El Gobierno ejecuta una estrategia para despejar su camino electoral para el 2013, en aquellas provincias dominadas por la oposición.
Carchi, Sucumbíos, Morona Santiago, la Sierra centro y el Austro son el teatro de estas operaciones políticas que buscan reposicionar a Alianza País. El guión es el mismo: tensión entre el Gobierno y las autoridades locales.
En esa estrategia, el Ministerio de la Política juega un papel clave. Desde sus oficinas se coordinan acciones con instituciones oficialistas provinciales, que apuntan a contrarrestar a organizaciones y gobiernos locales de oposición.
Prueba de ello son algunos documentos del Ministerio de la Política, que han sido filtrados por líderes provinciales de oposición.
El último de esos reportes fue presentado ayer por Salvador Quishpe, prefecto de Zamora y precandidato de Pachakutik.
Ese documento -de 15 páginas- describe medidas que el Gobierno ha trazado para “debilitar” a Quishpe, uno de los opositores visibles a la política minera oficial.
Sin embargo, ya se han filtrado otros informes similares del Ministerio de la Política, que establecen la necesidad de neutralizar a la oposición de cara a las elecciones generales de febrero.
“La oposición está atacando directamente en una línea ofensiva (...) nuestra posición debe ser más ofensiva, no hay que esperar los ataques, nosotros debemos tomar la iniciativa con ataque directo”.
Ese fue uno de los planteamientos del taller de construcción de estrategia “para la Sierra centro”, que fue en julio del año pasado.
Este Diario accedió a 11 documentos, en que se hace un diagnóstico del escenario político en esas provincias y en que se plantea el reto de cambiar la correlación de fuerzas políticas.
Este Diario no pudo recoger la versión del Ministerio de la Política, cuyas autoridades no dan entrevistas a medios privados. Solo se informó que la ministra Betty Tola recorre las provincias. De hecho, ayer, fue a Cañar, donde posesionó a la nueva Gobernadora.
Carchi. La gobernadora Villarreal y el prefecto Yandún anunciaron que se destruirán mutuamente El uso de la palabra ‘destruir’ desató la pugna
En Carchi, la pugna política entre la Gobernación y la Prefectura se hizo evidente a finales del mes pasado.
La implementación de un nuevo sistema de distribución de gas provocó una Asamblea Cantonal en Tulcán. A la protesta se unieron el prefecto, René Yandún; el alcalde de Tulcán, Julio Robles, y el asambleísta, Edwin Vaca, todos opositores al Gobierno.
Carchi es una de las provincias donde el oficialismo perdió en la consulta de mayo del año pasado. En la protesta pedían las salidas de la gobernadora del Carchi, María Helena Villarreal; del jefe político de Tulcán, Julio César Torres, y del director regional de Hidrocarburos, José Franco.
Los dos últimos ya dejaron sus cargos. El Gobierno respaldó a Villarreal. Incluso, en la sabatina del 24 de junio, Rafael Correa dijo que Yandún, quien lleva 10 años en su cargo y ha sido un cuadro de la ID “debe entender, con un poco de esfuerzo, que a la Gobernadora la designa el Presidente”. Además, se mostró un video en el que el personero provincial decía: “Vamos a ver si ella me destruye a mí o yo la destruyo a ella”.
Según Yandún, el extracto publicado en la cadena está descontextualizado porque él hacía referencia a unas declaraciones de Villarreal en las que “ella dice que va a destruir mi imagen política, entonces yo le respondí en ese mismo tono”.
La disputa aumentó cuando Cristian Caiza, de El Ciudadano, entrevistó a Yandún sobre sus declaraciones. Según el comunicador, el término destruir es bélico; de acuerdo a Yandún, la palabra es común en el lenguaje político.
Tras este enfrentamiento, el Prefecto ha estado dos veces en la mira de Correa, quien lo ha calificado de “dinosaurio de la vieja partidocracia”.
Austro. Paúl Carrasco (Azuay), Marcelino Chumpi (Morona S. ) y Salvador Quishpe ( Zamora Ch.) Tres prefectos incómodos para el oficialismo
En Azuay, Morona Santiago y Zamora Chinchipe el Gobierno tiene como opositores a los prefectos, Paúl Carrasco, Marcelino Chumpi y Salvador Quishpe, respectivamente.
Los tres ejercen un liderazgo en sus provincias que el Ejecutivo intenta neutralizar retirándoles competencias.
En el caso de Azuay, analistas y políticos consultados, recuerdan el retiro –en marzo pasado- de la concesión del peaje solidario de Chaquilcay que administraba la Prefectura desde el 2006.
