El Gobierno no dará marcha atrás con su intención de impulsar la minería a gran escala. Prueba de ellos es que, en cuestión de semanas, se firmará el segundo contrato de concesión minera; en este caso, con la canadiense Kinross. Cercanos a este proceso, dicen que falta que se ajusten algunos detalles relacionados con los impuestos pero que la negociación va bien.
De ser así, Zamora se convertiría en el corazón de la gran minería, así como de las protestas sociales, impulsadas especialmente por los indígenas, justamente por el desarrollo de este tipo de industria.
Ecuacorriente, que firmó su contrato el 5 de marzo pasado, hará su trabajo a cielo abierto, mientras que el de Kinross será subterráneo.
Desde la visión de los inversionistas, aunque las reglas del juego en cuanto a participación del Estado (en regalías y repartición de ganancias) son más "exigentes" en comparación con otros países, es atractivo. Dicen que se trata de un negocio rentable a largo plazo, aunque al principio se hagan grandes inversiones y no se obtengan beneficios.
Saben además que el potencial del Ecuador está inexplorado. De acuerdo con las cifras que manejan, solo 5% del país ha sido estudiado en cuanto a su potencial minero.
Pero, por ahora, los reparos al contrato con Ecuacorriente (Ecsa) no solamente provienen de los indígenas o sectores ambientalistas, sino también de la misma Contraloría, que presentó un documento con más de una docena de observaciones (ver puntuales).
Los indígenas, agrupados en la Conaie y encabezados por el prefecto Salvador Quishpe, en cambio, concluyeron el jueves pasado una marcha que los trajo desde El Pangui (Zamora) a Quito, en un recorrido de 700 km, y que concluyó con una gran concentración. Esta se inició tres días más tarde de la firma del contrato de Ecuacorriente, es decir, el 8 de marzo, y fue catalogada por el Gobierno como un intento para desestabilizarlo.
Pero esta no fue la única reacción política. El asambleísta de Pachakútik Cléver Jiménez anunció la semana pasada que iniciará un juicio político y procesos penal y civil contra el ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor, por la firma del contrato con Ecuacorriente y por temas petroleros.
En el campo penal, considera que, al haberse firmado el contrato, se habría atentado contra lo que dispone el Decreto 1793, en el que se prohibe la suscripción de contratos de entidades públicas con empresas de papel asentadas en paraísos fiscales (ver entrevista), lo cual tiene una sanción de entre cuatro y ocho años de reclusión.
En el campo civil, en cambio, solicitará la nulidad del contrato por incumplimiento del Mandato Minero 6 emitido por la Asamblea Constituyente (que ordenaba revertir las concesiones mineras en zonas protegidas, entre otros). Y que pedirá al procurador Diego García que tramite la caducidad.
No obstante, el presidente Correa insistió, con mayor énfasis desde que la marcha indígena llegó a Quito, y tal como dijo el 5 de marzo, que la explotación responsable de los recursos naturales permitirá alcanzar el desarrollo del país, movilizando esos recursos hacia otros sectores de la economía como agricultura, salud, educación, etc.
En su línea discursiva reiteró también que los primeros pueblos que se desarrollarán serán aquellos de los que sale la explotación minera, "porque recibirán un ingreso adicional por las regalías, las mismas que son del 60% para la localidad y anunció que analizaban la posibilidad de que se quede el 100% de las regalías en las zonas afectadas por la actividad minera", reseña el periódico oficialista El Ciudadano del 5 de marzo.
LA VISIÓN DE DOS EXPERTOS. Yolanda Kakabadse, presidenta de World Wide Fund for Nature (WWF), explicó que toda actividad humana provoca impacto ambiental pero que lo importante es detectar cuál va a ser y qué medidas se tomarán para reducir al máximo ese daño.
"Existente respuestas tecnológicas sobre políticas y medidas que la empresa y el Gobierno deben tomar para que cualquier obra, sea un puente, una carretera, una presa o una mina, tengan el mínimo impacto posible", dijo la especialista.
En este caso, la empresa china debe volver a presentar su plan de manejo ambiental para que todas las dudas que se haya generado queden aclaradas. Y agregó que el Ministerio del Ambiente debe hacer el proceso de seguimiento de la legislación (que a su juicio está bien en el Ecuador) y revisar si se ofrece la mejor tecnología disponible en el mercado, tomado en cuenta todos los aspectos que van desde lo social hasta los ambientales de corto, mediano y largo impactos.
Édgar Isch, exministro del Ambiente, comparte este criterio pero expresa tres preocupaciones concretas alrededor del proyecto Mirador: un fondo de reparación ambiental de apenas $25 millones, cuando debería ser mayor; el posible uso de cianuro para la obtención del oro, dado que esto puede generar un suelo sulfurado, y los desechos sólidos producto de la excavación, que podría generar material equivalente a cuatro o cinco veces El Panecillo.
Los inversionistas, al igual que el primer mandatario, consideran que, con las nuevas tecnologías, se puede evitar un impacto mayor al ecocistema (agua, aire, suelo; animales y plantas).
Dicen que la clave está en que los organismos de control cumplan con su función y eviten abusos de las empresas extranjeras.
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