Cléver Jiménez, jefe de Bloque de Pachakutik y asambleísta por la provincia de Zamora Chinchipe, denunció a la comunidad nacional la orden de desalojo que se ha iniciado en contra de más de 300 familias que se dedican a la minería artesanal y de sustento, en la zona de San Luis, dentro del Parque Nacional Podocarpus, en el cantón Zamora de la provincia de Zamora Chinchipe.
Desde ya, el asambleísta responsabiliza al Gobierno Nacional, a la Ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga; al Ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh; y, a la Gobernadora de Zamora Chinchipe, Jenny Rodríguez, por cualquier situación que pueda ocurrir por las medidas irresponsables, adoptadas por estas autoridades, que afectan la integridad física y mental de los ciudadanos, hombres, mujeres y niños que hacen actividad minera artesanal en esta zona, toda vez que, se han desplegado más de trescientos efectivos militares y policiales, con órdenes de desalojar a quienes viven de esta actividad, atentando, claramente de esta manera, contra los derechos humanos.
Jiménez recordó que desde el año 1974, muchas personas de la provincia y de otras latitudes del país, que carecían de fuentes de trabajo, ingresaron a la zona de San Luis, con el objeto de emprender en actividades mineras, bajo la categoría de mineros artesanales, para sustento personal y el de sus familias; sin embargo, precisó que en el año de 1982, se creó el Parque Nacional PODOCARPUS, como zona de reserva natural o área protegida, sin ningún estudio técnico previo, que permita delimitar su área de manera acertada, sin incluir dentro de la misma el territorio donde nuestros compatriotas se encontraban y encuentran desarrollando actividades mineras.
Lamentó que las autoridades gubernamentales, amparadas en determinadas leyes o reglamentos, atenten contra la vida y los derechos humanos de los habitantes, que en este caso por varias décadas se han dedicado a la minería artesanal, único sustento para sus hijos y familias, amparados, entre otros, en el artículo 325 de la Constitución de la República que garantiza el derecho al trabajo.
En este contexto, Cléver Jiménez, informó que oportunamente se dirigió a la Ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, solicitándole que: “en el ejercicio de sus competencias se digne disponer el estudio técnico necesario en la zona minera de San Luis, con la finalidad que ésta sea desmembrada del área y mapa del Parque Nacional Podocarpus, para garantizar la vigencia de los derechos laborales y permanencia de las actividades de todas las personas que dependen de la minería artesanal y de sustento”.
Por otro lado, el asambleísta manifestó, que es lamentable que, el gobierno central, en lugar de generar fuentes de empleo para los ecuatorianos y ecuatorianas, y, brindar el respaldo y apoyo a quienes con esfuerzo sobreviven de esta actividad, se dedique a perseguir como a delincuentes a quienes que, por años viven haciendo minería artesanal y pequeña en la provincia de Zamora Chinchipe y en el resto del país; se ha dedicado además, a través de controles policiales y militares, en todos los caminos de acceso a los sitios donde se hace esta actividad minera a impedir la libre movilidad humana, mientras tanto en las ciudades y pueblos crece y muy poco se controla la delincuencia; y lo que es peor, en lugar de defender al pueblo ecuatoriano, defiende con todo el aparato estatal a las empresas transnacionales.
El asambleísta denuncia ante el país, la irresponsabilidad adoptada por parte del Ministerio del Ambiente, ya que como representante de la provincia de Zamora Chinchipe, ha solicitado por todos los medios posibles mantener una reunión urgente para evitar confrontaciones que puedan acarrear pérdidas humanas y materiales, no se ha dado oídos, estas autoridades están contagiadas con la prepotencia del primer mandatario ecuatoriano; por lo que, advierte a la comunidad ecuatoriana, que el único responsable por los acontecimientos que se puedan suceder, frente a la arremetida del gobierno nacional, será el mismo gobierno nacional.
Finalmente, Cléver Jiménez anuncia que continuará en su firme posición, en defensa de los sectores más pobres de su provincia y del país. Concluyó manifestando que, es necesario que el gobierno nacional y sus instituciones retiren de inmediato sus efectivos militares y policiales, y juntos busquemos una solución a este problema que tiene que ver con la falta de fuentes de trabajo y la sobrevivencia de nuestros compatriotas, concluyó.
