El 7 de mayo de 2011, las y los ecuatorianos acudimos a las urnas a votar sobre las preguntas que el Presidente de la República nos planteó como referéndum y consulta popular. Durante la campaña se hicieron muchas ofertas sobre las supuestas transformaciones inmediatas que la Consulta provocaría, un año después se deben evaluar sus resultados:
La Consulta y la seguridad ciudadana: es urgente contar con información oficial, pública, permanente que nos permita comprender qué pasa con la seguridad, cómo cambian los comportamientos y las cifras, y cómo se explica su aumento o disminución.
No existen datos suficientes para comparar los períodos de antes y después de la Consulta; el Ministro del Interior ha anunciado un descenso en el índice de homicidios, pero nos encontramos con la dificultad de que las cifras que nos presentan diferentes instituciones del Estado no son las mismas. De todas formas, en el Ecuador de hoy, respecto de la seguridad ciudadana, tenemos el doble de posibilidades de morir en un accidente de tránsito que a manos de la delincuencia (muertos en accidentes de tránsito se duplicaron el año pasado).
La seguridad sigue siendo la principal preocupación de los ecuatorianos y ecuatorianas y aunque se han tomado una serie de medidas –que merecen su propio análisis- ninguna de ellas son consecuencia directa de la Consulta Popular. Es decir, no se necesitaba la Consulta Popular para enfrentar el tema seguridad.
Nuevos delitos: en la Consulta, a través de preguntas imprecisas, se propuso la creación de nuevos tipos penales; ni uno solo de ellos está hoy vigente en la legislación nacional. Es sencillo: para tipificar una conducta en el Código Penal se requiere un trámite en la Asamblea y 63 votos, no Consulta Popular. Si la propuesta penal hubiese sido clara, la pregunta debió ser sobre la aprobación directa de artículos, como lo hicieron con cincuenta reformas incorporadas como anexos. Queda claro entonces que la consulta popular no fue para tipificar el enriquecimiento privado, ni la falta de afiliación al IESS.
Ley de comunicación y Consejo de Regulación: como en el caso de los delitos, la Consulta Popular no tuvo ningún efecto. Aprobar una ley exige, al menos, 63 votos (que al parecer no existen para este proyecto). Si el Presidente así lo hubiese querido, la pregunta al país debió ser aprobar o no este proyecto de ley y desde hace muchos meses estaría vigente; y aunque este fue uno más de los ganchos publicitarios de la Consulta, el proyecto presenta aún cambios, demostrando que no existen acuerdos ni siquiera dentro del Ejecutivo y el bloque oficialista, menos con otros sectores.
Casinos: el cierre de los casinos en el Ecuador se hizo a través de Decreto Ejecutivo, y aún no se ha tipificado la conducta, así que en las supuestas detenciones o clausuras de locales clandestinos la verdad es que no hay tipo penal por el cual sancionar a nadie. Nuevamente: la Consulta no tipificó un delito, sólo recogió la opinión de la ciudadanía. El Presidente ordenó en un Decreto el cierre de casinos y para emitir ese decreto no era necesaria la Consulta Popular. Varios miles de personas se quedaron sin sus puestos de trabajo, se han retirado algunas inversiones extranjeras y debemos esperar para comprobar si el cierre de casinos tiene repercusión directa en evitar el lavado de activos en el país.
La supuesta protección de los animales: una de las preguntas más debatidas y más manipuladas en la Consulta fue la supuesta protección de la vida animal. Durante la misma campaña se identificaron posibles problemas y rápidamente se usó un doble estándar, la Consulta prohibiría –cantonalmente- ciertos espectáculos, pero otros no (“los gallitos seguirán” decía la campaña del Gobierno).
Un año después, las ferias taurinas se han realizado en absolutamente todos los cantones en donde solían hacerse, y en todos los casos los toros de lidia han muerto, la única consecuencia de la Consulta es que no mueran en la arena.
Mientras tanto, luego de habernos enfrentado durante meses hablando de los toros, ha sido imposible que el Movimiento PAIS debata sobre la explotación del Bloque 31 o la institucionalidad del Ministerio del Ambiente y las políticas ambientales del país que es en donde de verdad se juegan las políticas de protección de la biodiversidad.
