El prefecto de Zamora Chinchipe responsabilizó al gobierno nacional de la violencia generada en Paquisha y demostró que si los mineros son “ilegales”, son por la propia negligencia del gobierno y sus funcionarios. “La transitoria octava de la ley de minas les dio 180 días de plazo a partir de enero del 2009 para que el Ministerio de Recursos no Renovables haga el censo minero y regularicen a los mineros informales, sin embargo el gobierno no ha cumplido con esta disposición, pese al pedido del pueblo minero y han esperado que pase 1 año 9 meses, para ahora decir que esos mineros son ilegales y con ese argumento justifican los operativos de violencia, con el único propósito de beneficiar a las empresas mineras multinacionales”, dijo Salvador Quishpe Lozano.
Al ser consultado respecto de una posible orden de detención en su contra, Salvador Quishpe dijo que eso le tiene sin cuidado, ya que no ha cometido ningún delito, sin embargo precisó que el gobierno trató de apresarlo en la confusión de Paquisha, “No lo lograron porque yo no estuve presente en dichos actos, sin embargo hoy el gobierno está tratando de utilizar a la fiscalía para instaurar una demanda penal en mi contra, inventándose pruebas que no existen”, dijo el prefecto indígena.
De otro lado Quishpe denunció que no era necesario un operativo con 2 mil efectivos policiales en Paquisha el día miércoles 15 de septiembre para desalojar a los mineros de Conguime, toda vez que el mismo lunes 13 de septiembre, los mineros decidieron suspender sus trabajos y a retirar las máquinas del recinto minero por el temor de las incautaciones y de eso sabía el gobierno, ya que fueron informados por los mismos mineros en varias reuniones mantenidas las noches del 13 y 14 de septiembre en la Gobernación de la Provincia.
“El día miércoles 15 de septiembre, a las 17 horas llega la policía y los fiscales a Conguime pero ya no encontraron a nadie, por lo tanto no se produjo ningún desalojo. Lo que sí hizo la policía fue buscar y encontraron muchas máquinas que estuvieron estacionadas en las casas de varios finqueros, entonces procedieron a llevarlas para luego salir a decir públicamente, que esas máquinas son el resultado del desalojo y poder justificar su macabro operativo de violencia, generado del lado del gobierno.
Finalmente Salvador Quishpe reiteró que uno de los verdaderos propósitos de la operación policial fue la orden de captura en su contra, por su posición contraria a la política minera entregada a las empresas multinacionales, para lo cual la policía esperaba que yo estuviera en la trifulca, sin embargo no lograron ese propósito, ya que yo estuve lejos de los acontecimientos. Sin embargo hoy el gobierno está intentando instaurar un proceso penal en mi contra, con el argumento de que yo he sido el responsable de los disparos y las heridas a 5 ciudadanos. “El gobierno está tratando de hacer asomar falsas pruebas, para según ellos demostrar que yo soy el responsable, sin embargo esas pruebas son prefabricadas que, cualquier autoridad de justicia imparcial desestimará esas falsas pruebas y declarará inocentes a las víctimas de esta nueva persecuación del gobierno y de las empresas mineras multinacionales”, dijo el prefecto de Zamora Chinchipe.
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