Fuente: Ecuador en vivo
Desde ya, el asambleísta responsabiliza al Gobierno Nacional, a la Ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga; al Ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh; y, a la Gobernadora de Zamora Chinchipe, Jenny Rodríguez, por cualquier situación que pueda ocurrir por las medidas irresponsables, adoptadas por estas autoridades, que afectan la integridad física y mental de los ciudadanos, hombres, mujeres y niños que hacen actividad minera artesanal en esta zona, toda vez que, se han desplegado más de trescientos efectivos militares y policiales, con órdenes de desalojar a quienes viven de esta actividad, atentando, claramente de esta manera, contra los derechos humanos.
Jiménez recordó que desde el año 1974, muchas personas de la provincia y de otras latitudes del país, que carecían de fuentes de trabajo, ingresaron a la zona de San Luis, con el objeto de emprender en actividades mineras, bajo la categoría de mineros artesanales, para sustento personal y el de sus familias; sin embargo, precisó que en el año de 1982, se creó el Parque Nacional PODOCARPUS, como zona de reserva natural o área protegida, sin ningún estudio técnico previo, que permita delimitar su área de manera acertada, sin incluir dentro de la misma el territorio donde nuestros compatriotas se encontraban y encuentran desarrollando actividades mineras.
Lamentó que las autoridades gubernamentales, amparadas en determinadas leyes o reglamentos, atenten contra la vida y los derechos humanos de los habitantes, que en este caso por varias décadas se han dedicado a la minería artesanal, único sustento para sus hijos y familias, amparados, entre otros, en el artículo 325 de la Constitución de la República que garantiza el derecho al trabajo.
En este contexto, Cléver Jiménez, informó que oportunamente se dirigió a la Ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, solicitándole que: “en el ejercicio de sus competencias se digne disponer el estudio técnico necesario en la zona minera de San Luis, con la finalidad que ésta sea desmembrada del área y mapa del Parque Nacional Podocarpus, para garantizar la vigencia de los derechos laborales y permanencia de las actividades de todas las personas que dependen de la minería artesanal y de sustento”.
Por otro lado, el asambleísta manifestó, que es lamentable que, el gobierno central, en lugar de generar fuentes de empleo para los ecuatorianos y ecuatorianas, y, brindar el respaldo y apoyo a quienes con esfuerzo sobreviven de esta actividad, se dedique a perseguir como a delincuentes a quienes que, por años viven haciendo minería artesanal y pequeña en la provincia de Zamora Chinchipe y en el resto del país; se ha dedicado además, a través de controles policiales y militares, en todos los caminos de acceso a los sitios donde se hace esta actividad minera a impedir la libre movilidad humana, mientras tanto en las ciudades y pueblos crece y muy poco se controla la delincuencia; y lo que es peor, en lugar de defender al pueblo ecuatoriano, defiende con todo el aparato estatal a las empresas transnacionales.
El asambleísta denuncia ante el país, la irresponsabilidad adoptada por parte del Ministerio del Ambiente, ya que como representante de la provincia de Zamora Chinchipe, ha solicitado por todos los medios posibles mantener una reunión urgente para evitar confrontaciones que puedan acarrear pérdidas humanas y materiales, no se ha dado oídos, estas autoridades están contagiadas con la prepotencia del primer mandatario ecuatoriano; por lo que, advierte a la comunidad ecuatoriana, que el único responsable por los acontecimientos que se puedan suceder, frente a la arremetida del gobierno nacional, será el mismo gobierno nacional.
Finalmente, Cléver Jiménez anuncia que continuará en su firme posición, en defensa de los sectores más pobres de su provincia y del país. Concluyó manifestando que, es necesario que el gobierno nacional y sus instituciones retiren de inmediato sus efectivos militares y policiales, y juntos busquemos una solución a este problema que tiene que ver con la falta de fuentes de trabajo y la sobrevivencia de nuestros compatriotas, concluyó.
Fuente: Ecuador en vivo
