por David Ochoa
El pasado martes, Correa explicaba a los periodistas de Guayaquil sobre su visita al Hospital del Suburbio, hasta que alguien le preguntó por Quimsacocha. Luego le preguntaron por Ecudos y respondió sobre Quimsacocha. Sobre el paro de la UNE, comenzó mencionando a Quimsacocha. Y sobre el paro de transportistas: Quimsacocha también. Y también su consulta. ¿Qué es lo que tiene Quimsacocha?
Quimsacocha, que en kichwa significa tres lagunas (tres “cochas”) tiene oro. Y bastante. No sorprende, entonces, que sea un tema muy relevante para el Presidente. El pasado domingo en esa pequeña localidad, agrupaciones contrarias a la minería organizaron una suerte de “consulta popular” para preguntar sobre uno de los proyectos mineros más emblemáticos del país se ubica en esta pequeña y alejada parroquia rural del cantón Cuenca, en Azuay.
Las organizaciones usuarias de agua (de riego y de consumo) agrupadas en el Sistema de Agua “Victoria de Portete y Tarqui” organizaron la consulta popular que preguntaba: “¿Está de acuerdo con la explotación minera en fuentes de agua (Quimsacocha)?” Estaban habilitados para votar 1.500 electores, de los cuales sufragaron 1.037 personas. De ellas, 958 votaron “No”. A favor estuvieron 47 personas, votaron blanco 18 personas y 14 anularon su voto.
Como “observadores” del proceso estuvieron: un representante de Observatorio de Conflictos Mineros para América Latina, un periodista vasco y una académica brasileña, así como líderes de la CONAIE y Pachakutik. El resultado (92% en contra de la minería) será enviado a las autoridades ecuatoriaa, así como a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que promueve el Convenio 169 sobre derechos de pueblos y nacionalidades indígenas. Uno de los puntales de dicho convenio es el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre temas que les afecten directamente.
En la Asamblea de Montecristi se debatió con fuerza sobre el efecto de esta consulta previa. Mónica Chuji y asambleístas de Pachakutik defendían que la consulta debía ser vinculante. Alianza País insistió que la consulta sea previa, libre e informada, pero su efecto sea referencial para la autoridad. Prevaleció la tesis de Alianza País en la Constitución (art. 398), pero según algunas interpretaciones, el Convenio 169 ya exige el consentimiento previo de los indígenas afectados para llevar a cabo el proyecto en cuestión.
Enseguida la Función Ejecutiva y la Función Electoral salieron a rechazar la consulta realizada:que la consulta no fue organizada por la institución pública responsable, que la pregunta era inductiva, la selección de los electores fue sesgada, inconvenientes el día de la elección, parcialidad del organizador y de los observadores, etc. Sin embargo, aún la OIT no se ha pronunciado. Esta consulta puede detener o demorar el proyecto minero a cargo de I Am Gold (canadiense).
Por el momento, el Prefecto de Azuay ha acudido a la Corte Constitucional para obtener la competencia para emitir la autorización ambiental para explotar el proyeto. El concejo municipal de Cuenca, de su lado, ha pedido suspender la actividad minera hasta que se realicen los estudios que confirmen que el proyecto no afecta las cuencas hidrográficas del sector.
Es indispensable que se relice la consulta previa a las comunidades, sin los vicios y sesgos de la consulta ya realizada, y que se tomen en cuenta los resultados, para disminuir al máximo cualquier riesgo. Sin embargo, el gobierno tiene un punto muy importante: este tipo de decisiones deben ser tomadas por toda la sociedad, por su importancia y el destino de los recursos (proveer de salud y educación a toda la población, no sólo a la comunidad cercana). El Gobierno ve con preocupación que se permita que un grupo reducido de la población adopte decisiones que afectan a todo el país.
Fuente: La República
El pasado martes, Correa explicaba a los periodistas de Guayaquil sobre su visita al Hospital del Suburbio, hasta que alguien le preguntó por Quimsacocha. Luego le preguntaron por Ecudos y respondió sobre Quimsacocha. Sobre el paro de la UNE, comenzó mencionando a Quimsacocha. Y sobre el paro de transportistas: Quimsacocha también. Y también su consulta. ¿Qué es lo que tiene Quimsacocha?
Quimsacocha, que en kichwa significa tres lagunas (tres “cochas”) tiene oro. Y bastante. No sorprende, entonces, que sea un tema muy relevante para el Presidente. El pasado domingo en esa pequeña localidad, agrupaciones contrarias a la minería organizaron una suerte de “consulta popular” para preguntar sobre uno de los proyectos mineros más emblemáticos del país se ubica en esta pequeña y alejada parroquia rural del cantón Cuenca, en Azuay.
Las organizaciones usuarias de agua (de riego y de consumo) agrupadas en el Sistema de Agua “Victoria de Portete y Tarqui” organizaron la consulta popular que preguntaba: “¿Está de acuerdo con la explotación minera en fuentes de agua (Quimsacocha)?” Estaban habilitados para votar 1.500 electores, de los cuales sufragaron 1.037 personas. De ellas, 958 votaron “No”. A favor estuvieron 47 personas, votaron blanco 18 personas y 14 anularon su voto.
Como “observadores” del proceso estuvieron: un representante de Observatorio de Conflictos Mineros para América Latina, un periodista vasco y una académica brasileña, así como líderes de la CONAIE y Pachakutik. El resultado (92% en contra de la minería) será enviado a las autoridades ecuatoriaa, así como a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que promueve el Convenio 169 sobre derechos de pueblos y nacionalidades indígenas. Uno de los puntales de dicho convenio es el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre temas que les afecten directamente.
En la Asamblea de Montecristi se debatió con fuerza sobre el efecto de esta consulta previa. Mónica Chuji y asambleístas de Pachakutik defendían que la consulta debía ser vinculante. Alianza País insistió que la consulta sea previa, libre e informada, pero su efecto sea referencial para la autoridad. Prevaleció la tesis de Alianza País en la Constitución (art. 398), pero según algunas interpretaciones, el Convenio 169 ya exige el consentimiento previo de los indígenas afectados para llevar a cabo el proyecto en cuestión.
Enseguida la Función Ejecutiva y la Función Electoral salieron a rechazar la consulta realizada:que la consulta no fue organizada por la institución pública responsable, que la pregunta era inductiva, la selección de los electores fue sesgada, inconvenientes el día de la elección, parcialidad del organizador y de los observadores, etc. Sin embargo, aún la OIT no se ha pronunciado. Esta consulta puede detener o demorar el proyecto minero a cargo de I Am Gold (canadiense).
Por el momento, el Prefecto de Azuay ha acudido a la Corte Constitucional para obtener la competencia para emitir la autorización ambiental para explotar el proyeto. El concejo municipal de Cuenca, de su lado, ha pedido suspender la actividad minera hasta que se realicen los estudios que confirmen que el proyecto no afecta las cuencas hidrográficas del sector.
Es indispensable que se relice la consulta previa a las comunidades, sin los vicios y sesgos de la consulta ya realizada, y que se tomen en cuenta los resultados, para disminuir al máximo cualquier riesgo. Sin embargo, el gobierno tiene un punto muy importante: este tipo de decisiones deben ser tomadas por toda la sociedad, por su importancia y el destino de los recursos (proveer de salud y educación a toda la población, no sólo a la comunidad cercana). El Gobierno ve con preocupación que se permita que un grupo reducido de la población adopte decisiones que afectan a todo el país.
Fuente: La República
