Manuel Chiriboga Vegamchiriboga@rimisp.org
Me parece difícil entender muchos de los comportamientos políticos del Gobierno, sin pensar en las elecciones del 2013. El presidente Correa puede pensar que él será re-elegido, pero no tiene seguridad de que Alianza PAIS pueda consolidar una cómoda mayoría parlamentaria. Un resultado adverso afectará su acción gubernamental en el segundo periodo y medio (2013-2017). ¿Cómo interpretar de otra manera algunos actos de la semana?
El presidente Correa llega a las dos de la mañana del día jueves a la distante parroquia Nuevo Paraíso en la provincia de Zamora Chinchipe, a una reunión de una lista electoral que compite por la elección de la junta parroquial con otra, apoyada por el prefecto y dirigente de Pachakutik, Salvador Quishpe. Se trata de una parroquia con 374 electores. El trasfondo es el conflicto en torno a hacer o no minería de gran escala en dicha zona, pero en términos políticos tiene que ver con coaliciones favorables o contrarias a ella. Esta fue la base de la oposición que tuvo la consulta electoral de mayo y de la derrota del Gobierno en las provincias amazónicas del sur. La presencia presidencial apuesta a revertir aquello.
¿Pueden entenderse de otra manera las acciones legales tomadas contra Mónica Chuji, primera secretaria de Comunicación del Gobierno, por el secretario de la Administración, Vinicio Alvarado, y que ha culminado en su condena a un pago de cien mil dólares y un año de prisión, en un juicio penal por injuria que recibió el apoyo visible del presidente y de varios ministros? No importa que le haya perdonado, el mensaje es amedrentar a líderes de la oposición, políticos o sociales, pero con legitimidad y prestigio, justamente en aquellas zonas donde perdieron la consulta. Nótese que al mismo tiempo se ha mantenido la campaña radial contra Alberto Acosta, tratando de vincularle, por medio de un argumento, verdadero acto de gimnasia publicitaria, con Lucio Gutiérrez. Me parece que la idea es asustar a posibles disidentes. Más aún, la acusación y prisión de un tuitero proyecta la imagen de que nadie está a salvo del largo brazo gubernamental, incluso en las casi anónimas redes sociales.
Las acciones contra la prensa pueden leerse también en términos de cerrar canales y espacios de expresión de voces contrarias al presidente, que realizan una lectura diferente sobre los hechos y acciones del Gobierno, que dan espacio a las figuras de oposición, que ponen en evidencia los problemas de transparencia y acceso a información pública. A ello se unen los juicios, cadenas ad-hoc y la publicidad poco ética contra periodistas de intachable credencial democrática. Al mismo tiempo, la prensa gubernamental, lamentablemente no pública, ataca con renovado brío a los medios independientes.
Este conjunto de hechos hacen pensar que los preparativos de la campaña para el 2013 va por el lado de sus peores prácticas del comportamiento presidencial. Ellas no dejan de generar un ambiente de temor y miedo. Me habría gustado pensar que la preparación de la campaña hubiese significado más bien un esfuerzo redoblado en aquellos aspectos en que el Gobierno hace bien las cosas, como el incremento de la inversión social, la renovación de la infraestructura y en la calidad del servicio público o en aquellos donde el ofrecimiento es sacrificado por medidas contradictorias, como la reactivación productiva. La racionalidad pública naufraga frente a las necesidades de lo político electoral. Una verdadera pena.
El Universo
El presidente Correa llega a las dos de la mañana del día jueves a la distante parroquia Nuevo Paraíso en la provincia de Zamora Chinchipe, a una reunión de una lista electoral que compite por la elección de la junta parroquial con otra, apoyada por el prefecto y dirigente de Pachakutik, Salvador Quishpe. Se trata de una parroquia con 374 electores. El trasfondo es el conflicto en torno a hacer o no minería de gran escala en dicha zona, pero en términos políticos tiene que ver con coaliciones favorables o contrarias a ella. Esta fue la base de la oposición que tuvo la consulta electoral de mayo y de la derrota del Gobierno en las provincias amazónicas del sur. La presencia presidencial apuesta a revertir aquello.
¿Pueden entenderse de otra manera las acciones legales tomadas contra Mónica Chuji, primera secretaria de Comunicación del Gobierno, por el secretario de la Administración, Vinicio Alvarado, y que ha culminado en su condena a un pago de cien mil dólares y un año de prisión, en un juicio penal por injuria que recibió el apoyo visible del presidente y de varios ministros? No importa que le haya perdonado, el mensaje es amedrentar a líderes de la oposición, políticos o sociales, pero con legitimidad y prestigio, justamente en aquellas zonas donde perdieron la consulta. Nótese que al mismo tiempo se ha mantenido la campaña radial contra Alberto Acosta, tratando de vincularle, por medio de un argumento, verdadero acto de gimnasia publicitaria, con Lucio Gutiérrez. Me parece que la idea es asustar a posibles disidentes. Más aún, la acusación y prisión de un tuitero proyecta la imagen de que nadie está a salvo del largo brazo gubernamental, incluso en las casi anónimas redes sociales.
Las acciones contra la prensa pueden leerse también en términos de cerrar canales y espacios de expresión de voces contrarias al presidente, que realizan una lectura diferente sobre los hechos y acciones del Gobierno, que dan espacio a las figuras de oposición, que ponen en evidencia los problemas de transparencia y acceso a información pública. A ello se unen los juicios, cadenas ad-hoc y la publicidad poco ética contra periodistas de intachable credencial democrática. Al mismo tiempo, la prensa gubernamental, lamentablemente no pública, ataca con renovado brío a los medios independientes.
Este conjunto de hechos hacen pensar que los preparativos de la campaña para el 2013 va por el lado de sus peores prácticas del comportamiento presidencial. Ellas no dejan de generar un ambiente de temor y miedo. Me habría gustado pensar que la preparación de la campaña hubiese significado más bien un esfuerzo redoblado en aquellos aspectos en que el Gobierno hace bien las cosas, como el incremento de la inversión social, la renovación de la infraestructura y en la calidad del servicio público o en aquellos donde el ofrecimiento es sacrificado por medidas contradictorias, como la reactivación productiva. La racionalidad pública naufraga frente a las necesidades de lo político electoral. Una verdadera pena.
El Universo
