Cuando el grupo de policías y militares llegó a la zona minera de Conguime, anteayer por la tarde, no hallaron mineros ni maquinaria. Solo una amplia zona, de cerca de 40 hectáreas, con excavaciones y cúmulos de cascajo.
En ese sector del cantón Paquisha se siguió ayer en la búsqueda de maquinaria con la que los mineros cumplían su labor y que ocultaron apenas se enteraron del desalojo.
Ayer por la mañana, el director ejecutivo de la Agencia de Control y Regulación Minero, Diósgrafo Chamba, informó que se localizaron seis máquinas y estaban listas para ser remolcadas a otro destino que no se precisó.
Según Chamba, estas máquinas no están incautadas sino retenidas para investigación. Se calcula que en Conguime existían alrededor de 60 máquinas, por lo que la búsqueda continuaba por las zonas aledañas.
Desde que los uniformados tomaron el miércoles el control del sector minero, no ha habido más enfrentamientos. Para concretar esa acción se necesitaron 10 horas de intentos y enfrentarse a unas 400 personas, entre ellas mineros que trataban de impedirlo. La jornada dejó seis heridos: cinco civiles y un policía.
Édgar Chimbo y Juan Ogoño, quienes se ganaban la vida como jornaleros en las minas, son los más afectados. Chimbo tiene fracturada su pierna derecha y Ogoño tiene afectado su muslo. Ellos fueron trasladados al hospital de Loja. En Zamora no hay implementos para la cirugía.
La esposa de Chimbo, Sonia Torres, lo acompaña en el Hospital Isidro Ayora de Loja, adonde llegó a las 18:00 de anteayer. “He gastado USD 400 en medicamentos y no tengo USD 1 000 para la operación”, dijo.
Chimbo, de 32 años de edad, se dedicaba desde hace 10 a lavar oro usando herramientas manuales para extraer el mineral. Para procesarlo alquilaba molinos. Ese trabajo era su única fuente de ingresos. Ganaba, en promedio, USD 400 mensuales. Tiene dos hijos, uno de 4 años y el otro de 1 y medio de edad.
En el centro poblado de Paquisha también permaneció ayer la Policía. A Esther Moncada (43 años) no le es fácil entender por qué ingresó tanto uniformado. Según los propios policías que participan del operativo, eran alrededor de 1 500. Mientras que en toda la parroquia existen 1 704 habitantes.
Oficialmente, ninguna autoridad ha admitido la orden del desalojo. El ministro del Interior, Gustavo Jalkh, justificó el operativo de la fuerza pública. Dijo que no se podía permitir que continúe una actividad mineral al margen de la ley. Hay que regularla, afirmó.
La actividad minera de Conguime generaba trabajo para unas 1 500 personas, de acuerdo con el pronunciamiento del síndico de ese centro shuar, Pedro Juank. Conguime es parte de la Asociación Shuar de Nankays.
Los nativos empezaron la actividad minera hace unos 30 años. Sin embargo, desde hace siete ingresaron más mineros y se extendió el uso de retroexcavadoras para buscar el oro.
Zobeida Gudiño, asambleísta por Zamora Chinchipe, justificó la acción del Gobierno para desalojar a los mineros. Según ella, no son artesanales sino medianos mineros, porque utilizan maquinaria pesada. “No podemos desconocer que la actividad ha amortiguado la falta de empleo, pero hay daño ambiental y evasión de tributos”.
Gudiño y el alcalde de Nangaritza, Modesto Vega, se han declarado respetuosos de las decisiones del Gobierno y de cumplir las leyes. Esa actitud es diferente a la del prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, y del asambleísta Cléver Jiménez.
Ambos demandan la salida de las empresas transnacionales como Ecuacorriente y Kinross Aurelian, que tienen sus planes de explotación de oro y cobre en la provincia amazónica.
Según Gudiño, los mineros de Conguime podrán legalizarse una vez que esté listo el Plan Nacional Minero, que se prevé para diciembre próximo. “Esto nos dará el marco legal para poder entregar concesiones para la pequeña minería”. José Guaillas, presidente del Comité Provincial de Defensa de los pequeños mineros de Zamora Chinchipe, denunció que hay 150 órdenes de captura . “Yo estoy por el campo, en un lugar clandestino”.
El fiscal general, Washington Pesántez, dispuso ayer una investigación de los hechos registrados en Paquisha.
Tras esos acontecimientos, Jenny Rodríguez, quien se desempeñó dos años cinco meses como gobernadora de Zamora Chinchipe, renunció. En su reemplazo debía posesionarse José Paqui, en la tarde de ayer .
