Matías Zibell
Ecuador
La provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipe, en el sur del país, se ha convertido en un foco de tensión en las disputas entre multinacionales y pequeñas empresas locales por la explotación de los recursos mineros del país.
El domingo, una asamblea minera llevada a cabo en esa zona solicitó al gobierno del presidente Rafael Correa la salida de todas las empresas multinacionales de la región y el reconocimiento del derecho a trabajar de los mineros locales.
Una de las compañías a las que apuntaron los mineros es la canadiense Kinross Aurelian, que en el año 2006 encontró en esta región el yacimiento de oro Fruta del Norte, la tercera reserva más importante a nivel mundial de este metal descubierta en los últimos 20 años.
La resolución votada en la asamblea fue promovida por el prefecto local, el líder del movimiento indígena Pachakutik Salvador Quishpe, y rechazada por los representantes del presidente, que alegan que se ha "satanizado" la relación entre el gobierno central y las empresas que hacen minería a gran escala en la zona.
Ésta es la segunda convocatoria organizada en los últimos 15 días por pequeños mineros de Zamora Chinchipe, una región que combina algunos de los elementos más conflictivos que han marcado no sólo la historia del país sino de varias naciones de América Latina.
Riqueza minera
En esta provincia, la más austral del Ecuador, se conjugan reservas de oro, plata y cobre; empresas multinacionales y mineros locales; grupos indígenas desplazados; gobierno local y gobierno nacional enfrentados y el recuerdo de dos guerras con Perú que pocos zamoranos dudan en atribuir a la riqueza minera.
La tensión entre los actores de este drama se acentuó el pasado 9 de agosto cuando 56 mineros artesanales fueron desalojados del sector de San Luis, que se encuentra dentro del área del Parque Nacional Podocarpus.
Aunque el gobierno central informó que esos trabajadores serían reubicados fuera del área protegida, los rumores de que las autoridades pensaban continuar con los desalojos por presión de las empresas multinacionales se propagaron por todos los campamentos mineros.
"Se está vendiendo una imagen de que el gobierno de Rafael Correa está vendido a las transnacionales y que va acabar con el pulmón de la Cordillera del Cóndor", dijo a BBC Mundo la gobernadora de Zamora Chinchipe, Jenny Rodríguez, y agregó:
"Se nos está queriendo satanizar y se vende un mensaje de que queremos gobernar en base a desalojos. Y no es así".
Pero según le dijo el prefecto Quishpe a BBC Mundo, "lo que ocurrió hace poco en San Luis es un termómetro de lo que podría pasar con los futuros desalojos".
"Las empresas han venido pidiendo el desalojo de la gente arriba en el Zarza, cerca de la Kinross. Sabemos de planes para desalojar a la gente en La Herradura. Nosotros vemos que aquí las empresas tienen mucho poder, político y económico, para influir en el gobierno".
En diálogo con BBC Mundo, el encargado de la seguridad ambiental de Kinross Aurelian, ingeniero Ángel Cueva, negó que entre los objetivos de la compañía esté la erradicación de la pequeña minería.
"Nuestro compromiso simplemente con la autoridad es informar de cuánta minería informal se hace en el sector para que sea la autoridad quien tome las decisiones que deba tomar".
Según la gobernadora Rodríguez, cuando los pequeños mineros actúan en terrenos concesionados a las multinacionales ya no es asunto del gobierno.
"El problema es con el sector de Congüime, donde el área le pertenece al Estado. Yo le pregunto a quién le voy a pasar el cheque (por daños). Si esa área fuera de Kinross Aurelian o de cualquier empresa minera yo no tendría problema como gobierno porque le paso el cheque a la empresa y que me deje recuperando el área".
Daños ambientales
Jenny Rodríguez
Según Fernando Armijos, minero de Congüime, las versiones de desalojo vienen de los mismos funcionarios gubernamentales. "Nosotros no queremos enfrentamientos con la policía y que pase una desgracia. Pero nosotros vamos a defender nuestros trabajos", aseguró.
Las principales acusaciones que pesan hoy sobre los pequeños mineros, que se diferencian de los artesanales -entre otras cosas- por el uso de máquinas excavadoras, es el daño ambiental que causan y el hecho de que no pagan impuestos al Estado.
El mismo prefecto Quishpe, que llegó a la Prefectura con el apoyo de la pequeña minería, opina que "si no se toman correctivos los pequeños mineros podrían estar generando mayor impacto ambiental que las mismas empresas grandes".
"Mi intervención no es sólo frente a las multinacionales sino también a los que somos de aquí. Pero hay que tomar varios asuntos en cuenta. Primero, a diferencia de las multinacionales, los otros mineros son gente de aquí que vive de eso, subsiste de eso, por lo tanto no se puede decir ‘cero’".
Fuente: BBC Mundo - América Latina