Los alcaldes de Gualaceo, Sígsig, Paute y Guachapala, todos de País, se tomaron la estación argumentando desatención vial y demandando la ampliación de la vía a cuatro carriles.
El gobernador de Azuay, Humberto Cordero y autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) los apoyaron. Lo mismo ocurre con el prefecto Quishpe (Pachakuik), quien es su opositor por la minería. Él dice que con este Gobierno hay una campaña de desprestigio, de investigación interna y de inteligencia militar. Mencionó, por ejemplo, que desde octubre pasado han solicitado un certificado de capacidad crediticia para acceder a un préstamo del Banco del Estado, pero le ponen trabas.
En Morona Santiago se clausuró y retiró la frecuencia de Telesangay (propiedad del Consejo Provincial), por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones. La razón: este medio no entró a operar dentro de los plazos establecidos.
Para el analista político, Luis Lozada, el Gobierno aprovechó los errores de los propios funcionarios del prefecto Chumpi (Pachakutik) para intentar desmembrar su poder, aunque del éxito de Alianza País.
En esa provincia Pachakutik tiene fuerza.
Sucumbíos. La Contraloría plantea la destitución del Prefecto. Alianza País podría cubrir la vacante. Orlando Grefa tiene un pie fuera de la Prefectura
Fernando Roca, juez II de la Niñez y Adolescencia, no dudó en tomar la decisión.
En menos de cinco minutos negó ayer la acción de protección y medidas cautelares solicitadas por Orlando Grefa (independiente), prefecto de Sucumbíos.
Con este trámite, el Prefecto pretendía neutralizar el proceso que la Contraloría sigue a su gestión.
De acuerdo al examen realizado por esta entidad, Grefa tiene responsabilidades administrativas “por omisión” en la construcción de seis sistemas de agua potable en varias comunidades de Sucumbíos. Dichos trabajos fueron ejecutados en convenio con Petroecuador.
La Contraloría ha anunciado el inicio del proceso de destitución al funcionario, en un caso similar al de César Umaginga, alto personero de Cotopaxi. Grefa trató de detener su salida no solo con la acción de protección, sino también con una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo el 28 de junio.
Grefa no acudió a la audiencia de ayer, que empezó a las 10:15, en la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos. Su abogado, Juan Gonzaga, argumentó la ilegalidad del proceso impulsado por la Contraloría. “Es una resolución que está viciada”.
Incluso, Grefa ha advertido en varias ocasiones que si su salida se concreta, Abraham Freire (Alianza País), vicealcalde de Lago Agrio asumiría el mando provincial. La razón: el actual vice prefecto Oswaldo Calvopiña (ex PSP) también tiene problemas judiciales por su enemistad con Grefa en el ejercicio del cargo. Freire niega que A.
País esté detrás de ese cargo. El alcalde de Lago Agrio, Yofre Poma, también gobiernista, dice que la crisis que vive la provincia es por las disputas entre Grefa y Calvopiña.
Sierra Centro. En Chimborazo, Mariano Curicama fortalece sus lazos con el oficialismo Cotopaxi, epicentro de la lucha A. País-Pachakutik
La destitución de César Umaginga (Pachakutik) de la Prefectura de Cotopaxi, por un informe de Contraloría, evidenció el choque de fuerzas con Alianza País. A decir de los detractores de la agrupación del Gobierno, el conflicto tiene el objetivo de captar el poder con mira a las próximas elecciones.
Eso ocurrió porque el Gobierno en la Sierra centro no triunfó en la consulta. Umaginga fue separado de la Cámara Provincial con ocho votos de los 16. Paúl Panchi, jurista latacungueño, dice que la convocatoria no respondió a lo que manda el Cotad en cuanto al número mínimo de votos (11 de 16) para ese trámite. Incluso se sesionó en otro lugar.
El mismo criterio comparte Luis Fernando Torres, líder del Movimiento Tiempos de Cambio en Tungurahua. A él le llamó la atención que el Gobierno esté de acuerdo en la forma como Umaginga fue destituido y, en cambio, cuestione la destitución del presidente Fernando Lugo, en Paraguay. Para Torres, más allá de las legalidades, lo que busca Alianza País es allanar el camino electoral y político en las provincias, donde tiene dificultades electorales como Cotopaxi.
Eso preocupa a Néstor Chávez, presidente de Pachakutik en Chimborazo. “No es nada nueva la serie de artimañas que aplica el actual régimen para dividir a los movimientos indígenas y sociales en Cotopaxi”.
Aquello no pasa en Chimborazo donde las autoridades están alineadas con el Gobierno, es el caso del prefecto Mariano Curicama.
Para el analista político Luis Fernando Suárez, lo que busca el Gobierno es concentrar el poder con miras a las próximas elecciones y para ello es necesario el “control total de los gobiernos locales y descentralizados”.
