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Organizaciones civiles canadienses anteponen queja a la Policía Montada Real de Canadá (RCMP) solicitándole investigue a la minera canadiense Blackfire sobre actos de corrupción en México (Ottawa y Toronto) Una coalición de organizaciones no-gubernamentales de Canadá presentaron hoy una queja formal ante la Policía Real Montada de Canadá (RCMP) solicitándole que investigue a la minera canadiense Blackfire Explorations Ltd. con sede en Calgary, Alberta, y a su filial mexicana por presunta violación a la Ley sobre Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros (la “Ley”) [Corruption of Foreign Public Officials Act]. En junio de 2009 Blackfire entrego documentación al Congreso del Estado de Chiapas mostrando que la empresa había realizado una serie de pagos al Alcalde del municipio de Chicomuselo. Estos documentos están ahora en manos de la RCMP. El acto de sobornar a un funcionario público extranjero es ilegal bajo esta Ley poco utilizada, y una de las pocas leyes en Canadá con alcance internacional. Bajo esta Ley cualquier persona declarada culpable podría ser encarcelada por un tiempo que no debe de exceder a los cinco años.
“En realidad no existen otros controles legales sobre las actividades de mineras canadienses que operan al nivel internacional” dijo Jamie Kneen, portavoz de Vigilancia Minera de Canadá. “Nos interesa ver si algo se lograra hacer en este caso del todo horrible.” Rick Arnold, coordinador de Fronteras Comunes de Canadá añadió, “Documentos de la empresa misma indican pagos hechos al alcalde además de otro autoridad municipal. Nos importa saber – y los mexicanos tienen el derecho de saber – que algo se logre hacer con este caso.”
De acuerdo a un documento firmado por el Sr. Artemio Avila Cervera, director de Blackfire Canadá y también Gerente General de Responsabilidad Social, Blackfire de México ha realizado pagos por un total de al menos 204,022.69 pesos mexicanos al señor Julio César Velásquez Calderón, Alcalde del municipio de Chicomuselo por servicios no oficiales en beneficio de Blackfire México. La empresa también ha proporcionado al alcalde otros beneficios, como billetes de avión para él, su familia y sus asociados.
Ken Neuman, el Director canadiense del Sindicato de Trabajadores Unidos de la Industria Siderurgica, señalo que, “Empresas como Blackfire son la cara de Canadá que se ve en el exterior. Queda claro que, como en este caso, la auto-regulación dentro de un marco de ‘reponsabilidad social empresarial’ no funciona y por ende es esencial que la RCMP investigue estos alegatos y que Blackfire de cuenta de su conducta.”
Blackfire ha estado en las noticias desde el 27 de noviembre de 2009 cuando Mariano Abarca Roblero, eminente activista opuesto a la minería fue asesinado a balazos frente a su casa en Chicomuselo. El Sr. Abarca fue uno de los lideres de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y uno de las figuras mas importantes en denunciar el impacto social y ambiental negativo de la mina de barita al cielo abierto de Blackfire.
Según un reciente reporte en la prensa mexicana, Blackfire ha amenazado con demandar al gobierno de Chiapas por US $ 800 millones de compensación bajo el Capítulo 11 del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de Norte América) por el cierre de su mina de barita por autoridades locales en diciembre de 2009.
Una delegación de organizaciones no-gubernamentales canadienses visitaran Chiapas entre el 20 y 27 de marzo para poder analizar mas a fondo la situación en platicas con los actores centrales.
Organizaciones civiles canadienses anteponen queja a la Policía Montada Real de Canadá (RCMP) solicitándole investigue a la minera canadiense Blackfire sobre actos de corrupción en México (Ottawa y Toronto) Una coalición de organizaciones no-gubernamentales de Canadá presentaron hoy una queja formal ante la Policía Real Montada de Canadá (RCMP) solicitándole que investigue a la minera canadiense Blackfire Explorations Ltd. con sede en Calgary, Alberta, y a su filial mexicana por presunta violación a la Ley sobre Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros (la “Ley”) [Corruption of Foreign Public Officials Act]. En junio de 2009 Blackfire entrego documentación al Congreso del Estado de Chiapas mostrando que la empresa había realizado una serie de pagos al Alcalde del municipio de Chicomuselo. Estos documentos están ahora en manos de la RCMP. El acto de sobornar a un funcionario público extranjero es ilegal bajo esta Ley poco utilizada, y una de las pocas leyes en Canadá con alcance internacional. Bajo esta Ley cualquier persona declarada culpable podría ser encarcelada por un tiempo que no debe de exceder a los cinco años.
“En realidad no existen otros controles legales sobre las actividades de mineras canadienses que operan al nivel internacional” dijo Jamie Kneen, portavoz de Vigilancia Minera de Canadá. “Nos interesa ver si algo se lograra hacer en este caso del todo horrible.” Rick Arnold, coordinador de Fronteras Comunes de Canadá añadió, “Documentos de la empresa misma indican pagos hechos al alcalde además de otro autoridad municipal. Nos importa saber – y los mexicanos tienen el derecho de saber – que algo se logre hacer con este caso.”
De acuerdo a un documento firmado por el Sr. Artemio Avila Cervera, director de Blackfire Canadá y también Gerente General de Responsabilidad Social, Blackfire de México ha realizado pagos por un total de al menos 204,022.69 pesos mexicanos al señor Julio César Velásquez Calderón, Alcalde del municipio de Chicomuselo por servicios no oficiales en beneficio de Blackfire México. La empresa también ha proporcionado al alcalde otros beneficios, como billetes de avión para él, su familia y sus asociados.
Ken Neuman, el Director canadiense del Sindicato de Trabajadores Unidos de la Industria Siderurgica, señalo que, “Empresas como Blackfire son la cara de Canadá que se ve en el exterior. Queda claro que, como en este caso, la auto-regulación dentro de un marco de ‘reponsabilidad social empresarial’ no funciona y por ende es esencial que la RCMP investigue estos alegatos y que Blackfire de cuenta de su conducta.”
Blackfire ha estado en las noticias desde el 27 de noviembre de 2009 cuando Mariano Abarca Roblero, eminente activista opuesto a la minería fue asesinado a balazos frente a su casa en Chicomuselo. El Sr. Abarca fue uno de los lideres de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y uno de las figuras mas importantes en denunciar el impacto social y ambiental negativo de la mina de barita al cielo abierto de Blackfire.
Según un reciente reporte en la prensa mexicana, Blackfire ha amenazado con demandar al gobierno de Chiapas por US $ 800 millones de compensación bajo el Capítulo 11 del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de Norte América) por el cierre de su mina de barita por autoridades locales en diciembre de 2009.
Una delegación de organizaciones no-gubernamentales canadienses visitaran Chiapas entre el 20 y 27 de marzo para poder analizar mas a fondo la situación en platicas con los actores centrales.
Fuente: Alerta Minera Canadá
