Sincronía de hechos que revela el sentido de la política: el 24 de julio, el mismo día en el que concluía sus labores la Asamblea Constituyente Ecuatoriana, la empresa Kinross Gold Corporation hacía pública su opción amistosa de compra del 100% de las acciones de Aurelian Ressources Inc., por 1.200 millones de dólares. Se trata, a no dudarlo, de una operación financiera importante, sobre todo para Aurelian, que por la información oficial de esta empresa, como únicos activos solamente posee 95.000 hectáreas de concesión, en la zona de la cordillera del Cóndor, provincia de Zamora.
Es una aparente paradoja, por cuanto existe un mandato minero aprobado por la Asamblea Constituyente que extinguió las concesiones mineras, y, al mismo tiempo, aún no ha sido ratificado el nuevo texto Constitucional, que propone un conjunto de derechos que supuestamente acotarían a la industria minera. En un escenario de supuesta incertidumbre política e institucional, la decisión de realizar una operación por 1.2 millardos de dólares, el mismo día en el que se terminó la redacción del texto Constitucional, quizá sea un albur, a condición de que Kinross posea información que los ecuatorianos no tenemos.
En el documento de acuerdo entre estas dos empresas existe, al efecto, un texto revelador: “Kinross y Aurelian son del criterio de que las recientes iniciativas realizadas por el gobierno ecuatoriano, incluidas las declaraciones públicas del Presidente Correa y del Ministro de Minas y Petróleo, indican que el Ecuador está abierto, de una forma creciente, a la minería responsable”. De otra parte, la decisión de Kinross fue realizada con la asesoría de consultorios jurídicos y bancas de inversión como Scotia Capital Inc., Rothschild Inc., CIBC World Markets Inc., y el estudio jurídico ecuatoriano, Pérez, Bustamante & Ponce. Es decir, Kinross, en efecto, tiene más información que muchos de los ecuatorianos que ahora debatimos el proyecto Constitucional.
En un ambiente saturado por el conflicto político a propósito del nuevo texto Constitucional, en el que a los nuevos actores en disputa se suma la Iglesia Católica ecuatoriana, es revelador el hecho de que la real politik sigue otros caminos que el debate público. La decisión de Kinross demuestra que el gobierno de Correa ha tomado ya las decisiones fundamentales con respecto al país, independientemente del nuevo texto Constitucional. Entre esas decisiones constan la entrega del territorio nacional a las empresas mineras, el compromiso por desarrollar la industria de los biocombustibles (y en la cual existe, al parecer, una gran expectativa de inversión del grupo NOBIS, grupo financiero muy vinculado al gobierno de Rafael Correa), la privatización territorial contenida en los megaproyectos de infraestructura del IIRSA (como el eje Manta-Manaos), etc.
Quizá sea por ello que, conjuntamente con la real politik de subastar la soberanía nacional, en un contexto en el que, irónicamente, se ha hecho del conflicto con Colombia una cuestión más personal que política, sea correlativo el atemorizamiento de la población que resiste a las mineras, a las hidroeléctricas, a las petroquímicas, a los biocombustibles, a los ejes multimodales, realizada por la Fiscalía del Estado ecuatoriano, que no duda un instante en criminalizar la protesta social, como fue el paradigmático caso de Dayuma, o como lo revela el reciente caso de la persecución política a Esther Landeta, lidereza social de las comunidades de Tenguel, en lucha en contra de las mineras del sector. En ese sentido, la Constituyente ecuatoriana parece ser más un simulacro de la política inscrita en la lógica del Gatopardo. Las decisiones fundamentales, aquellas que nos atañen y nos definen a futuro, ya han sido tomadas y sin siquiera habernos enterado.
Pablo Dávalos.
Fuente: Radio Visión
Es una aparente paradoja, por cuanto existe un mandato minero aprobado por la Asamblea Constituyente que extinguió las concesiones mineras, y, al mismo tiempo, aún no ha sido ratificado el nuevo texto Constitucional, que propone un conjunto de derechos que supuestamente acotarían a la industria minera. En un escenario de supuesta incertidumbre política e institucional, la decisión de realizar una operación por 1.2 millardos de dólares, el mismo día en el que se terminó la redacción del texto Constitucional, quizá sea un albur, a condición de que Kinross posea información que los ecuatorianos no tenemos.
En el documento de acuerdo entre estas dos empresas existe, al efecto, un texto revelador: “Kinross y Aurelian son del criterio de que las recientes iniciativas realizadas por el gobierno ecuatoriano, incluidas las declaraciones públicas del Presidente Correa y del Ministro de Minas y Petróleo, indican que el Ecuador está abierto, de una forma creciente, a la minería responsable”. De otra parte, la decisión de Kinross fue realizada con la asesoría de consultorios jurídicos y bancas de inversión como Scotia Capital Inc., Rothschild Inc., CIBC World Markets Inc., y el estudio jurídico ecuatoriano, Pérez, Bustamante & Ponce. Es decir, Kinross, en efecto, tiene más información que muchos de los ecuatorianos que ahora debatimos el proyecto Constitucional.
En un ambiente saturado por el conflicto político a propósito del nuevo texto Constitucional, en el que a los nuevos actores en disputa se suma la Iglesia Católica ecuatoriana, es revelador el hecho de que la real politik sigue otros caminos que el debate público. La decisión de Kinross demuestra que el gobierno de Correa ha tomado ya las decisiones fundamentales con respecto al país, independientemente del nuevo texto Constitucional. Entre esas decisiones constan la entrega del territorio nacional a las empresas mineras, el compromiso por desarrollar la industria de los biocombustibles (y en la cual existe, al parecer, una gran expectativa de inversión del grupo NOBIS, grupo financiero muy vinculado al gobierno de Rafael Correa), la privatización territorial contenida en los megaproyectos de infraestructura del IIRSA (como el eje Manta-Manaos), etc.
Quizá sea por ello que, conjuntamente con la real politik de subastar la soberanía nacional, en un contexto en el que, irónicamente, se ha hecho del conflicto con Colombia una cuestión más personal que política, sea correlativo el atemorizamiento de la población que resiste a las mineras, a las hidroeléctricas, a las petroquímicas, a los biocombustibles, a los ejes multimodales, realizada por la Fiscalía del Estado ecuatoriano, que no duda un instante en criminalizar la protesta social, como fue el paradigmático caso de Dayuma, o como lo revela el reciente caso de la persecución política a Esther Landeta, lidereza social de las comunidades de Tenguel, en lucha en contra de las mineras del sector. En ese sentido, la Constituyente ecuatoriana parece ser más un simulacro de la política inscrita en la lógica del Gatopardo. Las decisiones fundamentales, aquellas que nos atañen y nos definen a futuro, ya han sido tomadas y sin siquiera habernos enterado.
Pablo Dávalos.
Fuente: Radio Visión
