Salvador Quishpe Lozano - Prefecto

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martes, 15 de marzo de 2011

Ecuador recibirá limosnas por explotación minera, según Jiménez


El asambleísta de Zamora Chinchipe, Cléver Jiménez, calificó como una traición a la patria el anuncio del Ministro de Recursos Naturales, Wilson Pastor, de autorizar la explotación minera a cinco empresas transnacionales y que, por lo cual el Estado recibiría, en 10 años, ingresos cercanos a los 4 mil millones de dólares, por concepto de regalías e impuestos.

"Son limosnas para el país, a cambio del saqueo de las más importantes reservas de oro, plata y cobre, valoradas en U$ 270 mil millones, y de la destrucción de la biodiversidad del sur oriente amazónico”, expresó el legislador de Pachakutik, quien formalizará un pedido de comparecencia del Ministro a la Asamblea Nacional, para que explique el alcance de los citados proyectos.

Jiménez respondió de esta forma, al anuncio público del Ministro Pastor, de que el gobierno aspira suscribir durante el primer semestre de este año, los primeros tres contratos de explotación minera, con las compañías: Ecsa (Ecuacorriente) y Kinross-Aurelian en las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Azuay. El asambleísta calificó de ridícula y económicamente ofensiva, la cifra de U$ 4 mil millones que recibiría el país en 10 años, lo que representa U$ 400 millones anuales, mientras compañías transnacionales como Aurelian, con una inversión insignificante de $ 40 millones en 7 años, transfirió en la bolsa de valores de Toronto-Canadá a Kinross, el 80.8% de participación de la empresa en el contrato, recibiendo por la transacción U$ 960 millones; es decir, Aurelian obtuvo una ganancia de U$ 920 millones, en una operación realizada sin conocimiento, ni autorización del Estado ecuatoriano, y sobre un recurso natural no renovable, de propiedad inalienable del país.

La enorme ganancia de Aurelian (U$ 920 millones), sin explotar aún, una onza de oro, representa más de dos años de regalías e impuestos que recibiría el país, por los cinco proyectos mineros, anunciados por el Ministro de Recursos Naturales. Pensar como lo hace Wilson Pastor, es sencillamente hacerlo en calidad de esclavo, reeditando la nefasta época de las mitas, señaló el asambleísta amazónico. En síntesis, la participación anual del Estado, sumados los cinco proyectos mineros, anunciados por el gobierno, no llega ni a la mitad de lo que una sola compañía, como Aurelian, ganó en minutos de negociación en la bolsa de Toronto.

Kinross-Aurelian opera en Ecuador desde el 2001 y está a cargo del proyecto estrella de Ecuador, denominado Fruta del Norte, ubicado en el sitio El Zarza, parroquia Los Encuentros, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, que incorpora una reserva de 13.7 millones de onzas de oro, 22.3 millones de onzas de plata y muchos minerales adicionales que aún no han sido declarados por la empresa; por lo que, el gobierno le entrega a la transnacional, una de las más grandes riquezas mineras de la patria a cambio de insignificantes inversiones y migajas de participación para el Estado. Solo en el caso de las reservas de oro, considerando a un precio de 1.420 dólares la onza, la compañía tiene derechos sobre 19 mil 450 millones de dólares; mientras que las reservas de plata representarían U$ 681 millones, considerando un precio actual de U$ 30 la onza.

Según información publicada por las propias compañías y datos oficiales difundidos en los medios de información nacional, la potencial riqueza minera de los proyectos anunciados por el gobierno, bordea los U$ 270 mil millones. En los proyectos Mirador y Mirador Norte, ubicados en Zamora Chinchipe, a cargo de Ecsa-Ecuacorrientes, existen reservas de cobre por 6.700 millones de libras, que a un costo actual de 4.01 U$/LB, representa una riqueza de U$ 26 mil millones. Además, los referidos proyectos incorporan cerca de 535.000 onzas de oro, equivalente a U$ 759 millones, y 6.400 millones de onzas de plata, equivalente a U$ 192 mil millones. Otros proyectos, concesionados a Ecsa (Ecuacorrientes), son Panantza y San Carlos, localizados en la provincia de Morona Santiago, con un potencial de 7.700 millones de libras de cobre, equivalente a U$ 30.700 millones, a un precio de 4,01 U$/LB. Es decir, que solo en estos proyectos, concesionados a Ecsa (Ecuacorrientes), la transnacional tiene el control de más de 250 mil millones de dólares. La inversión para el desarrollo y refinación de este proyecto, llega a la cifra insignificante de U$ 418 millones.

La potencial riqueza minera, de cumplirse con lo estipulado en el Art. 408 de la Constitución de la República, que disponen una participación no menor al 50% a favor del Estado, debería representar para el Ecuador, un ingreso mínimo de 100 mil millones de dólares, solo en los citados proyectos a cargo de Kinross-Aurelian y Ecsa (Ecuacorriente), y no la ridícula cifra de 4 mil millones de dólares en 10 años y en cinco proyectos, como sostiene el Ministro Pastor, aseguró el asambleísta de Zamora Chinchipe.

Jiménez, además alertó al país de que la suscripción de los nuevos contratos de explotación minera, anunciados por el gobierno, constituyen un atentado a los derechos de la naturaleza, consagrados en la Constitución y en la Ley Ambiental, pues, implicará irreparables daños a los ecosistemas, en un área de alta concentración de recursos de biodiversidad. Además de vulnerar el Art. 57, numeral 17 de la Constitución, respecto a que las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho a “Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos”. Igualmente, atenta contra la seguridad nacional, como lo establece de Art. 405 de la Carta Política y la Ley de Seguridad Nacional, que prohíbe la explotación a empresas extranjeras, dentro de la franja de 20 kilómetros a partir del límite fronterizo, como es el caso de los proyectos: Fruta del Norte a cargo de Kinross-Aurelian, Mirador a cargo de ECSA (Ecuacorrientes), entre otros.

Estos proyectos mineros violan también el artículo 316 de la constitución vigente, que no establece la figura de concesión, sino de DELEGACIÓN. Igualmente, atentan contra lo establecido en el Art. 408 de la Constitución, que obliga a pagar una participación al Estado, un monto superior o al menos igual al 50%, como se prevé en su segundo inciso que dice: “El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota”. El asambleísta desvirtuó además, la supuesta generación de valor agregado y empleo nacional, toda vez que, el proceso de refinación no se realizará en el país, sino en Chile y Canadá, para los casos de Kinross-Aurelian y Ecsa. De esta manera, no sólo no se generarán nuevas fuentes de trabajo, sino que además, los ecuatorianos desconoceremos, cuánto y qué minerales se llevarán.

Fuente: Ecuador en Vivo

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