Un nuevo conflicto se abre entre el Gobierno y las organizaciones indígenas. Esta vez por la defensa del agua y el rechazo a la minería. La realización de la consulta en las parroquias Victoria del Portete y Tarqui, en Azuay, en la cual los habitantes se opusieron a la minería, motiva la polémica.
Para Wilson Pástor, ministro de Recursos Naturales No Renovables, ese tipo de consultas es una "pantomima que no tiene validez".
Sus argumentos para descalificar el mecanismo son simples: es el Gobierno el que tiene la atribución exclusiva de organizar consultas, según la Constitución, y la que se hizo en el Azuay fue iniciativa de una organización privada y tuvo una pregunta direccionada.
El ministro suma que el proceso es impulsado por "conocidos activistas contrarios a la minería, como el señor Carlos Pérez, al igual que los opositores clásicos al Gobierno como la asambleísta Lourdes Tibán o Humberto Cholango".
Y pese a que la consulta arrojó que el 92,3% de los votantes se pronunció por el rechazo a la minería (y solo el 4,5% a favor de ella), para Pástor no deja de ser un triunfo que parroquias como El Cisne, Tamiloma, Santa Lucrecia y San José hayan desconocido esos resultados, así como el alcalde de Cuenca, Paúl Granda.
La posición de Pástor no sorprendió a la dirigencia campesina del Azuay y a la Conaie. Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente de la Ecuarunari, Delfín Tenesaca, quien aclaró que lo que se realizó el domingo no fue una consulta popular.
"Sí sabemos leer y escribir", dijo Tenesaca al conocer la reacción de Wilson Pástor. La consulta del domingo –dijo respondiéndole– fue una consulta comunitaria. Es válida para las comunidades indígenas en ejercicio de su derecho a la autodeterminación. No es, entonces, una consulta prelegislativa, que es a la que se refiere la Constitución y cuya atribución y obligación pertenece al Gobierno.
Pero Humberto Cholango, titular de la Conaie, no está convencido de que el Gobierno tenga legitimidad suficiente para hacer la consulta en el tema minero. Según él, el proceso puede perder credibilidad porque el Gobierno es parte interesada y busca abrir más áreas a la explotación minera. Por eso sostiene que la única opción que queda es que se expida una ley que regule las consultas prelegislativas.
Antes de que esto pase, Cholango dio por sentado el resultado de la consulta del domingo. Y pidió que el presidente Correa lo respete, sobre la base del convenio 169 de la OIT, que obliga a acoger los pronunciamientos de los pueblos sobre temas que los afectan.
Ese es el argumento que la Conaie usará también para realizar consultas similares en otras partes del país donde hay conflictos por la aplicación de políticas y planes del Gobierno, como la reforma agraria, el manejo del agua, etc. Solo en la provincia del Azuay se analiza la realización de dos o tres consultas adicionales.
Por eso criticó la posición de Pástor: "Nosotros queremos que la ciudadanía se dé cuenta que el Gobierno plantea, con la minería, un desarrollo inhumano que va en contravía al buen vivir y no contribuye a la paz interna".
Carlos Pérez, presidente de la Federación de Comunidades Campesinas del Azuay, cree que el resultado de la consulta es de cumplimiento obligatorio. Y anunció que los resultados serán entregados el jueves a las autoridades locales, provinciales y a la Asamblea Nacional. No le preocupa que el Gobierno desconozca el resultado de la consulta. Para él, el proceso ha ayudado a fortalecer a las organizaciones campesinas e indígenas, organizadas en el sector desde hace nueve años, para defender las fuentes de agua. Por eso, según él, ahora para que hagan minería en Quimsacocha "las aguas cristalinas de nuestros ríos tendrán que mancharse de sangre".
Fuente: ecuadorenvivo.com
Para Wilson Pástor, ministro de Recursos Naturales No Renovables, ese tipo de consultas es una "pantomima que no tiene validez".
Sus argumentos para descalificar el mecanismo son simples: es el Gobierno el que tiene la atribución exclusiva de organizar consultas, según la Constitución, y la que se hizo en el Azuay fue iniciativa de una organización privada y tuvo una pregunta direccionada.
El ministro suma que el proceso es impulsado por "conocidos activistas contrarios a la minería, como el señor Carlos Pérez, al igual que los opositores clásicos al Gobierno como la asambleísta Lourdes Tibán o Humberto Cholango".
Y pese a que la consulta arrojó que el 92,3% de los votantes se pronunció por el rechazo a la minería (y solo el 4,5% a favor de ella), para Pástor no deja de ser un triunfo que parroquias como El Cisne, Tamiloma, Santa Lucrecia y San José hayan desconocido esos resultados, así como el alcalde de Cuenca, Paúl Granda.
La posición de Pástor no sorprendió a la dirigencia campesina del Azuay y a la Conaie. Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente de la Ecuarunari, Delfín Tenesaca, quien aclaró que lo que se realizó el domingo no fue una consulta popular.
"Sí sabemos leer y escribir", dijo Tenesaca al conocer la reacción de Wilson Pástor. La consulta del domingo –dijo respondiéndole– fue una consulta comunitaria. Es válida para las comunidades indígenas en ejercicio de su derecho a la autodeterminación. No es, entonces, una consulta prelegislativa, que es a la que se refiere la Constitución y cuya atribución y obligación pertenece al Gobierno.
Pero Humberto Cholango, titular de la Conaie, no está convencido de que el Gobierno tenga legitimidad suficiente para hacer la consulta en el tema minero. Según él, el proceso puede perder credibilidad porque el Gobierno es parte interesada y busca abrir más áreas a la explotación minera. Por eso sostiene que la única opción que queda es que se expida una ley que regule las consultas prelegislativas.
Antes de que esto pase, Cholango dio por sentado el resultado de la consulta del domingo. Y pidió que el presidente Correa lo respete, sobre la base del convenio 169 de la OIT, que obliga a acoger los pronunciamientos de los pueblos sobre temas que los afectan.
Ese es el argumento que la Conaie usará también para realizar consultas similares en otras partes del país donde hay conflictos por la aplicación de políticas y planes del Gobierno, como la reforma agraria, el manejo del agua, etc. Solo en la provincia del Azuay se analiza la realización de dos o tres consultas adicionales.
Por eso criticó la posición de Pástor: "Nosotros queremos que la ciudadanía se dé cuenta que el Gobierno plantea, con la minería, un desarrollo inhumano que va en contravía al buen vivir y no contribuye a la paz interna".
Carlos Pérez, presidente de la Federación de Comunidades Campesinas del Azuay, cree que el resultado de la consulta es de cumplimiento obligatorio. Y anunció que los resultados serán entregados el jueves a las autoridades locales, provinciales y a la Asamblea Nacional. No le preocupa que el Gobierno desconozca el resultado de la consulta. Para él, el proceso ha ayudado a fortalecer a las organizaciones campesinas e indígenas, organizadas en el sector desde hace nueve años, para defender las fuentes de agua. Por eso, según él, ahora para que hagan minería en Quimsacocha "las aguas cristalinas de nuestros ríos tendrán que mancharse de sangre".
Fuente: ecuadorenvivo.com
