El presidente Rafael Correa, en la última sabatina llamó a sus simpatizantes a “resistir pacíficamente” la marcha por la dignidad, hacia Quito que prevén iniciar el próximo jueves el colectivo de movimientos sociales que agrupa a la CONAIE, las centrales sindicales, la Unión Nacional de Educadores, los afiliados al seguro campesino, las federaciones de estudiantes secundarios y universitarios, los colegios profesionales, las organizaciones de mujeres, de ambientalistas, de defensa de los derechos humanos, las federaciones de barrios del país, entre otras.
En su alocución no se refirió a las causas y planteamientos de la marcha convocada el 15 de enero pasado en la Asamblea Plurinacional de Yantzaza, que expresó la ruptura del conjunto de movimientos sociales con sus políticas, pero le acuso de pretender desestabilizar al gobierno. “¡A prepararse pueblo ecuatoriano, a resistir pacíficamente. El 8 de marzo vamos a repletar la Plaza de la Independencia para decirles: aquí estamos y esta revolución no la detiene nada ni nadie!”, exhortó el Mandatario en su informe semanal de labores, emitido desde la provincia de Cotopaxi.
En Ecuador no hay ninguna revolución
"En Ecuador no hay ninguna revolución que defender, si existiría el pueblo estaría en primera línea de su defensa, porque la revolución atendería las demandas del pueblo", dijo Salvador Quishpe, quien presidió la Asamblea Plurinacional de Yantzaza.
"Por el contrario, subrayó, tenemos un gobierno que criminaliza las luchas del pueblo y tiene perseguidos a 197 dirigentes sociales acusados de terrorismo, en un país en el que no hay terrorismo. Un gobierno que entrega nuestros recursos naturales, desde el petróleo a las minas a manos de las empresas transnacionales para su explotación colonial; que explota el petróleo del bloque 31 en el Yasuní, atentando contra los derechos de la naturaleza y de los pueblos milenarios que viven allí; que está llevando adelante la privatización de la educación universitaria, eliminando el libre ingreso, la gratuidad de la educación superior, el cogobierno y la libertad de cátedra; que destruye los derechos laborales inventando la "renuncia obligatoria" con la cual se despiden a miles de trabajadores; que continúa elevando los impuestos con las mismas lógicas neoliberales de los últimos 20 años, incluyendo los impuestos prediales, es por eso que en contra de esas políticas contrarrevolucionarias y neoliberales las organizaciones sociales y populares se han convocado a la marcha de la dignidad por la defensa de sus derechos y en demanda de la plena vigencia de la constitución, violada continuamente por Correa".
Correa en su sabatina desafiante afirmó: “Creo que no pasarán de 4.000 personas, pero con la ayuda de la peluconería quiteña que quiere derrocar al Gobierno, de los medios de comunicación, van a intentar desestabilizar al Gobierno”, señaló. “¡No lo van a lograr. Si ellos son 3.000 o 4.000, nosotros seremos 40.000 o 50.000!”, advirtió.
Quishpe, rechazó esos comentarios: "las luchas de los oprimidos del país nunca han sido apoyadas por sus opresores, en Ecuador ni en ningún país del mundo. La marcha de la dignidad que empieza el 8 de marzo, es de una marcha de los oprimidos, la hostilidad de Correa a la misma, revela que él se alinea al lado de los opresores como Alexis Mera, de otra manera atendería las justas demandas del pueblo" A la vez ratificó el carácter pacífico de la marcha y responsabilizó a Correa de cualquier acto de violencia que lesione la integridad de las personas que participen en la marcha. Él es el presidente de la República, y tiene el deber de garantizar la vida de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. "Si moviliza grupos de choque contra los marchistas, Correa será el responsable de todos sus actos", subrayó.
El líder saraguro sostiene que la marcha es para protestar contra las políticas del Gobierno que afectan a sectores sociales, es en defensa del 60% de la población que se debate en una situación de marginalidad y extrema pobreza y en demanda de una transformación real del agro con la expedición de nuevas leyes de aguas, tierras y soberanía alimentaria.
La marcha plantea la derogatoria de todas las normas, leyes, resoluciones, reglamentos y decretos expedidos por el gobierno que violan la Constitución aprobada en consulta popular el 2008, entre ellos el decreto 813 que creó la renuncia obligatoria con la aplicación del cual el gobierno ha despedido a más de 5.000 trabajadores del sector público, de quienes demanda su reintegro, el paquete de impuestos expedido inconstitucionalmente que se pretende generará nuevos ingresos al fisco por cientos de millones de dólares extraídos de los bolsillos de la ciudadanía.
