CONGÜIME, Zamora Chinchipe. Nancy Jaramillo observa el operativo de incautación que, como a cientos de sus vecinos, cambiará su vida, pues asegura quedan sin recursos para subsistir.“Con el desalojo de las maquinarias en Congüime solo se confirma que los mineros también se van. Será que el presidente (Rafael) Correa me va a dar un sueldo para pagar el tratamiento de mi hija con cáncer de útero y mantener al resto de mi familia”, expresa Nancy Jaramillo, de 40 años, quien posee un pequeño comedor en el centro del poblado de Nankais.
Esa es su reacción tras ver cómo, el jueves pasado, en un operativo con 2.200 policías y militares, 12 fiscales y un helicóptero se incautaron 51 retroexcavadoras de mineros que operaban ilegalmente en la comunidad Congüime, cantón Paquisha (Zamora Chinchipe). Esto ocurrió al día siguiente de la arremetida de la fuerza pública contra unos 300 mineros que obstruían el puente de ingreso al Paquisha, acción que dejó siete heridos (seis civiles y un gendarme), dos por disparos.
La mujer ganaba entre $ 30 y $ 40 diarios vendiendo comida a decenas de trabajadores que laboraban en más de cien frentes (excavaciones en las que se explota, en su mayoría, oro y plata) de Congüime.
Desde el 11 de septiembre, cuando corrió el rumor del desalojo, el pequeño local de Nancy luce vacío. Ya ni los niños de la escuela Eduardo Juank Milk, a quienes les “acomodaba” guatitas de $ 0,50, se acercan.
Al igual que ella, la mayoría de las al menos 300 familias que residen al costado de los 13 km de la vía que une a Paquisha con Congüime comparte el temor de no saber qué va a suceder con sus fuentes de trabajo y sus vidas, un suceso que, según el párroco de Paquisha, Patricio Barrera, recién empieza.
Un drama que siguió el viernes pasado y ayer con un nuevo choque entre policías y pobladores que trataban de impedir la incautación de cinco maquinarias, hecho que dejó dos niños con signos de asfixia y un gendarme con una cortada.
El día anterior, cuando comenzó el movimiento de la maquinaria minera retenida por la Policía y la Fiscalía, decenas de niños y adultos de los barrios Santa Rosa, Nuevo Quito, Mayaycu, Sisam, La Libertad y San Luis veían con tristeza y temor el paso de las plataformas con las excavadoras.
“Ambiciosos, váyanse”, gritaba un joven que perdió el miedo a los militares y policías que resguardaban las retroexcavadoras. Iván Wajari, minero shuar de 26 años, quien laboraba como ayudante de operador en una de las minas desalojadas, no tiene idea de qué pasará con su vida y las de sus dos hijas. Dice que de esta acción los mineros no son los únicos afectados.
Trabajando 12 horas diarias, 26 días al mes, el que más gana en una mina es un operador de maquinaria. Este puede percibir un sueldo líquido de entre $ 800 y $ 1.000, mientras que un chorrero (minero que busca el oro en el agua) puede recibir $ 300 y una cocinera de campamento $ 350. Para todos la comida y vivienda son gratis.
“Aquí la economía se mueve por lo que la minería genera. Los beneficios son directos e indirectos. Tanto gana la señora que cría la vaca para vender su carne, el campesino que cultiva la yuca, como el operador en la mina”, aclara Wajari.
En las minas laboraban unas 2 mil personas llegadas de sitios como Yantzaza, Soacapa, Zumbi, Paquisha, Loja, entre otros. La mayoría son mineros contratados por dueños de maquinarias que conforman cooperativas para explotar ilegalmente la zona. El resto son cocineros, dueños de restaurantes, proveedores, entre otros.
El padre de Iván, Alipio Wajari, profesor de la escuela shuar Eduardo Juank, explica que la educación también será afectada en la comunidad. Dice que los dueños de las minas daban de $ 1.000 a $ 1.500 mensuales por mina a los líderes comunales shuar para realizar tareas educativas y sociales en diversos sectores. “Este dinero servía para hacer la obra que el Estado centralista no alcanzaba a realizar”, apunta Alipio.
En ese sentido, Gabriel Ajuare, miembro del grupo shuar Nankais, confirma que tras la salida de las mineras de la zona quedan decenas de proyectos y convenios inconclusos. Agrega que el desempleo crecerá en su comunidad y califica al operativo de desalojo como “violación a su espacio ancestral”. “No sabemos quién cubrirá todos los huecos que las mineras tenían la obligación de rellenar, quién reparará el ambiente ni tampoco cómo sustentaremos los planes educativos para niños y jóvenes”, expresa.
El Cabildo de Paquisha será otro afectado ya que cobraba impuestos por derecho de vía. Según el alcalde Ángel Calva, con los $ 1.500 que cobraba por el paso de tráileres cargados de maquinaria y los $ 200 a los tanqueros por el transporte de gasolina se financiaban obras y se mantenían los caminos que utilizaban las mineras. “Después de esto habrá que replantear el presupuesto”, dice.
