regalías e impuesto a la renta.

¿Por qué no se firman los contratos? Quizá el Gobierno tiene planteamientos muy duros, como altas regalías y su pago anticipado. Y como aún no se han hecho las inversiones fuertes, las compañías tienen una buena posición negociadora y se aguantan.

O quizá tenga que ver con el referéndum. Como los opositores más fuertes no fueron la “partidocracia” ni la “prensa corrupta” ni los “banqueros corruptos” sino los que fueran sus aliados para llegar al poder, expulsar a los congresistas de oposición de la legislatura, elaborar la nueva Constitución, etcétera, y estos opositores son contrarios a que en el país haya minería en gran escala, el presidente Correa podría haber querido esperar hasta el referéndum, para firmar los contratos.

Pero ahora surge un inconveniente. Así como Manabí es la gran beneficiada de las obras de infraestructura del Gobierno, y votó masivamente por el Sí, Zamora y Morona serán las grandes beneficiadas de la gigantesca inversión minera de los próximos años. Y votaron No.

¿Es este un indicio que las provincias receptoras de la minería, no la quieren? Si es así, ¿qué va a hacer el Gobierno? Una campaña masiva para hacerlas cambiar de opinión? ¿Está dispuesto a defender a los mineros de los ataques de los activistas que quieran frenar la minería?

El referéndum complicó el ya enredado panorama minero.

Fuente: Diario El Universo. Publicación autorizada por el autor.

Indígenas piden al presidente Correa probar acusaciones de separatismo

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) pidió al presidente Rafael Correa, pruebas sobre la acusación lanzada por el mandatario en contra de la dirigencia indígena, de fomentar el separatismo en el país.

“No hay cabida para actitudes separatistas. Es una barbaridad lo que han propuesto ciertos dirigentes de la Conaie en el sentido de que los cambios constitucionales y legales aprobados el 7 de mayo por el pueblo ecuatoriano no son aplicables en las provincias donde ganó el No”, dijo Correa en su enlace sabatino.

Ante esto, el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, respondió con una carta solicitando al Presidente que demuestre sus acusaciones.

“Señor Presidente, le pido que se me demuestre en qué momento he planteado la negativa a respetar los resultados de la consulta popular y lo que sería peor, en qué momento he planteado el separatismo. Con el mayor respeto demando de usted, se exhiba los videos o grabaciones que prueben dichas afirmaciones (…los indígenas) jamás hemos planteado ningún separatismo, usted más que nadie sabe, nosotros no somos del grupo político ni económico de los señores Alexis Mera o los hermano Alvarado o Jaime Nebot, asesores de Febres Cordero y de la vieja derecha, quienes hoy son sus asesores”, apunta la misiva.


Fuente: Confirmado.net

Jamás hemos planteado ningún separatismo

El prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, señaló que hay un pronunciamiento del pueblo en la consulta popular en la que el Gobierno gana cicateramente, “pero ganaron esta bien hay que respetar esa voluntad popular. Nosotros jamás hemos planteado ningún separatismo, el separatismo lo planteó en su momento el señor Nebot “ y los socialcristianos que están ahora en Carondelet como Alexis Mera, y los hermanos Alvarado.

Aclaró que el derecho a la resistencia es que se entregue la minería a empresas extranjeras. También la resistencia implica la falta de respeto del Gobierno que en días pasados calificó a la izquierda de boba “¿por qué no nos dijo eso cuando estuvo en la primera vez en la campaña electoral ah, ahí si andaba palmeando las espaldas del pueblo”.

“No estamos en ningún camino de la revolución, estamos en el mismo camino trazado por León Febres Cordero y a eso el Gobierno nos quiere imponer a que sigamos ese camino y a eso nos resistimos”, añadió.

EL NUEVO CONSEJO DE LA CONAIE PRESIDIDO POR HUMBERTO CHOLANGO RECIBIÓ LA VARA DE MANDO DE LA MANO DE MARLON SANTI

La Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, posesionó este miércoles a las nuevas dignidades durante un acto simbólico en la Facultad de comunicación de la Universidad Central del Ecuador.


