TEXTO Y FOTOS: Aída Zhingre Duque
El área minera del proyecto Mirador, concesionado a la empresa ECSA, está en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, en las estribaciones de la Cordillera del Cóndor, allá los finqueros recuerdan con claridad los ruidos que los atormentó durante el conflicto con el Perú, en 1995. No hay evidencias de desarrollo, la vía de acceso al centro parroquial es una hilera continua de baches.
“Cada rato se veía salir como ráfagas de fuego desde los helicópteros que sobrevolaban en el filo, teníamos miedo pero no aceptamos salir como nos pedían los militares. Hoy cuando ya no hay guerra, nos duele tanto la idea de tener que vivir como ajenos en nuestro propio territorio, y bajo las presiones de que abandonemos las fincas”, expresa el finquero Aurelio Morocho, mientras camina por la parte más alta del área donde se abrirá el mega orificio de dos kilómetros de diámetro por 800 de profundidad.
Morocho es uno de los 25 propietarios de fincas que han decidido demandar a la empresa Ecua Corriente Sociedad Anónima (ECSA), por el incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, sobre todo el parte correspondiente a la negociación para la compra de los predios en los que se emplaza el área minera.
El ciudadano quien vive 30 años en el lugar, recuerda que vino un ingeniero Santiago Gándara quien le persuadió para que le venda su finca. “Me dijo venda la finca y yo no quise. Si usted no vende después le tocará ir botando porque aquí se va a hacer minería y va a ser una contaminación tan grande que usted no se puede imaginar”, me dijo, relata mientras seguidamente se lamenta el haber accedido a esta petición por temor a pesar de la oposición de su esposa.
La familia de Morocho que era propietaria de 145 hectáreas, por lo cual recibió 96.000 dólares, pese a la venta no ha abandonado su predio y asegura que no lo hará mientras no se concrete un reajuste. “Mi mujer y yo hemos dicho claro, no vamos a salir de aquí por tanto que nos estafaron, se aprovecharon de nuestro desconocimiento. De aquí sólo nos sacarán como a Salvador Quishpe, a él lo sacaros preso por defender nuestro medio ambiente”, dijo el hombre.
También Luis Inga, quien tenía su propiedad en la vía al Cóndor, en la cooperativa 12 de Febrero denuncia. “A nosotros nos compró un señor Raúl Ochoa, engañándonos que era para un proyecto de ganado lechero, yo le vendí 57 hectáreas en 10.000 dólares, pero a mis compañeros les pagó tres y cuatro mil dólares. Y resulta que el ganaba comisión por cada hectárea de terrero que compraba y las mismas que transfería inmediatamente a Ecuacorriente para minería, tenemos documentos de esta especie de testaferrismo”, puntualizó.
Manuel Sánchez, representante del grupo de finqueros, afirmó que el informe preliminar de la Contraloría General del Estado, obtenido en medio de la lucha desde hace seis años, por un trato socio ambiental justo de parte de la empresa ECSA en torno al proyecto Mirador, es la herramienta con la que ahora se aprestan a presentar una demanda de Acción de Protección, de manera colectiva, a efectos de que se reconozca la violación de sus derechos constitucionales y que a su vez se les otorgue el derecho a ser reparados íntegramente. “Si hubiese habido la socialización del proyecto no hubiésemos caído tan infamemente”, agregó.
Informe
Concluye la Contraloría: “La ministra del ambiente, el subsecretario de calidad ambiental, los directores y los técnicos de la Dirección Nacional de la Contaminación Ambiental, responsables del proyecto minero Mirador, en funciones en el período 2009 al 2011, inobservan el artículo 313 de la Constitución, al no verificar que el titular minero de las concesiones del proyecto Mirador efectúe procesos transparentes de negociación de tierras y al delegar la solución de un conflicto socio ambiental en forma definitiva a una entidad privada con claros intereses particulares, afectando derechos ciudadanos”.
Además que: “El Subsecretario de Calidad Ambiental y los técnicos del Ministerio del Ambiente de Quito, en el período 2009 al 2011, responsables del proyecto minero Mirador, inobservaron el artículo 91 de la Ley de Minería, el artículo 14 literal C del Decreto Ejecutivo 1040, al no tomar acciones en el tratamiento de las denuncias realizadas por los finqueros perjudicados por la compañía minera Ecua Corriente, ha dejado que el conflicto socio – ambiental, continúe hasta la actualidad sin una solución definitiva”.
Desaparece pueblo
La pequeña localidad de San Marcos, en la parte baja del área minera, ahora luce abandonada, algunos juegos infantiles aún subsisten en medio de la elevada maleza. Mientras las únicas edificaciones que tienen vida son la escuela Tres de Noviembre y la casa de Julia Ordóñez, una anciana que vive en el sector desde hace 40 años.
Ordóñez también vendió su lote y finca, permanece en su casa aunque sabe que tendrá que abandonar el lugar por ya los predios le pertenecen a ECSA. En la escuela quedan ocho niños, algunos de finqueros a quienes se les ha intentado prohibir que inscriban a sus niños bajo el argumento de que ya no tienen sus fincas.
El plantel educativo, el parque y la capilla son los predios que no constan como propiedad de la empresa extranjera porque quien asignó las 4 hectáreas para la creación del pueblo de San Marcos no entregó escrituras. El 25 de abril habrá una reunión de los ex habitantes que ahora radican en Gualaquiza, en San Marcos, con motivo de las fiestas patronales, para el efecto se ha invitado al arzobispo de Zamora Chinchipe a quien se le expondrá la situación de inconformidad. Mientras tanto al igual que en el resto de terrero, en este pueblo casi fantasma también están los letreros de “propiedad privada ECSA”.
DATOS
• Patricio Viteri, ex gerente de Ambiente y Relaciones Comunitarias de la empresa ECSA, sostiene que en el plan de Manejo Ambiental se incluyó un segmento relacionado con el proceso de negociación de los terrenos en el que se planteaba una negociación colectiva con los finqueros parque el pago de un precio justo, así lo aprobó el Ministerio del Ambiente, pero o se aplicó ya que se negoció individualmente por lo que su desacuerdo fue expuesto por escrito a la gerencia general de la minera.
• Ingresar a la zona minera genera una sensación de estar en algo prohibido; pese a que se trata de una carretera lastrada hecha por los finqueros y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ahora hay letreros que advierten de estar e una propiedad privada e incluso una cadena a donde sólo se pudo ingresar gracias a uno de los dueños de una finca que está en el área posterior, la cual aún no ha sido vendida. Incluso un guardia, persiguió en vehículo al carro de los comuneros y su ocupante exigía que se abandone el lugar ya que estaba prohibido estar allí.
El Mercurio
