¿Por qué está aquí?
Su experiencia. Es un indígena de la etnia Saraguro. Desde 1992 dirige movimientos sociales en Zamora Chinchipe. Fue presidente de la Ecuarunari y diputado en dos ocasiones. Sociólogo, hizo estudios en Eastern Mennonite University en Harisonburg, Virginia (EE.UU.). Es Prefecto de Zamora.
Fuente: Diario El Comercio
Su experiencia. Es un indígena de la etnia Saraguro. Desde 1992 dirige movimientos sociales en Zamora Chinchipe. Fue presidente de la Ecuarunari y diputado en dos ocasiones. Sociólogo, hizo estudios en Eastern Mennonite University en Harisonburg, Virginia (EE.UU.). Es Prefecto de Zamora.
¿Cuál es su evaluación del debate del proyecto de ley de Comunicación?
Aspiramos a que todo ese debate sirva para contar con una ley al servicio de todos y todas, pues por experiencia propia he sentido el sabor amargo tanto en los medios de comunicación manejados por el sector económico pudiente -algunos de ellos- como también de los que están manejados por el Gobierno.
¿Una mala experiencia?
Antes de que Correa fuera Presidente, GamaTV estuvo en manos de los señores Isaías y yo estuve vetado de emitir a través de ese medio mis criterios y los de mi provincia sobre el tema minero. Seguramente por intereses de los propietarios del medio.
¿Y eso ha cambiado ahora que ese canal se encuentra en manos del Estado?
En GamaTV seguimos vetados. Es curioso que ni con los anteriores dueños ni con el Estado hay acceso. El Presidente no puede hablar de libertad de expresión, si en dos años de vigencia de Ecuador TV nunca me permitieron hablar sobre la política minera, que es un tema que atañe a todos.
¿Qué garantías tenemos para que la Ley de comunicación cambie esa realidad?
Ni la ley anterior ni el proyecto actual del Gobierno muestran garantías para el pueblo. La anterior permitía vetar a quien se considere, según intereses. La actual propuesta pretende un Consejo para suspender medios de comunicación y quitar frecuencias, porque la propuesta recoge el criterio del Presidente para acaparar y controlar los medios de comunicación. Quiere que estos digan únicamente lo que le conviene.
¿Qué se requiere entonces?
Una ley que garantice, de verdad, la libertad de expresión. Esta no puede reclamar solamente un medio de comunicación, sino que debe ser un derecho para que todos los ciudadanos puedan ser escuchados. Se requiere buscar los mecanismos para hacer cumplir el principio de imparcialidad en todos los medios.
¿La posición de los asambleístas permite que se pueda aprobar una normativa con esas características?
Me parece bien el rol que cumplen los asambleístas del oficialismo y los de la oposición. Si ellos actúan con independencia sí será posible tener una ley independiente de intereses particulares.
¿Cómo relaciona a esta coyuntura política con la clausura de La Voz de Arutam?
Esa medida no tuvo nada que ver con la muerte de Bosco Wizuma. Es una estrategia de las empresas mineras para terminar con una herramienta de lucha de los pueblos shuar contra las empresas mineras como ECSA, ahora interesadas en crear mensajes dirigidos para esa nacionalidad en su propio lenguaje.
¿Su comunidad indígena ha previsto evaluar los alcances de esa medida?
El 6 de febrero, en una asamblea provincial de autoridades, organizaciones sociales, organismos de cooperación, entre otras, vamos a analizar el plan de desarrollo de Zamora Chinchipe y a evaluar temas como ley de Minería y ley de Comunicación.
¿Hay un interés particular de provincia frente a la ley de Comunicación?
Los medios de prensa nacionales privilegian en sus contenidos las demandas de las grandes ciudades y no de provincias pequeñas como Zamora Chinchipe. La ley debe obligar a los medios a difundir las iniciativas para buscar el desarrollo de todos.
¿Cuándo se habrá conseguido esa iniciativa?
El día que haya el espacio para que los pueblos digan lo que piensan sin mordaza, sin condicionamientos, ese día podremos festejar una verdadera libertad de expresión. Pero mientras esto no ocurra, si el derecho a la información está controlado por los medios públicos o privados, para el pueblo siempre estará vigente la falta de este derecho a su libertad.
¿Es importante la participación de los ciudadanos en la construcción de la ley?
Debieron abrirse foros para escuchar a las universidades, a los gremios, a las organizaciones sociales, a indígenas…
¿En qué ayudará eso?
Si logramos que la Constitución reconozca a un Estado plurinacional es necesario que los indígenas también participemos como actores para que la comunicación también tome en cuenta esos espacios. Necesitamos que la ley garantice una comunicación al alcance de todas las nacionalidades, utilizando a más del español los idiomas quichua y shuar.
¿Cree necesario el Consejo de Comunicación?