Delegaciones de las distintas organizaciones de base de primero y segundo grado, asambleístas, ex constituyentes, representantes de fundaciones ambientales, agencias internacionales, prefectos y autoridades de los gobiernos provinciales del país, llegaron hasta la facultad de comunicación.


El acto dio inicio con el ingreso del grupo de guerreros Shuar Arutam, quienes abrieron el paso a la nueva dirigencia para ingresar al escenario, seguidamente el sabio Tankuach realizó un ritual a las nuevas dignidades quienes tendrán la difícil tarea de dirigir los distintos cargos ya asignados; grupos de danza y artistas de los distintos pueblos del país deleitaron con música tradicional el evento.


Varios dirigentes coincidieron en el rechazo contundente a las políticas extractivistas del gobierno ante los últimos acontecimientos coyunturales del país. “ La revolución no se hace desde el escritorio sino desde las comunidades indígenas y campesinas donde la realidad es distinta a la que se aparenta, dijo Alberto Constante (CONAICE).


Finalmente Marlón Santi presidente saliente hizo la entrega simbólica de la vara de mando quien antes de abandonar su cargo señaló que el mayor reto para la nueva dirigencia es ir avanzando en nuevos proyectos de leyes para los Pueblos y Nacionalidades del país, así mismo expresó que queda pendiente la Ley de aguas que movilizó durante su dirigencia a varias organizaciones sociales.


En su intervención el nuevo líder de la CONAIE Humberto Cholango agradeció a todas las autoridades presentes y a su organización de base (COINCA), dijo que el objetivo que persigue la CONAIE es la construcción de un estado Plurinacional, y criticó a la administración de la derecha que responde a las viejas tradiciones políticas como fueron las épocas de Febres Cordero y Bucaram, para finalizar su intervención pidió respeto y tolerancia para quienes piensen distinto, y que trabajarán en conjunto con varias organizaciones sociales progresistas quienes quieren construir un nuevo país, mas no con los sectores que representen al poder económico o la derecha de la nación.

http://www.youtube.com/watch?v=6Hr_xBDL_WA

MINISTRA DORIS SOLIS DEJE DE HACER EL JUEGO A LA DERECHA DE ALEXIS MERA

Salvador Quishpe, Prefecto de Zamora Chinchipe, frente a los cometarios de la Ministra Solís y otros ministros de estado dijo que, yo no he hablado con ningún ministro y tampoco con Doris Solís, por tanto ella no sabe nada de lo que yo estoy pensando. O será que la ministra trata de pasarse de bruja, pero parece que para eso tiene que volver a nacer, dijo Salvador Quishpe.


El prefecto zamorano chinchipense dijo que en su provincia están planteando que, más allá de que gane el sí o el no, seguirán en la resistencia contra las empresas mineras extranjeras, quienes ahora gracias a la ministra Doris Solís, Alexis Mera, Rafael Correa, Jaime Nebot, se han consolidado y dicen ser las dueñas de la fortuna minera del Ecuador. “La pobre ministra, de tamaña ceguera política, dice que somos nosotros los que le hacemos el juego a la derecha. Pregunto a la Ministra, ¿Quién redactó las preguntas para la consulta popular?. ¿Acaso fue el pueblo?. ¿No fue acaso Alexis Mera el autor de esta consulta?. ¿Quién es Alexis Mera? . ¿Algún personaje de la izquierda ecuatoriana?. ¿No sabe acaso la Ministra que, Alexis Mera y los Hnos. Alvarado son los representantes de la ultra derecha de este país?. Los ecuatorianos podemos ser prudentes, pero no tontos, dijo el prefecto de Zamora Chinchipe.