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Carchi, Sucumbíos, Morona Santiago, la Sierra centro y el Austro son el teatro de estas operaciones políticas que buscan reposicionar a Alianza País. El guión es el mismo: tensión entre el Gobierno y las autoridades locales.
En esa estrategia, el Ministerio de la Política juega un papel clave. Desde sus oficinas se coordinan acciones con instituciones oficialistas provinciales, que apuntan a contrarrestar a organizaciones y gobiernos locales de oposición.
Prueba de ello son algunos documentos del Ministerio de la Política, que han sido filtrados por líderes provinciales de oposición.
El último de esos reportes fue presentado ayer por Salvador Quishpe, prefecto de Zamora y precandidato de Pachakutik.
Ese documento -de 15 páginas- describe medidas que el Gobierno ha trazado para “debilitar” a Quishpe, uno de los opositores visibles a la política minera oficial.
Sin embargo, ya se han filtrado otros informes similares del Ministerio de la Política, que establecen la necesidad de neutralizar a la oposición de cara a las elecciones generales de febrero.
“La oposición está atacando directamente en una línea ofensiva (...) nuestra posición debe ser más ofensiva, no hay que esperar los ataques, nosotros debemos tomar la iniciativa con ataque directo”.
Ese fue uno de los planteamientos del taller de construcción de estrategia “para la Sierra centro”, que fue en julio del año pasado.
Este Diario accedió a 11 documentos, en que se hace un diagnóstico del escenario político en esas provincias y en que se plantea el reto de cambiar la correlación de fuerzas políticas.
Este Diario no pudo recoger la versión del Ministerio de la Política, cuyas autoridades no dan entrevistas a medios privados. Solo se informó que la ministra Betty Tola recorre las provincias. De hecho, ayer, fue a Cañar, donde posesionó a la nueva Gobernadora.
Carchi. La gobernadora Villarreal y el prefecto Yandún anunciaron que se destruirán mutuamente El uso de la palabra ‘destruir’ desató la pugna
En Carchi, la pugna política entre la Gobernación y la Prefectura se hizo evidente a finales del mes pasado.
La implementación de un nuevo sistema de distribución de gas provocó una Asamblea Cantonal en Tulcán. A la protesta se unieron el prefecto, René Yandún; el alcalde de Tulcán, Julio Robles, y el asambleísta, Edwin Vaca, todos opositores al Gobierno.
Carchi es una de las provincias donde el oficialismo perdió en la consulta de mayo del año pasado. En la protesta pedían las salidas de la gobernadora del Carchi, María Helena Villarreal; del jefe político de Tulcán, Julio César Torres, y del director regional de Hidrocarburos, José Franco.
Los dos últimos ya dejaron sus cargos. El Gobierno respaldó a Villarreal. Incluso, en la sabatina del 24 de junio, Rafael Correa dijo que Yandún, quien lleva 10 años en su cargo y ha sido un cuadro de la ID “debe entender, con un poco de esfuerzo, que a la Gobernadora la designa el Presidente”. Además, se mostró un video en el que el personero provincial decía: “Vamos a ver si ella me destruye a mí o yo la destruyo a ella”.
Según Yandún, el extracto publicado en la cadena está descontextualizado porque él hacía referencia a unas declaraciones de Villarreal en las que “ella dice que va a destruir mi imagen política, entonces yo le respondí en ese mismo tono”.
La disputa aumentó cuando Cristian Caiza, de El Ciudadano, entrevistó a Yandún sobre sus declaraciones. Según el comunicador, el término destruir es bélico; de acuerdo a Yandún, la palabra es común en el lenguaje político.
Tras este enfrentamiento, el Prefecto ha estado dos veces en la mira de Correa, quien lo ha calificado de “dinosaurio de la vieja partidocracia”.
Austro. Paúl Carrasco (Azuay), Marcelino Chumpi (Morona S. ) y Salvador Quishpe ( Zamora Ch.) Tres prefectos incómodos para el oficialismo
En Azuay, Morona Santiago y Zamora Chinchipe el Gobierno tiene como opositores a los prefectos, Paúl Carrasco, Marcelino Chumpi y Salvador Quishpe, respectivamente.
Los tres ejercen un liderazgo en sus provincias que el Ejecutivo intenta neutralizar retirándoles competencias.
En el caso de Azuay, analistas y políticos consultados, recuerdan el retiro –en marzo pasado- de la concesión del peaje solidario de Chaquilcay que administraba la Prefectura desde el 2006.
Los alcaldes de Gualaceo, Sígsig, Paute y Guachapala, todos de País, se tomaron la estación argumentando desatención vial y demandando la ampliación de la vía a cuatro carriles.
