La consulta comunitaria en Quimsacocha (Azuay), que se saldó con un No a la minería, se vuelve un tema molesto para el Gobierno y sus diputados.
Al oficialismo no le cayó en gracia que los sectores que se oponen a la minería hayan consultado a la gente, una acción que Alianza País ha defendido desde el 2007.
Por este motivo, quienes cuestionan la política minera oficial reprochan al Ejecutivo su deseo de deslegitimar la expresión ciudadana de Quimsacocha.
Alberto Acosta, ex ministro de Energía y ex presidente de la Asamblea Constituyente, dice que se trata de una consulta comunitaria y recuerda que la Constitución de Montecristi garantiza la organización y la participación ciudadana. “No entiendo por qué tanto nerviosismo en las filas del Gobierno. Si el pueblo se pronuncia, hay que escucharlo. De eso se trata la democracia”.
También anticipa que el pronunciamiento de la población de Quimsacocha es “apenas el inicio” de un proceso de movilización y protesta social, que enfrentarán la imposición de la minería metálica a gran escala y a cielo abierto. “Esto recién empieza”.
Otros sectores aún son más radicales y señalan que la validez de la consulta previa en Quimsacocha no está en duda. Así lo señala Gerónimo Yantalema, asambleísta del MPD-Pachakutik. Y para sustentar esta postura pide revisar el art. 57, numeral 7 de la Constitución, que señala que los pueblos y nacionalidades serán consultados cuando una medida pueda afectar a sus derechos.
Sin embargo, desde el Congreso y Carondelet se cuestiona la legitimidad y legalidad de esa consulta. El asambleísta Rolando Panchana, titular de la Comisión de Biodiversidad, dice que es “una iniciativa de un grupo que está al margen de la Ley y que tiene algún interés creado”.
Su postura se fundamenta en el art. 398 de la Constitución, el cual precisa que el Estado hace consultas en temas de recursos naturales no renovables.
“¿Quién hizo el padrón? ¿Quién vigiló el proceso?”, cuestiona el legislador, que no acepta que 98,3% de 1 037 votantes de 1 500 usuarios del sistema comunitario de agua potable no acepte la explotación minera en Quimsacocha.
El oficialista Jaime Abril también rechaza la consulta. Apunta que para ser considerada válida debió ser organizada por el Consejo Nacional Electoral. Este es el argumento que el sábado repitió Rafael Correa, quien subrayó que solo él tiene la potestad de fijar la política minera en el país y que los mentalizadores de la consulta carecen de representatividad. Por eso, desde A. País se acusa a dirigentes de Pachakutik y a los organizadores de la consulta de buscar causar dolores de cabeza al Gobierno y de hacer “bulla con fines electorales”.
Fuente: El Comercio
Al oficialismo no le cayó en gracia que los sectores que se oponen a la minería hayan consultado a la gente, una acción que Alianza País ha defendido desde el 2007.
Por este motivo, quienes cuestionan la política minera oficial reprochan al Ejecutivo su deseo de deslegitimar la expresión ciudadana de Quimsacocha.
Alberto Acosta, ex ministro de Energía y ex presidente de la Asamblea Constituyente, dice que se trata de una consulta comunitaria y recuerda que la Constitución de Montecristi garantiza la organización y la participación ciudadana. “No entiendo por qué tanto nerviosismo en las filas del Gobierno. Si el pueblo se pronuncia, hay que escucharlo. De eso se trata la democracia”.
También anticipa que el pronunciamiento de la población de Quimsacocha es “apenas el inicio” de un proceso de movilización y protesta social, que enfrentarán la imposición de la minería metálica a gran escala y a cielo abierto. “Esto recién empieza”.
Otros sectores aún son más radicales y señalan que la validez de la consulta previa en Quimsacocha no está en duda. Así lo señala Gerónimo Yantalema, asambleísta del MPD-Pachakutik. Y para sustentar esta postura pide revisar el art. 57, numeral 7 de la Constitución, que señala que los pueblos y nacionalidades serán consultados cuando una medida pueda afectar a sus derechos.
Sin embargo, desde el Congreso y Carondelet se cuestiona la legitimidad y legalidad de esa consulta. El asambleísta Rolando Panchana, titular de la Comisión de Biodiversidad, dice que es “una iniciativa de un grupo que está al margen de la Ley y que tiene algún interés creado”.
Su postura se fundamenta en el art. 398 de la Constitución, el cual precisa que el Estado hace consultas en temas de recursos naturales no renovables.
“¿Quién hizo el padrón? ¿Quién vigiló el proceso?”, cuestiona el legislador, que no acepta que 98,3% de 1 037 votantes de 1 500 usuarios del sistema comunitario de agua potable no acepte la explotación minera en Quimsacocha.
El oficialista Jaime Abril también rechaza la consulta. Apunta que para ser considerada válida debió ser organizada por el Consejo Nacional Electoral. Este es el argumento que el sábado repitió Rafael Correa, quien subrayó que solo él tiene la potestad de fijar la política minera en el país y que los mentalizadores de la consulta carecen de representatividad. Por eso, desde A. País se acusa a dirigentes de Pachakutik y a los organizadores de la consulta de buscar causar dolores de cabeza al Gobierno y de hacer “bulla con fines electorales”.
Fuente: El Comercio
