USD 110,3 millones
es lo que dejaría de percibir el Gobierno, anualmente, en caso de aplicarse la Ley.
Las nuevas autoridades analizaron el Código Orgánico de Organización Territorial.
Una semana de plazo se dieron los prefectos de ocho provincias, para elaborar un documento con las sugerencias que los organismos seccionales hacen a la Ley de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
El prefecto electo de Guayas, Jimmy Jairala, convocó ayer a sus colegas en el Centro de Convenciones Simón Bolívar.
A la cita asistieron los prefectos electos de Sucumbíos, Orlando Grefa; de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe; de Orellana, Guadalupe LLori; los viceprefectos de Los Ríos, Héctor Hurtado; y de Napo, Susana Gutiérrez; y los representantes de las prefecturas de El Oro y Pastaza, Fausto Jiménez y Francisco Romero.
Antes del inicio de la sesión, el anfitrión dijo, en tono sonriente, que hay demasiada coincidencia en que justo ayer se entreguen credenciales a los ganadores de las distintas dignidades y que se cite a otra sesión de prefectos en Quito, un día antes.
Dentro de su exposición, Jimmy Jairala mostró su preocupación en temas puntuales del proyecto de Ley. El primero es la duplicidad de funciones entre los gobiernos provinciales y los gobiernos regionales.
“Seis de las nueve competencias se repiten. Esto llevaría a desaparecer a los consejos provinciales o que se conviertan en una simple oficina”, dijo.
A los prefectos les preocupa también la asignación de recursos. El art. 193 del proyecto determina que del fondo para gobiernos seccionales, el 22% va a los regionales autónomos; el 52%, a los municipales, el 5% a los parroquiales y un 21% a los gobiernos provinciales, siendo estos últimos los más afectados”.
También está la distribución, para lo cual, explicó, se utilizarían criterios subjetivos. “De ese 100% entre el 72 y 77% se asigna según el tamaño y densidad de población, entre el 18 y 22% por necesidades básicas insatisfechas. En estos temas no hay estadísticas ni censos nuevos. Entre el 6 y 7% con el criterio de mejoramiento en niveles de vida, esfuerzo fiscal, etc., como lo prevé el artículo 202”.
Salvador Quishpe, prefecto electo de Zamora, criticó que no se haya tomado en cuenta a varios prefectos a una reunión citada en Quito por Gustavo Baroja, reelecto en Pichincha.
“Ojalá pronto podamos instalarnos todos los representantes de todos los niveles de gobierno, con representantes de las juntas parroquiales, de los municipios y las prefecturas. Y que así pueda surgir una ley que será la que va a regir el funcionamiento y las competencias en todos los niveles de gobierno”, expresó Quishpe.
Héctor Hurtado, viceprefecto de Los Ríos, dijo que la regionalización debe ser voluntaria. Que no está de acuerdo con el anuncio de que Milagro será la capital de su región. “Proponemos que sea Babahoyo por ser equidistante, por el tema productivo”.
Guadalupe Llori, prefecta electa de Orellana, dijo que debería escucharse los planteamientos de los consejos y luego discutir su inclusión en el proyecto de Ley.
La viceprefecta de Napo, Susana Gutiérrez, calificó a la Ley como “una maniobra más del Gobierno para tratar de dividir. Lo que quieren es apoderarse de todas las instancias. Tenemos que plasmar nuestras propuestas en un documento para ser presentado. Nosotros no hemos sido tomados en cuenta en ningún debate”.
Sobre la pugna que se avizora entre Milagro y Babahoyo por ser capital de la región 5, Jairala explicó que “será una pelea que se la tendrá que calar el Gobierno. Les anticipo, sin el ánimo de crear una tormenta, que hemos escuchado rumores que va a haber un nuevo intento de provincializar a Milagro. Si así fuera me parece que es un error político porque ya la provincia de Guayas ha sido suficientemente lastimada con la división de Santa Elena”.
