A un mes del desalojo de los mineros informales de Congüime Bajo, un panorama de abandono y devastación se observa en esta jurisdicción del cantón Paquisha, en la provincia de Zamora Chinchipe.
El operativo, realizado el 15 de septiembre, dejó siete heridos (seis civiles y un gendarme) y tenía como finalidad la incautación de maquinaria pesada utilizada en la minería, en total 51 retroexcavadoras.
La acción, ejecutada por 2.200 policías y militares y 12 fiscales, fue avalada por el Juzgado de Garantías Penales de Zamora, que dio paso a un pedido del fiscal Gustavo Benítez, por una denuncia presentada por Mercy Borbor Córdova, ministra del Ambiente (e).
Un extenso sector arruinado por el trabajo minero se evidencia en ambas orillas del río Congüime, donde el agua estancada para el lavado del oro pone en evidencia la magnitud de las excavaciones realizadas por los trabajos mineros en la zona,
En el área donde realizaban minería en forma ilegal hasta días anteriores al desalojo han quedado unas 20 casetas de madera en su mayoría deshabitadas y una retroexcavadora abandonada con un letrero que dice “suspendida”.
La gente que estaba asentada en esta zona comenzó a salir a otras provincias en busca de trabajo. Una prueba de ello son las siete tiendas del lugar que están cerrando sus negocios. “No tenemos a quién vender”, expresa María Samareño, quien además cuenta con un salón de bebidas que antes del desalojo le representaba ingresos de hasta $ 440 diarios.
Mientras, Gloria González está cerrando su tienda y un salón de comidas. “Este lugar será un pueblo fantasma. Nuestros hijos comenzaron a salir. Viajaron cuatro jóvenes a San Lorenzo (Esmeraldas) a trabajar de operadores con unos colombianos. El Gobierno nos ha defraudado”, dice entre lágrimas.
Se estima que en el lugar había unas 70 máquinas, muchas retroexcavadoras de inversionistas procedentes de Loja, Zamora y Yantzaza, principalmente, quienes en algunos casos formaron sociedades para adquirir el equipamiento.
Ellos daban trabajo a más de 800 obreros, quienes cumplían las funciones de operadores de las máquinas, chorreadores (lavaban el material con agua a través de mangueras, hasta dejar el material fino), cargadores, entre otros. Los obreros eran del lugar y otros cantones como Nangaritza, Centinela del Cóndor, Yantzaza, El Pangui, quienes están en la desocupación.
El operativo también evidenció el nulo control que hubo por décadas, lo que ha dejado extensas zonas destruidas, en este sitio y muchos otros como Machinaza, Chinapinza, La Herradura, Zurmi, donde grandes empresas vienen sacando oro, contaminando las vertientes de agua y destruyendo la vegetación, señala Alberto Orellana Calle, residente del lugar. Entre ellos menciona a John Pástor, quien trabaja con nueve máquinas en 1.825 hectáreas concesionadas.
Un sector de la población de Zamora Chinchipe está consciente de los daños ambientales producidos por los mineros desalojados, pero no comparte con el procedimiento violento del Gobierno en el desalojo.
Allá el motor de la economía ha sido la minería y por ello la población pide una regularización para continuar con la explotación. “Aquí era todo por la minería, incluso los taxistas tenían trabajo, hacían carreras directas desde Yantzaza trayendo los alimentos para preparar la comida de los mineros: la yuca, el plátano, queso y más productos, todo se consumía de aquí”, expresa Wilmer Carrión, dueño de un vehículo en la empresa de camionetas de Yantzaza y que todas las semanas realizaba hasta tres fletes hasta Congüime Bajo.
Mientras, el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, indica que al mes de los acontecimientos de septiembre, “no hay indicios de voluntad del Gobierno para dialogar y encontrar soluciones a los problemas mineros”. Afirma que han cursado varias comunicaciones a la Asamblea Nacional, al presidente Rafael Correa pidiendo un diálogo.
Insiste que el Gobierno, “en flagrante violación al Mandato Minero, permitió que la empresa Ecsa y otras como Kinrross y Imgold continúen sus trabajos de exploración”.
Según el fiscal provincial de Zamora Chinchipe, Eduardo Moreno Robles, el proceso por la incursión de policías en Congüime Bajo continúa en indagación previa y se inició tras una denuncia presentada por Édgar Salinas Jumbo, quien afirma que recibió un balazo que le fracturó la pierna durante el desalojo del pasado 15 de septiembre. Pese a que resultaron otras seis personas heridas, no se han presentado más quejas formales del caso.