Finalmente Quishpe hizo una invitación a que el pueblo ecuatoriano contribuya con una “baquita” para la marcha por la vida, eso nos permitirá avanzar en esta caminata nacional, concluyó.
En su alocución no se refirió a las causas y planteamientos de la marcha convocada el 15 de enero pasado en la Asamblea Plurinacional de Yantzaza, que expresó la ruptura del conjunto de movimientos sociales con sus políticas, pero le acuso de pretender desestabilizar al gobierno. “¡A prepararse pueblo ecuatoriano, a resistir pacíficamente. El 8 de marzo vamos a repletar la Plaza de la Independencia para decirles: aquí estamos y esta revolución no la detiene nada ni nadie!”, exhortó el Mandatario en su informe semanal de labores, emitido desde la provincia de Cotopaxi.
En Ecuador no hay ninguna revolución
"En Ecuador no hay ninguna revolución que defender, si existiría el pueblo estaría en primera línea de su defensa, porque la revolución atendería las demandas del pueblo", dijo Salvador Quishpe, quien presidió la Asamblea Plurinacional de Yantzaza.
"Por el contrario, subrayó, tenemos un gobierno que criminaliza las luchas del pueblo y tiene perseguidos a 197 dirigentes sociales acusados de terrorismo, en un país en el que no hay terrorismo. Un gobierno que entrega nuestros recursos naturales, desde el petróleo a las minas a manos de las empresas transnacionales para su explotación colonial; que explota el petróleo del bloque 31 en el Yasuní, atentando contra los derechos de la naturaleza y de los pueblos milenarios que viven allí; que está llevando adelante la privatización de la educación universitaria, eliminando el libre ingreso, la gratuidad de la educación superior, el cogobierno y la libertad de cátedra; que destruye los derechos laborales inventando la "renuncia obligatoria" con la cual se despiden a miles de trabajadores; que continúa elevando los impuestos con las mismas lógicas neoliberales de los últimos 20 años, incluyendo los impuestos prediales, es por eso que en contra de esas políticas contrarrevolucionarias y neoliberales las organizaciones sociales y populares se han convocado a la marcha de la dignidad por la defensa de sus derechos y en demanda de la plena vigencia de la constitución, violada continuamente por Correa".
Correa en su sabatina desafiante afirmó: “Creo que no pasarán de 4.000 personas, pero con la ayuda de la peluconería quiteña que quiere derrocar al Gobierno, de los medios de comunicación, van a intentar desestabilizar al Gobierno”, señaló. “¡No lo van a lograr. Si ellos son 3.000 o 4.000, nosotros seremos 40.000 o 50.000!”, advirtió.
Quishpe, rechazó esos comentarios: "las luchas de los oprimidos del país nunca han sido apoyadas por sus opresores, en Ecuador ni en ningún país del mundo. La marcha de la dignidad que empieza el 8 de marzo, es de una marcha de los oprimidos, la hostilidad de Correa a la misma, revela que él se alinea al lado de los opresores como Alexis Mera, de otra manera atendería las justas demandas del pueblo" A la vez ratificó el carácter pacífico de la marcha y responsabilizó a Correa de cualquier acto de violencia que lesione la integridad de las personas que participen en la marcha. Él es el presidente de la República, y tiene el deber de garantizar la vida de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. "Si moviliza grupos de choque contra los marchistas, Correa será el responsable de todos sus actos", subrayó.
El líder saraguro sostiene que la marcha es para protestar contra las políticas del Gobierno que afectan a sectores sociales, es en defensa del 60% de la población que se debate en una situación de marginalidad y extrema pobreza y en demanda de una transformación real del agro con la expedición de nuevas leyes de aguas, tierras y soberanía alimentaria.
La marcha plantea la derogatoria de todas las normas, leyes, resoluciones, reglamentos y decretos expedidos por el gobierno que violan la Constitución aprobada en consulta popular el 2008, entre ellos el decreto 813 que creó la renuncia obligatoria con la aplicación del cual el gobierno ha despedido a más de 5.000 trabajadores del sector público, de quienes demanda su reintegro, el paquete de impuestos expedido inconstitucionalmente que se pretende generará nuevos ingresos al fisco por cientos de millones de dólares extraídos de los bolsillos de la ciudadanía.
Finalmente Quishpe hizo una invitación a que el pueblo ecuatoriano contribuya con una “baquita” para la marcha por la vida, eso nos permitirá avanzar en esta caminata nacional, concluyó.
