La paráfrasis de Hamlet alerta el maniqueísmo que prima en el debate sobre el Proyecto de Ley de Recursos Hídricos presentado por el Gobierno a fines de agosto ante la Asamblea.El tema de la propiedad del agua fue saldado en la Constitución 2008, al declararla “patrimonio inalienable del Estado” y garantizar el derecho humano al agua. La inclusión de la disposición fue impulsada por País y apoyada por las organizaciones indígenas. El proyecto de Ley, al incluir un artículo expreso de “Prohibición de privatización” y tarifas preferenciales busca armonizar con la Carta Magna.
Hay que recordar que el agua fue arrancada del dominio privado en 1972 por la Ley de Aguas, aprobada por la revolución nacionalista de Guillermo Rodríguez Lara.
La disposición fue ratificada en la codificación de 2004. Sin embargo, su aplicación ha sido cuestionada. Además, comenta, Aline Arroyo, miembro del Foro Hídrico, una plataforma de organizaciones que busca incidir en las políticas públicas, “la no privatización se vio afectada por la aprobación de las leyes Trole, las que permitieron la concesión del servicio de agua potable de parte del Municipio de Guayaquil a una empresa privada”.
Justamente la política anti privatizadora del Gobierno, apunta a desechar este modelo, lo que ya se vio en la transitoria constitucional que manda auditar y si es necesario terminar las delegaciones a empresas privadas en agua y saneamiento, cuyo plazo también vence el 15 de octubre, y se ratifica con una prohibición total de delegación futura en el proyecto de Ley, para los gobiernos central y los locales. Incluso, con el fin de evitar malos entendidos se cambia el término “concesiones” por el de “autorizaciones”.
El agua, ¿para quiénes?
Uno de los problemas en el manejo del líquido es la inequidad en su distribución. Según la Ecuarunari, organización indígena de la Sierra, el 60 por ciento del agua para riego es aprovechada por los grandes propietarios agrícolas. Esto es visto por la dirigencia de la Conaie, más allá de lo que recen las leyes, como “privatización”.
Antonio Gaibor, coordinador del Foro Hídrico, aseguró en un evento de capacitación a asambleístas y asesores que “el reparto del agua entre la agro exportación y la producción de consumo nacional y de la economía campesina es inequitativo. Los ríos se quedan en pocas haciendas, mediante concesiones otorgadas por el Consejo de Recursos Hídricos”.
Un punto del proyecto con el que según la Conaie se abre una puerta a la propiedad latifundista o la minería es la priorización de los usos que, según dicen, va contra la Constitución.Se plantea además del uso para consumo humano y riego, el denominado caudal ecológico. Con esto recoge lo establecido en la Constitución, a favor de “la sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano”.
La inclusión de caudal ecológico, para el Foro Hídrico, es importante: “Integra criterios de conservación del recurso y los ecosistemas y los derechos de la naturaleza. La especificación de la prioridad de las actividades productivas también es un avance, porque diferencia la producción para la soberanía alimentaria de la de carácter empresarial, para el mercado interno o externo”.
Sin embargo, se deja discrecionalidad al Gobierno en la definición última del uso, a través de la Autoridad Única, “en atención a las características de la cuenca y dentro de plalos objetivos del Plan Nacional de Desarrollo”. Para los críticos, la discrecionalidad ha mantenido la distribución inequitativa, por lo que desconfían de la propuesta. “No está claro a qué personas se les concesionará, puede darse a las bananeras, florícolas y transnacionales como hasta hoy ha sucedido”, dice la asambleísta de Pachakútik, Lourdes Tibán.
Por otra parte, según Gaibor, no se sabe cuánto recurso hídrico se tiene aunque se estima que la mayor parte –de fácil acceso– está concesionado; el saldo son ríos navegables y caudal ecológico.
Autoridad única
La institucionalidad que propone el proyecto también ha sido cuestionada. Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente, observa su carácter centralista, al disponer que el Presidente de la República dirija la política del recurso a través de la “Autoridad Única”, la misma que tendrá rango de Secretaría y será organismo rector, a través de Consejos de Cuenca o Subcuenca Hidrográfica. El tema no deja de ser polémico, puesto que en el país más de un mandatario ha sido hacendado o se ha alineado con el modelo económico que los ecologistas denominan “extractivista”. El Gobierno argumenta a su favor que la Autoridad Única ya fue aprobada en la Constitución.
Pero el tema va más allá de la Autoridad Única. Uno de los protagonistas de la vida rural son las Juntas de Agua, las que movilizan más que los gobiernos comunitarios. Si bien no desaparecen en el proyecto, que acepta la Gestión Comunitaria del recurso, se integrarán a organismos consultivos, bajo la Autoridad de la Cuenca o Subcuenca. Estas instancias serán responsables, en un año, de revisar y canjear las concesiones emitidas por autorizaciones de uso o aprovechamiento, en busca de su “democratización”.
En filas indígenas se teme que con esta desconcentración de la rectoría, los gobiernos de turno y sus representantes locales tendrán poder para interferir en las comunidades, por lo que ven un asunto de sobrevivencia política. “Quieren que nosotros seamos los aguateros y ellos los nuevos patrones”, grafica Humberto Cholango, dirigente de la Ecuarunari.
Como una alternativa, el Foro Hídrico ha planteado que se constituya un directorio para la Gestión del Agua, con la participación real de los usuarios, lo que es apoyado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).
La Ley de Aguas ha sido un eje del proyecto político de la Conaie desde hace más de 20 años; hoy corren el riesgo de que el partido de Gobierno lo apruebe, dejándolos sin capacidad de decisión y minando su espacio político.
Fuente: Revista Vistazo
