Un grupo de prefectos y alcaldes, que no representan al movimiento oficialista Alianza PAIS, se reunió ayer en el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (Congope), en Quito, para denunciar lo que ellos llaman "persecución" de parte del Gobierno Nacional en su contra.
Paúl Carrasco, prefecto de Azuay, señaló que a las autoridades que mantienen una postura "diferente" a la del Gobierno, no se les asigna recursos económicos para que ejecuten las obras.
"El Estado no responde a las solicitudes de crédito, tampoco a las deudas que mantiene con los gobiernos provinciales desde 2009. Así, a quienes no están en su línea no se le transfieren recursos. Por eso, rechazamos esta persecución política en contra de quienes pensamos distinto sobre la minería, la participación ciudadana, el desarrollo local…", cuestionó.
Más cuestionamientos
Asimismo, opinó que se ha "manipulado" a la justica para perseguirlos, recuperando procesos que fueron ya tratados. "A los alcaldes de Esmeraldas, Ernesto Estupiñán; y de Santa Isabel, Rodrigo Quezada; se los quiere destituir mediante estos mecanismos", enfatizó y añadió que esto produce conflictos porque divide a la población.
En este sentido, Estupiñán indicó que, después de que PAIS ha intentado revocarle el mandato en dos ocasiones, espera que en esta oportunidad la Contraloría General del Estado "no se preste para destituirlo de su cargo de manera ilegal".
Suman voces
El Alcalde de Santa Isabel, por su parte, mencionó que hace mas de un año no se le han entregado recursos y que el Gobierno "arbitrariamente" ha puesto a la vicealcaldesa en su lugar desconociendo la voluntad popular.
Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, hizo lo mismo al mencionar que el problema denunciado no es un hecho aislado, "Vemos que la ‘revolución ciudadana’, que impulsa el Gobierno ha fijado cárcel para José Acacho, para los indígenas, periodistas y libertad para Alberto Dahik, exvicepresidente de la República", dijo.
Ecuador en vivo
Paúl Carrasco, prefecto de Azuay, señaló que a las autoridades que mantienen una postura "diferente" a la del Gobierno, no se les asigna recursos económicos para que ejecuten las obras.
"El Estado no responde a las solicitudes de crédito, tampoco a las deudas que mantiene con los gobiernos provinciales desde 2009. Así, a quienes no están en su línea no se le transfieren recursos. Por eso, rechazamos esta persecución política en contra de quienes pensamos distinto sobre la minería, la participación ciudadana, el desarrollo local…", cuestionó.
Más cuestionamientos
Asimismo, opinó que se ha "manipulado" a la justica para perseguirlos, recuperando procesos que fueron ya tratados. "A los alcaldes de Esmeraldas, Ernesto Estupiñán; y de Santa Isabel, Rodrigo Quezada; se los quiere destituir mediante estos mecanismos", enfatizó y añadió que esto produce conflictos porque divide a la población.
En este sentido, Estupiñán indicó que, después de que PAIS ha intentado revocarle el mandato en dos ocasiones, espera que en esta oportunidad la Contraloría General del Estado "no se preste para destituirlo de su cargo de manera ilegal".
Suman voces
El Alcalde de Santa Isabel, por su parte, mencionó que hace mas de un año no se le han entregado recursos y que el Gobierno "arbitrariamente" ha puesto a la vicealcaldesa en su lugar desconociendo la voluntad popular.
Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, hizo lo mismo al mencionar que el problema denunciado no es un hecho aislado, "Vemos que la ‘revolución ciudadana’, que impulsa el Gobierno ha fijado cárcel para José Acacho, para los indígenas, periodistas y libertad para Alberto Dahik, exvicepresidente de la República", dijo.
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