Los miembros de la Comisión de Biodiversidad (11) aprobaron el informe presentado por la subcomisión que realizó una visita in situ a la localidad conocida como “Voluntad de Dios”, en el cantón Cascales, provincia de Sucumbíos, por el cual pide que el Ministerio del ramo revoque la concesión minera la empresa Best Gold.
El asambleísta Gido Vargas, enfatizó que la subcomisión, integrada además por los asambleístas María Molina, Cléver Jiménez y Zobeida Gudiño, acudieron a este sector para iniciar un proceso de investigación y fiscalización a los hechos denunciados por el alcalde y la población del cantón Cascales, sobre la explotación de minería a cielo abierto por parte de la empresa Best Gold a la cual se le concedió una superficie de 891 hectáreas, para 360 años, por lo que en defensa de la provincia, la región amazónica y el país, concluyó que el Ministerio del ramo debe revocar dicha concesión.
Vargas subrayó que en el recorrido realizado pudieron evidenciar que la destrucción de los cauces es grave, pues se ha dragado los lechos de los ríos formando playas artificiales con materiales pétreos expuestos; los caudales de los ríos están cargados de sedimento provenientes del lavado de los materiales que utilizan para poder extraer el oro, por lo que exigen a las autoridades o a sus delegados el cumplimiento de las normas jurídicas y el seguimiento a los planes de mitigación ambiental.
En este marco, la comisión solicitará información al Ministerio de Recursos Naturales no Renovables acerca de esta concesión a la empresa Best Gold, así como al Ministerio de Ambiente, quien deberá levantar expedientes en contra de las personas y/o empresas que están realizando actividades mineras al margen de la ley y obligar a que los pasivos ambientales que han dejado sean remediados, conforme lo establece la Constitución.
Así mismo, el organismo considera que los ministerios correspondientes deben iniciar un proceso de mitigación y remediación ambiental en las áreas de influencia por los daños generados por las empresas y personas naturales en ejercicio de actividades mineras y que al Municipio de Cascales le corresponde ejecutar ordenanzas que regulen la actividad minera, de acuerdo con la ley.
Igualmente, se oficiará al Ministerio de Salud para que realice la inspección y análisis de la salud actual de los ciudadanos que viven en el área o zona de influencia, mientras la Secretaría Nacional del Agua tendrá que analizar la calidad de agua. El Defensor del Pueblo estará obligado a efectuar las actividades necesarias para precautelar los derechos que les asiste a los pobladores del cantón Cascales, tomando en cuenta que se ha acabado con la riqueza ictiológica de los ríos, misma que era aprovechada por las comunidades.
Fuente: Ecuador en Vivo
El asambleísta Gido Vargas, enfatizó que la subcomisión, integrada además por los asambleístas María Molina, Cléver Jiménez y Zobeida Gudiño, acudieron a este sector para iniciar un proceso de investigación y fiscalización a los hechos denunciados por el alcalde y la población del cantón Cascales, sobre la explotación de minería a cielo abierto por parte de la empresa Best Gold a la cual se le concedió una superficie de 891 hectáreas, para 360 años, por lo que en defensa de la provincia, la región amazónica y el país, concluyó que el Ministerio del ramo debe revocar dicha concesión.
Vargas subrayó que en el recorrido realizado pudieron evidenciar que la destrucción de los cauces es grave, pues se ha dragado los lechos de los ríos formando playas artificiales con materiales pétreos expuestos; los caudales de los ríos están cargados de sedimento provenientes del lavado de los materiales que utilizan para poder extraer el oro, por lo que exigen a las autoridades o a sus delegados el cumplimiento de las normas jurídicas y el seguimiento a los planes de mitigación ambiental.
En este marco, la comisión solicitará información al Ministerio de Recursos Naturales no Renovables acerca de esta concesión a la empresa Best Gold, así como al Ministerio de Ambiente, quien deberá levantar expedientes en contra de las personas y/o empresas que están realizando actividades mineras al margen de la ley y obligar a que los pasivos ambientales que han dejado sean remediados, conforme lo establece la Constitución.
Así mismo, el organismo considera que los ministerios correspondientes deben iniciar un proceso de mitigación y remediación ambiental en las áreas de influencia por los daños generados por las empresas y personas naturales en ejercicio de actividades mineras y que al Municipio de Cascales le corresponde ejecutar ordenanzas que regulen la actividad minera, de acuerdo con la ley.
Igualmente, se oficiará al Ministerio de Salud para que realice la inspección y análisis de la salud actual de los ciudadanos que viven en el área o zona de influencia, mientras la Secretaría Nacional del Agua tendrá que analizar la calidad de agua. El Defensor del Pueblo estará obligado a efectuar las actividades necesarias para precautelar los derechos que les asiste a los pobladores del cantón Cascales, tomando en cuenta que se ha acabado con la riqueza ictiológica de los ríos, misma que era aprovechada por las comunidades.
Fuente: Ecuador en Vivo