Entonces, ¿para qué sirvió la consulta?
La Consulta sirvió básicamente para dos cosas: hacer casi imposible la venta de los canales nacionales hoy en manos del Estado, y tomar control de la justicia. Los dos objetivos se han cumplido.
Una de las preguntas proponía la prohibición de otras actividades económicas a quienes tuvieran acciones en medios de comunicación, las condiciones y porcentaje de propiedad de acciones no se han fijado por ley sino por simple resolución de la Superintendencia, eso le da aún mayor riesgo a posibles compradores. La consecuencia directa será el poco o ningún interés en comprar esos canales de televisión y por lo tanto el gobierno seguirá “administrándolos” y definiendo su línea editorial. Eso quiere decir que, de siete canales nacionales, el Gobierno tiene tres y uno de televisión por cable, todo lo contrario a la pluralidad de fuentes que la libertad de información y comunicación exige.
En el tema restructuración de la justicia, hay dos grandes cambios: ha crecido la influencia y el control político en ese sector y se le han asignado 300 millones de dólares adicionales y, obviamente, ambos temas se notan!
Hay una fuerte inversión en infraestructura física y tecnológica en el sector justicia y se ha incrementado el número de jueces. Todas cosas importantes y para ninguna de ellas se requerían Consulta Popular o reforma constitucional.
La reforma del sector justicia ha estado fuertemente marcada por procesos judiciales – políticos:
A estos episodios habría que sumar las denuncias cada vez más frecuentes en contra de Fernando Yavar, vocal del Consejo de la Judicatura de Transición.
Todo indica que el objetivo de tomar el control de la justicia también se cumplió. Queda preguntarnos en beneficio de quién o quiénes.
La Consulta y la seguridad ciudadana: es urgente contar con información oficial, pública, permanente que nos permita comprender qué pasa con la seguridad, cómo cambian los comportamientos y las cifras, y cómo se explica su aumento o disminución.
No existen datos suficientes para comparar los períodos de antes y después de la Consulta; el Ministro del Interior ha anunciado un descenso en el índice de homicidios, pero nos encontramos con la dificultad de que las cifras que nos presentan diferentes instituciones del Estado no son las mismas. De todas formas, en el Ecuador de hoy, respecto de la seguridad ciudadana, tenemos el doble de posibilidades de morir en un accidente de tránsito que a manos de la delincuencia (muertos en accidentes de tránsito se duplicaron el año pasado).
La seguridad sigue siendo la principal preocupación de los ecuatorianos y ecuatorianas y aunque se han tomado una serie de medidas –que merecen su propio análisis- ninguna de ellas son consecuencia directa de la Consulta Popular. Es decir, no se necesitaba la Consulta Popular para enfrentar el tema seguridad.
Nuevos delitos: en la Consulta, a través de preguntas imprecisas, se propuso la creación de nuevos tipos penales; ni uno solo de ellos está hoy vigente en la legislación nacional. Es sencillo: para tipificar una conducta en el Código Penal se requiere un trámite en la Asamblea y 63 votos, no Consulta Popular. Si la propuesta penal hubiese sido clara, la pregunta debió ser sobre la aprobación directa de artículos, como lo hicieron con cincuenta reformas incorporadas como anexos. Queda claro entonces que la consulta popular no fue para tipificar el enriquecimiento privado, ni la falta de afiliación al IESS.
Ley de comunicación y Consejo de Regulación: como en el caso de los delitos, la Consulta Popular no tuvo ningún efecto. Aprobar una ley exige, al menos, 63 votos (que al parecer no existen para este proyecto). Si el Presidente así lo hubiese querido, la pregunta al país debió ser aprobar o no este proyecto de ley y desde hace muchos meses estaría vigente; y aunque este fue uno más de los ganchos publicitarios de la Consulta, el proyecto presenta aún cambios, demostrando que no existen acuerdos ni siquiera dentro del Ejecutivo y el bloque oficialista, menos con otros sectores.
