La iniciativa Yasuní-ITT, que mantendrá el crudo bajo tierra en una de las más ricas en biodiversidad del planeta a cambio de una compensación financiera internacional, una Constitución que considera la ecología como eje transversal y que, en su estructura normativa, dedica todo un capítulo a la "naturaleza humana", la creación de un tribunal con poder para castigar a quienes atentan contra estos derechos: todo hace creer que el medio ambiente es una preocupación de los más altos importancia para el gobierno del presidente ecuatoriano, Rafael Correa.
En el mismo sentido, el concepto de una defensa plena de la indivisibilidad de los derechos humanos de la naturaleza humana ha llevado a otras instituciones del Estado como el Defensor del Pueblo, para cambiar incluso su nombre: lo llaman ahora "Defensor del pueblo y la naturaleza." La creación de espacios específicos para la protección de la naturaleza humana, a nivel nacional, también forma parte de los cambios dentro de la institución.
Por último, en septiembre, el gobierno anunció la creación del primer Tribunal de la naturaleza humana que tiene su sede en las Islas Galápagos y entrará en funcionamiento antes de finales de 2010. Los casos de pesca ilegal, tráfico marítimo y la contaminación será juzgado por este tribunal. Así, el gobierno demuestra su apoyo a los esfuerzos para proteger la biodiversidad en estas islas, declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad (1979) y Reserva de la Biosfera (1984).
Hasta ahora las acciones del gobierno parecía estar en línea con el discurso oficial. Sin embargo, esta disonancia entre la retórica y la realidad incompatible con la ecología comenzó a surgir.
Plan B en el Yasuní
La decisión del Yasuní-ITT de no extraer petróleo de Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) los depósitos en el Parque Nacional Yasuní y luego dejarlo en la Tierra, a cambio del establecimiento de un sistema de compensación financiera Internacional, dio a Correa un halo de popularidad ecológico, pero los proyectos de ejecución no son coherentes con el discurso oficial. Aunque se ha logrado firmar el 2 de octubre, un acuerdo entre el gobierno y las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para establecer un fondo fiduciario que se recogen las contribuciones de la comunidad internacional por no explotación de petróleo en el Yasuní, ha visto un "Plan B" en favor de la extracción de petróleo de Yasuní y la alternativa resulta ser de interés para el gobierno de facto. Esto demuestra que la negociación de la Iniciativa Yasuní-ITT, y la firma de la confianza, un efecto de los medios de comunicación era ganar la simpatía y desviar la vigilancia de los indios y las organizaciones medioambientales.
De hecho, la liberación de los CEO de Petroamazonas Oswaldo Madrid, 30 de junio se envió al Secretario de los recursos no renovables, el Pastor Wilson, sobre los avances de los trabajos realizados en el Yasuní, para explotar petróleo en la zona, se resumen, todos aquellos que creían que la propuesta presidencial y la Iniciativa Yasuní-ITT es un hecho irreversible.
En esta versión, Madrid refleja la evolución del trabajo y el calendario de petróleo y de ITT afirma que "se dieron instrucciones al personal que trabaja en el área de Tiputini, para que siempre se planteó la discurso propuesto por el ejecutivo con la alternativa A, que deja el petróleo bajo tierra, como una prioridad del gobierno nacional. "
El trabajo de explotación del Yasuní-ITT ya han sido identificados en enero de 2010. En ese momento, el Pastor, consejero delegado Petroamazonas antes de ser nombrado ministro, aseguró que las obras no habían realizado operativos y denuncias correspondían en realidad a las obras de construcción de un paso en un río. Ahora las noticias de Madrid corrobora las informaciones reveladas en enero y revela la voluntad del gobierno que funcionen.
Todas estas contradicciones han hecho que Alemania, el pilar de esta iniciativa, se retiró, privando al gobierno nacional de su tarjeta principal en la negociación del apoyo internacional requerido para operar en el Yasuní. Así, el "Plan B" es la única aplicable.
Minería y aplicación de políticas
Por otro lado, las grandes compañías mineras están dispuestos a llevar a sus depredadores maquinaria en el sur, no sólo con la aprobación del gobierno que se autodefine como un ecologista, pero con plena protección. Esto es, de hecho, dispuesto a participar a todos los dispositivos de seguridad para garantizar que este tipo de empresas en un área pequeña de liberado de las minas artesanales de tipo, y no duda en oponerse a todo un pueblo, como s ' aumento en el cantón Paquisha, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, en el sur.
"El gobierno ha aprobado una ley de minería, en el marco de la Constitución, para promover las operaciones mineras extranjeras, incluyendo ECSA [Ecua Corriente] y Kinross Aurelian, que proponen para extraer millones de onzas de oro , plata y cobre en las colinas de Zamora. Y en el nombre de lo que penaliza el operador de la mina pequeña, desplazando y la supresión de motivos el que contamina ", dice el líder indígena Salvador Quishpe, prefecto de la provincia, que ha producido un enfrentamiento violento pasado 13 de septiembre entre los mineros artesanales y de la policía que los desalojó, argumentando que los mineros estaban contaminando las fuentes.
Quishpe apoyó la acción de resistencia de los menores, por lo que ha sido objeto de una orden de internamiento.
"No tenemos ni robado o roto. Lo único que hacemos es exigir el respeto a la Constitución y la ley. Si es por eso que nos quieren meter en la cárcel, el presidente me dicen públicamente ", dijo Quishpe.
la represión de Zamora llevó a un enfrentamiento entre el gobierno y el Defensor del Pueblo, y ha decidido presentar una queja para denunciar los excesos de la policía durante la operación.
Después de estos hechos y para recuperar su imagen ambiental, el gobierno anunció el primer tribunal de la naturaleza humana en las Islas Galápagos.
Galápagos necesita un tribunal para proteger su ecosistema y en los ojos del mundo, esta operación genera simpatía, pero también es cierto que no hay que producir el mayor descontento social en el país.
"El conflicto social que provocará la ampliación de la frontera petrolera en el Yasuní, y la ejecución de grandes planes de minería, en ningún caso el mismo tamaño y la misma severidad en cuanto a lo que podría suceder Galápagos ", dice el analista político Pablo Dávalos.
El gobierno quiere mantener su imagen "verde" a cualquier precio y esto le llevó a emitir decretos como inadecuado, como el Acuerdo 80 del 13 de mayo, firmado por el Ministro de Medio Ambiente, que proclama "bosque y vegetación protectora "El triángulo de área de Cuemba, entre San Miguel y Putumayo en la frontera con Colombia.
El Acuerdo prohíbe a los años 80 la agricultura, la caza, la pesca y la explotación forestal en una zona habitada por comunidades indígenas en el kichwa amazónica. Paco Chuji, presidente de la Federación de la Nacionalidad Kichwa de Sucumbíos-Ecuador las organizaciones (FONAKISE) rechazó este acuerdo ya que limita las actividades necesarias para la supervivencia de las comunidades indígenas, dando lugar a su movimiento y su desaparición. Pero parece que no molesta al gobierno que insiste en utilizar la ecología como elemento puede utilizarse para la seguridad fronteriza porque cree que haber declarado el área de "bosque y vegetación protectora "también evitará la implantación de los grupos armados ilegales en Colombia.
En resumen, lo cierto es que el gobierno ha adaptado su discurso que le da una popularidad dentro y fuera del país, mientras que ocultar su verdadera política. Sin embargo, esta máscara se está resquebrajando poco a poco y muestra la cara de la política minera depredadores detrás de lo que el actual plan de llamadas para la revolución de los ciudadanos.
