Una delegación internacional de activistas ecologistas e intelectuales de 20 países halló "inconsistencias" y "retrasos" al proyecto Yasuní-ITT del Gobierno del Ecuador, que pretende dejar bajo tierra una parte del petróleo de la Amazonía a cambio de una compensación internacional, dijeron los expertos.
"Hay una clara utilización política en el tema y el Gobierno no ha sido consecuente", declaró a Efe Mauricio Álvarez, geógrafo y ecologista costarricense y uno de los 40 miembros la delegación que visitó el Yasuní, quien criticó "la tardanza que ha tenido en el plazo" el Gobierno y el "uso político" del programa.
La iniciativa Yasuní ITT pretender proteger una zona de la Amazonía ecuatoriana considerada la de mayor biodiversidad del mundo, para ello Ecuador reclama a la comunidad internacional una compensación de, al menos, la mitad (3.600 millones de dólares en doce años) de los ingresos que obtendría el país por la explotación de los campos ubicados en esa zona.
El Gobierno ha dado un plazo máximo hasta diciembre para la recaudación de al menos cien millones de dólares para mantener la iniciativa, cuando el presidente del país, Rafael Correa, hará una evaluación que podría significar una ampliación del periodo en caso de que haya "compromisos" concretos de la comunidad internacional.
El pasado 11 de junio Correa recordó que su país exige la corresponsabilidad internacional y no puede ser un "tonto útil", pues "a los actuales precios del petróleo esas reservas valen más de 14.000 millones de dólares".
"El Gobierno debe ampliar los plazos y no limitarse como ha hecho en este sentido a llegar hasta diciembre", dijo Álvarez, quien valoró como un "paso positivo" la propuesta del Ejecutivo ecuatoriano, a pesar de que conlleva un "cierto mercantilismo" de la naturaleza.
En esta línea, Álvarez también criticó la "clara utilización política" del Yasuní-ITT en la demanda contra el periódico El Universo, pues los directivos del rotativo y un ex editorialista fueron condenados a pagar una indemnización de 40 millones de dólares a Correa y el mandatario anunció que invertiría este dinero en el proyecto amazónico.
La presidenta de la organización no gubernamental (ONG) ecuatoriana Acción Ecológica, Ivonne Yanez, destacó la "contradicción" del Gobierno del Ecuador respecto a la iniciativa Yasuní-ITT.
Yanez afirmó que el proyecto va en contra "del mercado de carbono", un mecanismo internacional de descontaminación basado en la compra de bonos de países contaminantes a no contaminantes, mientras que "en la habitación contigua" se señala que Ecuador "estaría dispuesto a poner sus bosques, que pertenecen a los pueblos indígenas, al mercado del carbono y del agua".
En esta línea, Yanez sentenció que el plazo no debe culminar a finales de año y debe ser "indefinido".
Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, afirmó que "con plata o sin plata" su organización "luchará" para que el "Yasuní no se explote jamás".
Por otro lado, Miram Lang, directora en la Región Andina de la Fundación Rosa Luxemburg, valoró positivamente la iniciativa del oficialismo.
Sin embargo, afirmó que sería "preocupante" la inclusión del proyecto en el Mecanismo REDD (Reducción por Deforestación y Degradación de Bosques), basado en que los países ricos paguen a las naciones en regiones tropicales para ayudar a estos últimos en evitar la destrucción de sus bosques. (Quito/EFE)
Fuente: Ecuador en Vivo
"Hay una clara utilización política en el tema y el Gobierno no ha sido consecuente", declaró a Efe Mauricio Álvarez, geógrafo y ecologista costarricense y uno de los 40 miembros la delegación que visitó el Yasuní, quien criticó "la tardanza que ha tenido en el plazo" el Gobierno y el "uso político" del programa.
La iniciativa Yasuní ITT pretender proteger una zona de la Amazonía ecuatoriana considerada la de mayor biodiversidad del mundo, para ello Ecuador reclama a la comunidad internacional una compensación de, al menos, la mitad (3.600 millones de dólares en doce años) de los ingresos que obtendría el país por la explotación de los campos ubicados en esa zona.
El Gobierno ha dado un plazo máximo hasta diciembre para la recaudación de al menos cien millones de dólares para mantener la iniciativa, cuando el presidente del país, Rafael Correa, hará una evaluación que podría significar una ampliación del periodo en caso de que haya "compromisos" concretos de la comunidad internacional.
El pasado 11 de junio Correa recordó que su país exige la corresponsabilidad internacional y no puede ser un "tonto útil", pues "a los actuales precios del petróleo esas reservas valen más de 14.000 millones de dólares".
"El Gobierno debe ampliar los plazos y no limitarse como ha hecho en este sentido a llegar hasta diciembre", dijo Álvarez, quien valoró como un "paso positivo" la propuesta del Ejecutivo ecuatoriano, a pesar de que conlleva un "cierto mercantilismo" de la naturaleza.
En esta línea, Álvarez también criticó la "clara utilización política" del Yasuní-ITT en la demanda contra el periódico El Universo, pues los directivos del rotativo y un ex editorialista fueron condenados a pagar una indemnización de 40 millones de dólares a Correa y el mandatario anunció que invertiría este dinero en el proyecto amazónico.
La presidenta de la organización no gubernamental (ONG) ecuatoriana Acción Ecológica, Ivonne Yanez, destacó la "contradicción" del Gobierno del Ecuador respecto a la iniciativa Yasuní-ITT.
Yanez afirmó que el proyecto va en contra "del mercado de carbono", un mecanismo internacional de descontaminación basado en la compra de bonos de países contaminantes a no contaminantes, mientras que "en la habitación contigua" se señala que Ecuador "estaría dispuesto a poner sus bosques, que pertenecen a los pueblos indígenas, al mercado del carbono y del agua".
En esta línea, Yanez sentenció que el plazo no debe culminar a finales de año y debe ser "indefinido".
Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, afirmó que "con plata o sin plata" su organización "luchará" para que el "Yasuní no se explote jamás".
Por otro lado, Miram Lang, directora en la Región Andina de la Fundación Rosa Luxemburg, valoró positivamente la iniciativa del oficialismo.
Sin embargo, afirmó que sería "preocupante" la inclusión del proyecto en el Mecanismo REDD (Reducción por Deforestación y Degradación de Bosques), basado en que los países ricos paguen a las naciones en regiones tropicales para ayudar a estos últimos en evitar la destrucción de sus bosques. (Quito/EFE)
Fuente: Ecuador en Vivo