En ese sector del cantón Paquisha se siguió ayer en la búsqueda de maquinaria con la que los mineros cumplían su labor y que ocultaron apenas se enteraron del desalojo.
Ayer por la mañana, el director ejecutivo de la Agencia de Control y Regulación Minero, Diósgrafo Chamba, informó que se localizaron seis máquinas y estaban listas para ser remolcadas a otro destino que no se precisó.
Según Chamba, estas máquinas no están incautadas sino retenidas para investigación. Se calcula que en Conguime existían alrededor de 60 máquinas, por lo que la búsqueda continuaba por las zonas aledañas.
Desde que los uniformados tomaron el miércoles el control del sector minero, no ha habido más enfrentamientos. Para concretar esa acción se necesitaron 10 horas de intentos y enfrentarse a unas 400 personas, entre ellas mineros que trataban de impedirlo. La jornada dejó seis heridos: cinco civiles y un policía.
Édgar Chimbo y Juan Ogoño, quienes se ganaban la vida como jornaleros en las minas, son los más afectados. Chimbo tiene fracturada su pierna derecha y Ogoño tiene afectado su muslo. Ellos fueron trasladados al hospital de Loja. En Zamora no hay implementos para la cirugía.
La esposa de Chimbo, Sonia Torres, lo acompaña en el Hospital Isidro Ayora de Loja, adonde llegó a las 18:00 de anteayer. “He gastado USD 400 en medicamentos y no tengo USD 1 000 para la operación”, dijo.
Chimbo, de 32 años de edad, se dedicaba desde hace 10 a lavar oro usando herramientas manuales para extraer el mineral. Para procesarlo alquilaba molinos. Ese trabajo era su única fuente de ingresos. Ganaba, en promedio, USD 400 mensuales. Tiene dos hijos, uno de 4 años y el otro de 1 y medio de edad.
En el centro poblado de Paquisha también permaneció ayer la Policía. A Esther Moncada (43 años) no le es fácil entender por qué ingresó tanto uniformado. Según los propios policías que participan del operativo, eran alrededor de 1 500. Mientras que en toda la parroquia existen 1 704 habitantes.
Oficialmente, ninguna autoridad ha admitido la orden del desalojo. El ministro del Interior, Gustavo Jalkh, justificó el operativo de la fuerza pública. Dijo que no se podía permitir que continúe una actividad mineral al margen de la ley. Hay que regularla, afirmó.
La actividad minera de Conguime generaba trabajo para unas 1 500 personas, de acuerdo con el pronunciamiento del síndico de ese centro shuar, Pedro Juank. Conguime es parte de la Asociación Shuar de Nankays.
Los nativos empezaron la actividad minera hace unos 30 años. Sin embargo, desde hace siete ingresaron más mineros y se extendió el uso de retroexcavadoras para buscar el oro.
Zobeida Gudiño, asambleísta por Zamora Chinchipe, justificó la acción del Gobierno para desalojar a los mineros. Según ella, no son artesanales sino medianos mineros, porque utilizan maquinaria pesada. “No podemos desconocer que la actividad ha amortiguado la falta de empleo, pero hay daño ambiental y evasión de tributos”.
Gudiño y el alcalde de Nangaritza, Modesto Vega, se han declarado respetuosos de las decisiones del Gobierno y de cumplir las leyes. Esa actitud es diferente a la del prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, y del asambleísta Cléver Jiménez.
Ambos demandan la salida de las empresas transnacionales como Ecuacorriente y Kinross Aurelian, que tienen sus planes de explotación de oro y cobre en la provincia amazónica.
Según Gudiño, los mineros de Conguime podrán legalizarse una vez que esté listo el Plan Nacional Minero, que se prevé para diciembre próximo. “Esto nos dará el marco legal para poder entregar concesiones para la pequeña minería”. José Guaillas, presidente del Comité Provincial de Defensa de los pequeños mineros de Zamora Chinchipe, denunció que hay 150 órdenes de captura . “Yo estoy por el campo, en un lugar clandestino”.
El fiscal general, Washington Pesántez, dispuso ayer una investigación de los hechos registrados en Paquisha.
Tras esos acontecimientos, Jenny Rodríguez, quien se desempeñó dos años cinco meses como gobernadora de Zamora Chinchipe, renunció. En su reemplazo debía posesionarse José Paqui, en la tarde de ayer .
Fuente: El Comercio
