Ante un centenar de personas y frente a la iniciativa de agrupaciones étnicas, la asamblea de organizaciones sociales efectuada ayer en la ciudad de Zamora no cambió el matiz de resistencia frente a lo que estiman una inconstitucionalidad desde el Ejecutivo.
José Guamán, presidente de la Federación Provincial de la Nacionalidad Kichwa Saraguro, manifestó que los dirigentes presentes acordaron que lucharán hasta que las empresas transnacionales se retiren del país.
“Vamos a pedir al Gobierno el respeto a los pueblos y nacionalidades. Si algún rato hay que extraer este recurso natural que sea para la provincia, para bien de los cantones, las parroquias y de las comunidades”, dijo.
El dirigente mencionó que no existe una fecha definida para la movilización en contra del Ejecutivo, y que hoy una delegación asistirá a una marcha y una reunión en la ciudad de Quito para presentar las propuestas de Zamora Chinchipe a nivel nacional.
Puntualizó que el prefecto provincial, Salvador Quishpe, es la única autoridad que está respaldando el pedido de las organizaciones, al tiempo de criticar los acuerdos de algunos personeros institucionales con compañías extranjeras.
Para Guamán, el miedo a la gestión de recursos económicos a nivel del Gobierno Central y organismos internacionales está reinando en ciertos funcionarios, por lo que recurren a dineros de procedencia fácil.
Gloria Chicaiza, delegada de Fundación Acción Ecológica y quien fue invitada para el evento, indicó que es necesario que la ciudadanía conozca los posibles impactos de la actividad minera y su relación con el proyecto de Ley de Aguas que se trata en la Asamblea Nacional.
Sostuvo que de acuerdo a la Constitución Política vigente se garantiza el derecho humano de acceso al agua y la garantía de la soberanía alimentaria. “Tenemos algunas conquistas garantizadas en esta Constitución y que se las está violando”, acotó.
En su intervención, José María Carrión, morador de la parroquia Guadalupe, expuso su disconformidad con la poca colaboración de las autoridades en resolver el conflicto social generado en torno a las tierras ancestrales.
Asimismo, responsabilizó a ciudadanos de la etnia shuar residentes en la zona y a su dirigencia por las consecuencias de la problemática, así como demandó un cambio en la administración gubernamental de la provincia.
120 personas aproximadamente estuvieron presentes
Fuente: La Hora
