Varias lecturas tienen las modificaciones a la fórmula de asignación de recursos para los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), incorporada en el veto presidencial al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad).
La polémica surge ante la posibilidad de que esa nueva relación pueda afectar a ciudades grandes y pequeñas. El veto señala que es importante reconocer la eficiencia en la prestación de servicios de los GAD, por lo cual, se establece 5% al criterio constitucional de Logros en mejoramiento en niveles de vida. Contrario al concepto de la Asamblea, que no le dio valor.
El prefecto de Zamora, Salvador Quishpe, ubicó un trasfondo político en esa parte del veto pues, a su juicio, es solamente una respuesta política al resto del país frente a la negativa de aplicar las loterías para que los municipios se puedan financiar.
Si bien, Quishpe dijo que ese 5% podría mejorar de alguna manera en términos matemáticos los ingresos de los GAD, no es muy optimista en que los ingresos vayan a mejorar al poner 5% para alguno de los indicadores de la fórmula. Para el prefecto, deberían también tomarse en cuenta cuestiones ambientales, ya que no es igual, por ejemplo, el mantenimiento de una vía en la Sierra y una en la Amazonía.
Otros prefectos de provincias pequeñas como Cañar y Chimborazo han aplaudido el cambio y lo han definido como un reconocimiento justo.
María Paula Romo (AP) señaló que "a ningún municipio del país se le disminuirá un solo centavo" y que, con la aplicación del nuevo cuerpo legal, las ciudades grandes no recibirán mayores recursos que las pequeñas.
Para Andrés Roche (MG), existe inconformidad, porque la "distorsión" de la fórmula se agrava cuando, para determinar las necesidades básicas insatisfechas (NBI), se considera su elevación al cuadrado, lo cual agudiza la inequidad y el perjuicio. Destacó que la fórmula propuesta señala que el 10% de la asignación de recursos se calculará en función de la población desconociendo que la población no es un criterio de cálculo, sino que son las personas a las que hay que atender. (LB)
Fuente: Diario Hoy.
La polémica surge ante la posibilidad de que esa nueva relación pueda afectar a ciudades grandes y pequeñas. El veto señala que es importante reconocer la eficiencia en la prestación de servicios de los GAD, por lo cual, se establece 5% al criterio constitucional de Logros en mejoramiento en niveles de vida. Contrario al concepto de la Asamblea, que no le dio valor.
El prefecto de Zamora, Salvador Quishpe, ubicó un trasfondo político en esa parte del veto pues, a su juicio, es solamente una respuesta política al resto del país frente a la negativa de aplicar las loterías para que los municipios se puedan financiar.
Si bien, Quishpe dijo que ese 5% podría mejorar de alguna manera en términos matemáticos los ingresos de los GAD, no es muy optimista en que los ingresos vayan a mejorar al poner 5% para alguno de los indicadores de la fórmula. Para el prefecto, deberían también tomarse en cuenta cuestiones ambientales, ya que no es igual, por ejemplo, el mantenimiento de una vía en la Sierra y una en la Amazonía.
Otros prefectos de provincias pequeñas como Cañar y Chimborazo han aplaudido el cambio y lo han definido como un reconocimiento justo.
María Paula Romo (AP) señaló que "a ningún municipio del país se le disminuirá un solo centavo" y que, con la aplicación del nuevo cuerpo legal, las ciudades grandes no recibirán mayores recursos que las pequeñas.
Para Andrés Roche (MG), existe inconformidad, porque la "distorsión" de la fórmula se agrava cuando, para determinar las necesidades básicas insatisfechas (NBI), se considera su elevación al cuadrado, lo cual agudiza la inequidad y el perjuicio. Destacó que la fórmula propuesta señala que el 10% de la asignación de recursos se calculará en función de la población desconociendo que la población no es un criterio de cálculo, sino que son las personas a las que hay que atender. (LB)
Fuente: Diario Hoy.