Casinos: el cierre de los casinos en el Ecuador se hizo a través de Decreto Ejecutivo, y aún no se ha tipificado la conducta, así que en las supuestas detenciones o clausuras de locales clandestinos la verdad es que no hay tipo penal por el cual sancionar a nadie. Nuevamente: la Consulta no tipificó un delito, sólo recogió la opinión de la ciudadanía. El Presidente ordenó en un Decreto el cierre de casinos y para emitir ese decreto no era necesaria la Consulta Popular. Varios miles de personas se quedaron sin sus puestos de trabajo, se han retirado algunas inversiones extranjeras y debemos esperar para comprobar si el cierre de casinos tiene repercusión directa en evitar el lavado de activos en el país.
La supuesta protección de los animales: una de las preguntas más debatidas y más manipuladas en la Consulta fue la supuesta protección de la vida animal. Durante la misma campaña se identificaron posibles problemas y rápidamente se usó un doble estándar, la Consulta prohibiría –cantonalmente- ciertos espectáculos, pero otros no (“los gallitos seguirán” decía la campaña del Gobierno).
Un año después, las ferias taurinas se han realizado en absolutamente todos los cantones en donde solían hacerse, y en todos los casos los toros de lidia han muerto, la única consecuencia de la Consulta es que no mueran en la arena.
Mientras tanto, luego de habernos enfrentado durante meses hablando de los toros, ha sido imposible que el Movimiento PAIS debata sobre la explotación del Bloque 31 o la institucionalidad del Ministerio del Ambiente y las políticas ambientales del país que es en donde de verdad se juegan las políticas de protección de la biodiversidad.
Entonces, ¿para qué sirvió la consulta?
La Consulta sirvió básicamente para dos cosas: hacer casi imposible la venta de los canales nacionales hoy en manos del Estado, y tomar control de la justicia. Los dos objetivos se han cumplido.
Una de las preguntas proponía la prohibición de otras actividades económicas a quienes tuvieran acciones en medios de comunicación, las condiciones y porcentaje de propiedad de acciones no se han fijado por ley sino por simple resolución de la Superintendencia, eso le da aún mayor riesgo a posibles compradores. La consecuencia directa será el poco o ningún interés en comprar esos canales de televisión y por lo tanto el gobierno seguirá “administrándolos” y definiendo su línea editorial. Eso quiere decir que, de siete canales nacionales, el Gobierno tiene tres y uno de televisión por cable, todo lo contrario a la pluralidad de fuentes que la libertad de información y comunicación exige.
En el tema restructuración de la justicia, hay dos grandes cambios: ha crecido la influencia y el control político en ese sector y se le han asignado 300 millones de dólares adicionales y, obviamente, ambos temas se notan!
Hay una fuerte inversión en infraestructura física y tecnológica en el sector justicia y se ha incrementado el número de jueces. Todas cosas importantes y para ninguna de ellas se requerían Consulta Popular o reforma constitucional.
La reforma del sector justicia ha estado fuertemente marcada por procesos judiciales – políticos:
- En los últimos días de su actuación, la Corte Nacional declaró la nulidad en el caso del ex vicepresidente Dahik poco después de que el Presidente afirmara en su enlace semanal que para él Dahik es una persona honesta;
- Luego, el Consejo de la Judicatura destituyó a la Presidenta de la Corte Provincial de Guayas por haberse referido a los jueces temporales como “jueces golondrinas” en relación al Caso El Universo;
- La nueva Corte Nacional, de la nueva era, de la nueva justicia en el Ecuador, con más de 10.000 causas pendientes, resolvió entre sus primeras causas una querella privada del Presidente Rafael Correa contra Diario El Universo (evidentemente la resolvió a favor del Presidente);
- El Ministerio de Justicia se convirtió públicamente en un actor del sistema al acusar de falta gravísima al tribunal que absolvió al Coronel Carrión (y el Consejo de la Judicatura destituyó a los tres jueces).
A estos episodios habría que sumar las denuncias cada vez más frecuentes en contra de Fernando Yavar, vocal del Consejo de la Judicatura de Transición.
Todo indica que el objetivo de tomar el control de la justicia también se cumplió. Queda preguntarnos en beneficio de quién o quiénes.