Sí. Pero hay que saber para qué servirá. Si es para censurar a quienes no compartan las ideas del Presidente no será necesario. Se necesita uno que dicte políticas de cómo debe aplicarse la participación de ciudadanos y cómo democratizar la comunicación. Este consejo debe ser plurinacional, intercultural y diverso, donde sí participe el Gobierno, pero también los representantes de pueblos y nacionalidades, de los medios privados, de las universidades, de los gremios…
Aspiramos a que todo ese debate sirva para contar con una ley al servicio de todos y todas, pues por experiencia propia he sentido el sabor amargo tanto en los medios de comunicación manejados por el sector económico pudiente -algunos de ellos- como también de los que están manejados por el Gobierno.
¿Una mala experiencia?
Antes de que Correa fuera Presidente, GamaTV estuvo en manos de los señores Isaías y yo estuve vetado de emitir a través de ese medio mis criterios y los de mi provincia sobre el tema minero. Seguramente por intereses de los propietarios del medio.
¿Y eso ha cambiado ahora que ese canal se encuentra en manos del Estado?
En GamaTV seguimos vetados. Es curioso que ni con los anteriores dueños ni con el Estado hay acceso. El Presidente no puede hablar de libertad de expresión, si en dos años de vigencia de Ecuador TV nunca me permitieron hablar sobre la política minera, que es un tema que atañe a todos.
¿Qué garantías tenemos para que la Ley de comunicación cambie esa realidad?
Ni la ley anterior ni el proyecto actual del Gobierno muestran garantías para el pueblo. La anterior permitía vetar a quien se considere, según intereses. La actual propuesta pretende un Consejo para suspender medios de comunicación y quitar frecuencias, porque la propuesta recoge el criterio del Presidente para acaparar y controlar los medios de comunicación. Quiere que estos digan únicamente lo que le conviene.
¿Qué se requiere entonces?
Una ley que garantice, de verdad, la libertad de expresión. Esta no puede reclamar solamente un medio de comunicación, sino que debe ser un derecho para que todos los ciudadanos puedan ser escuchados. Se requiere buscar los mecanismos para hacer cumplir el principio de imparcialidad en todos los medios.
¿La posición de los asambleístas permite que se pueda aprobar una normativa con esas características?
Me parece bien el rol que cumplen los asambleístas del oficialismo y los de la oposición. Si ellos actúan con independencia sí será posible tener una ley independiente de intereses particulares.
¿Cómo relaciona a esta coyuntura política con la clausura de La Voz de Arutam?
Esa medida no tuvo nada que ver con la muerte de Bosco Wizuma. Es una estrategia de las empresas mineras para terminar con una herramienta de lucha de los pueblos shuar contra las empresas mineras como ECSA, ahora interesadas en crear mensajes dirigidos para esa nacionalidad en su propio lenguaje.
¿Su comunidad indígena ha previsto evaluar los alcances de esa medida?
El 6 de febrero, en una asamblea provincial de autoridades, organizaciones sociales, organismos de cooperación, entre otras, vamos a analizar el plan de desarrollo de Zamora Chinchipe y a evaluar temas como ley de Minería y ley de Comunicación.
¿Hay un interés particular de provincia frente a la ley de Comunicación?
Los medios de prensa nacionales privilegian en sus contenidos las demandas de las grandes ciudades y no de provincias pequeñas como Zamora Chinchipe. La ley debe obligar a los medios a difundir las iniciativas para buscar el desarrollo de todos.
¿Cuándo se habrá conseguido esa iniciativa?
El día que haya el espacio para que los pueblos digan lo que piensan sin mordaza, sin condicionamientos, ese día podremos festejar una verdadera libertad de expresión. Pero mientras esto no ocurra, si el derecho a la información está controlado por los medios públicos o privados, para el pueblo siempre estará vigente la falta de este derecho a su libertad.
¿Es importante la participación de los ciudadanos en la construcción de la ley?
Debieron abrirse foros para escuchar a las universidades, a los gremios, a las organizaciones sociales, a indígenas…
¿En qué ayudará eso?
Si logramos que la Constitución reconozca a un Estado plurinacional es necesario que los indígenas también participemos como actores para que la comunicación también tome en cuenta esos espacios. Necesitamos que la ley garantice una comunicación al alcance de todas las nacionalidades, utilizando a más del español los idiomas quichua y shuar.
¿Cree necesario el Consejo de Comunicación?
Sí. Pero hay que saber para qué servirá. Si es para censurar a quienes no compartan las ideas del Presidente no será necesario. Se necesita uno que dicte políticas de cómo debe aplicarse la participación de ciudadanos y cómo democratizar la comunicación. Este consejo debe ser plurinacional, intercultural y diverso, donde sí participe el Gobierno, pero también los representantes de pueblos y nacionalidades, de los medios privados, de las universidades, de los gremios…
Fuente: Diario El Comercio