La comunidad aún está a la espera de saber cuál será el planteamiento inmediato de los gobiernos central y seccional para superar la situación que se vive en Paquisha. Nancy aspira a que la ayuda llegue antes de que se le terminen los pocos ahorros que reunió en siete años de trabajo en las minas.
Fuente: Gualaquiza.net
Esa es su reacción tras ver cómo, el jueves pasado, en un operativo con 2.200 policías y militares, 12 fiscales y un helicóptero se incautaron 51 retroexcavadoras de mineros que operaban ilegalmente en la comunidad Congüime, cantón Paquisha (Zamora Chinchipe). Esto ocurrió al día siguiente de la arremetida de la fuerza pública contra unos 300 mineros que obstruían el puente de ingreso al Paquisha, acción que dejó siete heridos (seis civiles y un gendarme), dos por disparos.
La mujer ganaba entre $ 30 y $ 40 diarios vendiendo comida a decenas de trabajadores que laboraban en más de cien frentes (excavaciones en las que se explota, en su mayoría, oro y plata) de Congüime.
Desde el 11 de septiembre, cuando corrió el rumor del desalojo, el pequeño local de Nancy luce vacío. Ya ni los niños de la escuela Eduardo Juank Milk, a quienes les “acomodaba” guatitas de $ 0,50, se acercan.
Al igual que ella, la mayoría de las al menos 300 familias que residen al costado de los 13 km de la vía que une a Paquisha con Congüime comparte el temor de no saber qué va a suceder con sus fuentes de trabajo y sus vidas, un suceso que, según el párroco de Paquisha, Patricio Barrera, recién empieza.
Un drama que siguió el viernes pasado y ayer con un nuevo choque entre policías y pobladores que trataban de impedir la incautación de cinco maquinarias, hecho que dejó dos niños con signos de asfixia y un gendarme con una cortada.
El día anterior, cuando comenzó el movimiento de la maquinaria minera retenida por la Policía y la Fiscalía, decenas de niños y adultos de los barrios Santa Rosa, Nuevo Quito, Mayaycu, Sisam, La Libertad y San Luis veían con tristeza y temor el paso de las plataformas con las excavadoras.
“Ambiciosos, váyanse”, gritaba un joven que perdió el miedo a los militares y policías que resguardaban las retroexcavadoras. Iván Wajari, minero shuar de 26 años, quien laboraba como ayudante de operador en una de las minas desalojadas, no tiene idea de qué pasará con su vida y las de sus dos hijas. Dice que de esta acción los mineros no son los únicos afectados.
Trabajando 12 horas diarias, 26 días al mes, el que más gana en una mina es un operador de maquinaria. Este puede percibir un sueldo líquido de entre $ 800 y $ 1.000, mientras que un chorrero (minero que busca el oro en el agua) puede recibir $ 300 y una cocinera de campamento $ 350. Para todos la comida y vivienda son gratis.
“Aquí la economía se mueve por lo que la minería genera. Los beneficios son directos e indirectos. Tanto gana la señora que cría la vaca para vender su carne, el campesino que cultiva la yuca, como el operador en la mina”, aclara Wajari.
En las minas laboraban unas 2 mil personas llegadas de sitios como Yantzaza, Soacapa, Zumbi, Paquisha, Loja, entre otros. La mayoría son mineros contratados por dueños de maquinarias que conforman cooperativas para explotar ilegalmente la zona. El resto son cocineros, dueños de restaurantes, proveedores, entre otros.
El padre de Iván, Alipio Wajari, profesor de la escuela shuar Eduardo Juank, explica que la educación también será afectada en la comunidad. Dice que los dueños de las minas daban de $ 1.000 a $ 1.500 mensuales por mina a los líderes comunales shuar para realizar tareas educativas y sociales en diversos sectores. “Este dinero servía para hacer la obra que el Estado centralista no alcanzaba a realizar”, apunta Alipio.
En ese sentido, Gabriel Ajuare, miembro del grupo shuar Nankais, confirma que tras la salida de las mineras de la zona quedan decenas de proyectos y convenios inconclusos. Agrega que el desempleo crecerá en su comunidad y califica al operativo de desalojo como “violación a su espacio ancestral”. “No sabemos quién cubrirá todos los huecos que las mineras tenían la obligación de rellenar, quién reparará el ambiente ni tampoco cómo sustentaremos los planes educativos para niños y jóvenes”, expresa.
El Cabildo de Paquisha será otro afectado ya que cobraba impuestos por derecho de vía. Según el alcalde Ángel Calva, con los $ 1.500 que cobraba por el paso de tráileres cargados de maquinaria y los $ 200 a los tanqueros por el transporte de gasolina se financiaban obras y se mantenían los caminos que utilizaban las mineras. “Después de esto habrá que replantear el presupuesto”, dice.
La comunidad aún está a la espera de saber cuál será el planteamiento inmediato de los gobiernos central y seccional para superar la situación que se vive en Paquisha. Nancy aspira a que la ayuda llegue antes de que se le terminen los pocos ahorros que reunió en siete años de trabajo en las minas.
Fuente: Gualaquiza.net
