El prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, señaló esta mañana que el sector minero ha venido reclamando desde hace mucho tiempo un censo, que hasta ahora solo ha incluido a una parte de las personas que se dedican a la actividad.
Expresó el reclamo y la inconformidad de la otra parte del sector minero que dice no haber sido incluida en el censo, y que demanda la sinceridad de parte del Gobierno para que diga a quiénes se quiere legalizar.
El Prefecto dijo en entrevista con Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil) que hace falta un reordenamiento territorial para que se especifique en donde deben estar las zonas mineras.
Quishpe, responsabilizó al Ministerio de Minas de lo que está ocurriendo en su provincia, por la falta de regulación. Señaló que el censo minero estaba dispuesto en la Constitución mediante una transitoria que daba un plazo de 180 días, pero ese plazo venció hace poco más de un año.
El funcionario cuestionó en el noticiero de Teleamazonas que el Gobierno permita la extracción minera de las multinacionales como la empresa Kinross, que en sus actividades provoca daño al medio ambiente pero no es sancionada, todo lo contrario fue acreedora a los permisos del Ministerio del Ambiente para la extracción nuevas zonas.
Comité de mediación
Entre 400 y 500 personas, aproximadamente, se reunieron ayer en asamblea para conformar un comité de mediación que resuelva los conflictos mineros de la provincia de Zamora Chinchipe.
Quishpe, quien forma parte del Comité, indicó ayer que será el mediador entre el Gobierno y los mineros.
El Comité no está representado por políticos de turno, señaló uno de los mineros que asistieron al encuentro, en el que participaron también varios representantes del cantón Yanzatza.
Los integrantes del Comité son: general Ángel Erreyes Quezada (PK), alcalde de Yanzatza, como el coordinador; Ángel Quezada, miembro de la Junta Parroquial de Paquisha, como representante local; el prefecto provincial, Salvador Quishpe, como asesor jurídico.
Además, como relacionista público está Segundo Larreátegui, quien se desempeña como asesor del Consejo Provincial, y el asambleísta Kléber Jiménez (PK) también integrante del comité.
Los miembros pedirán al Gobierno la devolución de las maquinarias incautadas, que se suspendan las órdenes de detención dictadas durante la incursión a Congüime, y que se deje en libertad a las dos personas detenidas en los conflictos mineros de Paquisha, se reportó a radio City.
Fuente: El Universo
Expresó el reclamo y la inconformidad de la otra parte del sector minero que dice no haber sido incluida en el censo, y que demanda la sinceridad de parte del Gobierno para que diga a quiénes se quiere legalizar.
El Prefecto dijo en entrevista con Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil) que hace falta un reordenamiento territorial para que se especifique en donde deben estar las zonas mineras.
Quishpe, responsabilizó al Ministerio de Minas de lo que está ocurriendo en su provincia, por la falta de regulación. Señaló que el censo minero estaba dispuesto en la Constitución mediante una transitoria que daba un plazo de 180 días, pero ese plazo venció hace poco más de un año.
El funcionario cuestionó en el noticiero de Teleamazonas que el Gobierno permita la extracción minera de las multinacionales como la empresa Kinross, que en sus actividades provoca daño al medio ambiente pero no es sancionada, todo lo contrario fue acreedora a los permisos del Ministerio del Ambiente para la extracción nuevas zonas.
Comité de mediación
Entre 400 y 500 personas, aproximadamente, se reunieron ayer en asamblea para conformar un comité de mediación que resuelva los conflictos mineros de la provincia de Zamora Chinchipe.
Quishpe, quien forma parte del Comité, indicó ayer que será el mediador entre el Gobierno y los mineros.
El Comité no está representado por políticos de turno, señaló uno de los mineros que asistieron al encuentro, en el que participaron también varios representantes del cantón Yanzatza.
Los integrantes del Comité son: general Ángel Erreyes Quezada (PK), alcalde de Yanzatza, como el coordinador; Ángel Quezada, miembro de la Junta Parroquial de Paquisha, como representante local; el prefecto provincial, Salvador Quishpe, como asesor jurídico.
Además, como relacionista público está Segundo Larreátegui, quien se desempeña como asesor del Consejo Provincial, y el asambleísta Kléber Jiménez (PK) también integrante del comité.
Los miembros pedirán al Gobierno la devolución de las maquinarias incautadas, que se suspendan las órdenes de detención dictadas durante la incursión a Congüime, y que se deje en libertad a las dos personas detenidas en los conflictos mineros de Paquisha, se reportó a radio City.
Fuente: El Universo