Fuente: El Universo
El operativo, realizado el 15 de septiembre, dejó siete heridos (seis civiles y un gendarme) y tenía como finalidad la incautación de maquinaria pesada utilizada en la minería, en total 51 retroexcavadoras.
La acción, ejecutada por 2.200 policías y militares y 12 fiscales, fue avalada por el Juzgado de Garantías Penales de Zamora, que dio paso a un pedido del fiscal Gustavo Benítez, por una denuncia presentada por Mercy Borbor Córdova, ministra del Ambiente (e).
Un extenso sector arruinado por el trabajo minero se evidencia en ambas orillas del río Congüime, donde el agua estancada para el lavado del oro pone en evidencia la magnitud de las excavaciones realizadas por los trabajos mineros en la zona,
En el área donde realizaban minería en forma ilegal hasta días anteriores al desalojo han quedado unas 20 casetas de madera en su mayoría deshabitadas y una retroexcavadora abandonada con un letrero que dice “suspendida”.
La gente que estaba asentada en esta zona comenzó a salir a otras provincias en busca de trabajo. Una prueba de ello son las siete tiendas del lugar que están cerrando sus negocios. “No tenemos a quién vender”, expresa María Samareño, quien además cuenta con un salón de bebidas que antes del desalojo le representaba ingresos de hasta $ 440 diarios.
Mientras, Gloria González está cerrando su tienda y un salón de comidas. “Este lugar será un pueblo fantasma. Nuestros hijos comenzaron a salir. Viajaron cuatro jóvenes a San Lorenzo (Esmeraldas) a trabajar de operadores con unos colombianos. El Gobierno nos ha defraudado”, dice entre lágrimas.
Se estima que en el lugar había unas 70 máquinas, muchas retroexcavadoras de inversionistas procedentes de Loja, Zamora y Yantzaza, principalmente, quienes en algunos casos formaron sociedades para adquirir el equipamiento.
Ellos daban trabajo a más de 800 obreros, quienes cumplían las funciones de operadores de las máquinas, chorreadores (lavaban el material con agua a través de mangueras, hasta dejar el material fino), cargadores, entre otros. Los obreros eran del lugar y otros cantones como Nangaritza, Centinela del Cóndor, Yantzaza, El Pangui, quienes están en la desocupación.
El operativo también evidenció el nulo control que hubo por décadas, lo que ha dejado extensas zonas destruidas, en este sitio y muchos otros como Machinaza, Chinapinza, La Herradura, Zurmi, donde grandes empresas vienen sacando oro, contaminando las vertientes de agua y destruyendo la vegetación, señala Alberto Orellana Calle, residente del lugar. Entre ellos menciona a John Pástor, quien trabaja con nueve máquinas en 1.825 hectáreas concesionadas.
Un sector de la población de Zamora Chinchipe está consciente de los daños ambientales producidos por los mineros desalojados, pero no comparte con el procedimiento violento del Gobierno en el desalojo.
Allá el motor de la economía ha sido la minería y por ello la población pide una regularización para continuar con la explotación. “Aquí era todo por la minería, incluso los taxistas tenían trabajo, hacían carreras directas desde Yantzaza trayendo los alimentos para preparar la comida de los mineros: la yuca, el plátano, queso y más productos, todo se consumía de aquí”, expresa Wilmer Carrión, dueño de un vehículo en la empresa de camionetas de Yantzaza y que todas las semanas realizaba hasta tres fletes hasta Congüime Bajo.
Mientras, el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, indica que al mes de los acontecimientos de septiembre, “no hay indicios de voluntad del Gobierno para dialogar y encontrar soluciones a los problemas mineros”. Afirma que han cursado varias comunicaciones a la Asamblea Nacional, al presidente Rafael Correa pidiendo un diálogo.
Insiste que el Gobierno, “en flagrante violación al Mandato Minero, permitió que la empresa Ecsa y otras como Kinrross y Imgold continúen sus trabajos de exploración”.
Según el fiscal provincial de Zamora Chinchipe, Eduardo Moreno Robles, el proceso por la incursión de policías en Congüime Bajo continúa en indagación previa y se inició tras una denuncia presentada por Édgar Salinas Jumbo, quien afirma que recibió un balazo que le fracturó la pierna durante el desalojo del pasado 15 de septiembre. Pese a que resultaron otras seis personas heridas, no se han presentado más quejas formales del caso.
Fuente: El Universo