La Ministra sabe perfectamente que, el que gana esta consulta popular no es el pueblo. El que gana es la derecha, representados por Alexis Mera, ex secretario de Febres Cordero. Porque por lo menos yo no creo que, los asesores del ex dueño del país se hayan convertido en revolucionarios ahora, solo por dejarse cobijar por la bandera verde limón. Si la Ministra lo cree, problema de ella. Pero recuerde Ministra Solís que, la tesis de la Consulta Popular, en lo relacionado a la Justicia, es la misma tesis planteada por los socialcristianos, como Jaime Nebot. Ellos siempre plantearon que endureciendo las penas resolverán el problema de la delincuencia. Eso es lo que están haciendo ahora con la consulta. A eso más de 10 provincias han dicho NO. Aunque finalmente gane el Sí, con un triunfo cicatero. Claro, estarán festejando los señores Alexis Mera, los Alvarado, los Nebot, las empresas mineras como KINROSS, ECSA. Usted también, pero sobre todo estarán festejando sus patrones como los señores Eljuri, quienes utilizan la justicia para perseguir a humildes campesinos de Nabón, por no someterse a los intereses de los Eljuri. Ministra no se haga la ingenua, nadie cree que Nebot y Rafael Correa están peleados por ser de ideologías diferentes, simplemente están peleados los patrones por el desquite del poder y nada más. Así que dejen de seguir engañando al pueblo. Sean mas sinceros y digan que son la nueva derecha del Ecuador. Digan la verdad. Expliquen al Ecuador entero, por qué en plena revolución, se consolidan en nuestro territorio las empresas mineras multinacionales y neoliberales?, replicó Salvador Quishpe.

La libertad siempre es libertad para los que piensan de manera diferente

Alberto Acosta

Ex –presidente de la Asamblea Constituyente

Frente Montecristi Vive



Rescatemos el momento histórico, dado que existen, entre otros aspectos, notables avances en la presencia del Estado en la vida económica y social como un elemento superador del neoliberalismo. Valorémoslo incluso por sus contradicciones, dado que los limitados avances en la redistribución de los ingresos fiscales se realizan sin cuestionar el capitalismo y por lo tanto las lógicas de acumulación existentes desde hace décadas en el país. Solo así podremos definir hacia dónde caminar para construir un futuro mejor para nuestros hijos e hijas, nietos y nietas.

La actual Consulta Popular nos abre la puerta a debates importantes, como es la necesidad de una profunda transformación de la justicia, atravesados por cuestiones de poca monta, como son las prohibiciones a las corridas de toros, peleas de gallos o juegos de azar. Y por cierto esta Consulta Popular, incompleta y llena de temas innecesarios, como incluso lo ha reconocido el propio presidente Rafael Correa, deja en el archivo muchas cuestiones de fondo como podrían haber sido, entre otras, la reforma agraria y urbana, o la redistribución del agua, tal como manda la Constitución de Montecristi.

Este complejo momento político habría sido impensable sin el proceso constituyente de Montecristi, hoy amenazado por el propio gobierno de Alianza País que fue uno de los motores para la aprobación de la Constitución del año 2008. Somos conscientes de la necesidad imperiosa de transformar la justicia, pero nos oponemos a que se lo haga metiéndole la mano desde el gobierno, tal como se lo ha hecho una y otra vez en ese pasado oligárquico al que todos y todas queremos superar.

El presidente Correa, lamentablemente, no entiende que el cumplimiento del mandato constituyente para cambiar la justicia debe ser el camino para transformarla efectivamente, construyendo desde los cimientos su independencia interna y externa. Pisotear la Constitución en el campo de la justicia, sin siquiera haber intentado aplicar lo que manda nuestra carta magna, constituye un riesgo para la vigencia de ésta, y por ende para el proceso de transformaciones que de ella se deriva.

El presidente Correa corre también un enorme riesgo si no logra resolver adecuadamente la ecuación existente entre adversarios inteligentes y aliados anti-natura. Pero mayor es el riesgo que corre el proceso de cambio por causa de los sectores conservadores afincados en el gobierno, los cuales no buscan establecer vínculos y alianzas con los movimientos populares que han permitido hacer caminar nuestra historia reciente. Es un error histórico no buscar acuerdos programáticos amplios con dichas fuerzas sociales, las cuales permitieron construir el momento presente; y sin embargo, mantener alianzas con grupos vinculados a los intereses oligárquicos, como se evidencia con la presencia de determinados ministros que alientan políticas entreguistas e incluso antipopulares.