El gobernador de Azuay, Humberto Cordero y autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) los apoyaron. Lo mismo ocurre con el prefecto Quishpe (Pachakuik), quien es su opositor por la minería. Él dice que con este Gobierno hay una campaña de desprestigio, de investigación interna y de inteligencia militar. Mencionó, por ejemplo, que desde octubre pasado han solicitado un certificado de capacidad crediticia para acceder a un préstamo del Banco del Estado, pero le ponen trabas.
En Morona Santiago se clausuró y retiró la frecuencia de Telesangay (propiedad del Consejo Provincial), por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones. La razón: este medio no entró a operar dentro de los plazos establecidos.
Para el analista político, Luis Lozada, el Gobierno aprovechó los errores de los propios funcionarios del prefecto Chumpi (Pachakutik) para intentar desmembrar su poder, aunque del éxito de Alianza País.
En esa provincia Pachakutik tiene fuerza.
Sucumbíos. La Contraloría plantea la destitución del Prefecto. Alianza País podría cubrir la vacante. Orlando Grefa tiene un pie fuera de la Prefectura
Fernando Roca, juez II de la Niñez y Adolescencia, no dudó en tomar la decisión.
En menos de cinco minutos negó ayer la acción de protección y medidas cautelares solicitadas por Orlando Grefa (independiente), prefecto de Sucumbíos.
Con este trámite, el Prefecto pretendía neutralizar el proceso que la Contraloría sigue a su gestión.
De acuerdo al examen realizado por esta entidad, Grefa tiene responsabilidades administrativas “por omisión” en la construcción de seis sistemas de agua potable en varias comunidades de Sucumbíos. Dichos trabajos fueron ejecutados en convenio con Petroecuador.
La Contraloría ha anunciado el inicio del proceso de destitución al funcionario, en un caso similar al de César Umaginga, alto personero de Cotopaxi. Grefa trató de detener su salida no solo con la acción de protección, sino también con una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo el 28 de junio.
Grefa no acudió a la audiencia de ayer, que empezó a las 10:15, en la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos. Su abogado, Juan Gonzaga, argumentó la ilegalidad del proceso impulsado por la Contraloría. “Es una resolución que está viciada”.
Incluso, Grefa ha advertido en varias ocasiones que si su salida se concreta, Abraham Freire (Alianza País), vicealcalde de Lago Agrio asumiría el mando provincial. La razón: el actual vice prefecto Oswaldo Calvopiña (ex PSP) también tiene problemas judiciales por su enemistad con Grefa en el ejercicio del cargo. Freire niega que A.
País esté detrás de ese cargo. El alcalde de Lago Agrio, Yofre Poma, también gobiernista, dice que la crisis que vive la provincia es por las disputas entre Grefa y Calvopiña.
Sierra Centro. En Chimborazo, Mariano Curicama fortalece sus lazos con el oficialismo Cotopaxi, epicentro de la lucha A. País-Pachakutik
La destitución de César Umaginga (Pachakutik) de la Prefectura de Cotopaxi, por un informe de Contraloría, evidenció el choque de fuerzas con Alianza País. A decir de los detractores de la agrupación del Gobierno, el conflicto tiene el objetivo de captar el poder con mira a las próximas elecciones.
Eso ocurrió porque el Gobierno en la Sierra centro no triunfó en la consulta. Umaginga fue separado de la Cámara Provincial con ocho votos de los 16. Paúl Panchi, jurista latacungueño, dice que la convocatoria no respondió a lo que manda el Cotad en cuanto al número mínimo de votos (11 de 16) para ese trámite. Incluso se sesionó en otro lugar.
El mismo criterio comparte Luis Fernando Torres, líder del Movimiento Tiempos de Cambio en Tungurahua. A él le llamó la atención que el Gobierno esté de acuerdo en la forma como Umaginga fue destituido y, en cambio, cuestione la destitución del presidente Fernando Lugo, en Paraguay. Para Torres, más allá de las legalidades, lo que busca Alianza País es allanar el camino electoral y político en las provincias, donde tiene dificultades electorales como Cotopaxi.
Eso preocupa a Néstor Chávez, presidente de Pachakutik en Chimborazo. “No es nada nueva la serie de artimañas que aplica el actual régimen para dividir a los movimientos indígenas y sociales en Cotopaxi”.
Aquello no pasa en Chimborazo donde las autoridades están alineadas con el Gobierno, es el caso del prefecto Mariano Curicama.
Para el analista político Luis Fernando Suárez, lo que busca el Gobierno es concentrar el poder con miras a las próximas elecciones y para ello es necesario el “control total de los gobiernos locales y descentralizados”.
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