Llamamos a la reflexión sobre donde está la línea de la “barricada” en este proceso de cambio que vive nuestro país. ¿Quiénes son los enemigos de la transformación social que se pretende?, ¿Acaso no es una aberración que en un gobierno que se define como revolucionario y transformador que considere que su mayor contradictor y oponente es la izquierda social, los movimientos populares o las gentes que cuestionamos estas contradicciones?

Desde nuestra perspectiva, contraria a la visión del gobierno, al otro lado de esa “barricada” no está el presidente Correa. Nuestros enemigos siguen siendo los de siempre: los grupos de poder económicos que han saqueado al país durante décadas, los dueños de los medios de producción que han y siguen explotado a nuestros pueblo con salarios de miseria, los “vendepatrias” que rinden pleitesía a los intereses extranjeros y a las familias oligárquicas que siguen pensando que son los dueños de nuestro país y obstaculizan los procesos de cambio y equidad social.

Sin embargo, esta incapacidad para construir colectivamente un escenario de expectativas compartidas puede transformarse en una trampa insalvable para el proceso renovador de la llamada “revolución ciudadana”. Y lo será aún más en la medida que se redoblan sus esfuerzos para intentar debilitar irresponsablemente a los movimientos sociales, particularmente al movimiento indígena, el que, pese a sus contradicciones y crisis interna, es la organización popular más importante del país.

Por lo tanto, es errado mirar sólo los peligros y las acechanzas fuera de este proceso cuando muchas veces son mayores los riesgos y las amenazas dentro del mismo proceso de cambio, que aceleradamente pierde su brújula revolucionaria al pactar directa o indirectamente con sus enemigos históricos, los cuales tienen intereses contrapuestos. En lugar de preocuparse exclusivamente por quienes critican desde afuera, en un proceso que se caracteriza por ser cada vez más excluyente, el presidente Correa debería tener conciencia de los peligros que conlleva su autoritarismo e intolerancia, sobre todo el desatado últimamente en contra de varios comunicadores sociales.

Entendámoslo, está en juego la construcción democrática de una sociedad que debe ser democrática. Si eso no lo aceptamos en la práctica y el camino no es democrático, el resultado, la sociedad que buscamos, no será democrática. Entonces se habrá fracasado. Aquí no hay espacio para el uniforme del autoritarismo o la sotana del dogmatismo. Autoritarismo y dogmatismo tienen que ser desterrados de los procesos de transformación social que están en marcha.

Fuimos claros al respecto en el Plan de Gobierno 2007-2011 del Movimiento País (página siete), en el año 2006, cuando soñábamos en

“Un país en donde la profesión de periodista no sea de las más arriesgadas por las diversas formas de intolerancia desplegadas desde las instancias de poder político o económico. Un país en donde el respeto a la opinión de los contrarios, a la disidencia y a la crítica esté garantizada; en ese país los privilegiados de hoy, muchos de los cuales son los causantes de la tragedia nacional, tendrán incluso el derecho a la memoria nostálgica para recordar su pasado de privilegios sin fin, el cual nunca más podrá repetirse.”

Cualquier restricción a la crítica, en suma, es el fin del debate público, es el fin de la participación, de la democracia, y en definitiva, es el fin de la revolución misma. Por lo tanto no existe justificativo para quedarse callados o aceptar lo que venga por miedo o por esperar una recompensa. Es nuestra obligación criticar cuando el gobierno atropella el mandato popular establecido en la Constitución de Montecristi, aprobada por el propio pueblo, y también cuando da marcha atrás en los procesos de cambio, cuando tolera la corrupción, cuando alienta el autoritarismo… y al hacerlo atropella la opinión de los críticos, vengan de donde vengan, poniendo en riesgo la libertad de expresión de la ciudadanía entera.

En este contexto cobran renovada fuerza las palabras de la gran luchadora popular alemana Rosa Luxemburg,

“La libertad sólo para los que apoyan al gobierno o sólo para los miembros de un partido, por numerosos que sean, no es libertad. La libertad siempre es libertad para los que piensan de manera diferente. De eso depende todo lo instructivo, saludable y purificante de la libertad política; su efectividad desaparece tan pronto como la libertad se convierte en privilegio”.