Emilio Godoy
MEXICO, D.F., 17 de febrero (apro).- Aunque el gobierno de Ecuador presume de su intención de dejar el petróleo en el subsuelo y de proteger los bosques, ha autorizado explotaciones mineras que violan los derechos humanos de las comunidades afectadas, según organizaciones de derechos humanos.
“Nuestra preocupación es que no existe capacidad institucional para realizar y controlar un proyecto de esta magnitud. Hay incompetencia del Estado, porque no tiene gente preparada ni experiencia en el tema para dar seguimiento, ni mecanismos para que personas afectadas entendamos cuáles son los riesgos del proyecto. Los riesgos son muy altos”, denunció a APRO la ecuatoriana Isabela Figueroa, consultora de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (CEDHU).
Esta organización no gubernamental y la Federación Internacional de Derechos Humanos elaboraron el informe “Intervención minera a gran escala en Ecuador y vulneración de derechos humanos: caso Corriente Resources”, que analiza el caso del proyecto de cobre Mirador, situado en la sudoriental provincia de Zamora Chinchipe –en la Amazonía-.
Ese reporte, de 40 páginas de extensión, evidenció la ausencia de mecanismos de consulta apropiados con la población local, un proceso de adquisición de tierras caracterizado por irregularidades que perjudican el derecho a la vivienda y al no desplazamiento, la falta de garantías para proteger a las poblaciones frente a los impactos ambientales que produciría la extracción minera a gran escala, especialmente en relación con el derecho al derecho al agua, y la represión y criminalización de la oposición a los proyectos mineros a gran escala en Zamora Chinchipe y la cercana provincia de Morona Santiago –ricas en oro y cobre-.
El proyecto Mirador, a cargo de la filial EcuaCorriente (ECSA), se halla en la fase de exploración avanzada, en el primer emprendimiento de extracción de minería metálica a gran escala en Ecuador.
Corriente Resources operó a través de sus subsidiarias en las provincias citadas durante el período 2000-2010. Además de Mirador, la minera posee el campo Panantza-San Carlos, a cargo de la subsidiaria ExplorCobres (EXSA) y que se halla suspendido desde noviembre de 2007, por rechazo de la población local.
Hasta 2003, la transnacional se concentró en comprar propiedades y a localizar y confirmar la existencia de vetas para posteriormente vender las propiedades a otras compañías.
“El Estado ecuatoriano ha autorizado la exploración minera para el proyecto Mirador sin haber cumplido con su obligación de consultar a los pueblos y comunidades afectadas”, cita el documento, según el cual la Ley de Gestión Ambiental, vigente en el momento de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, “establece expresamente que el incumplimiento de la consulta ambiental por parte del Estado hace inejecutable la actividad de que se trate y causará la nulidad del respectivo contrato”.
Ecuador carece de tradición minera, pero a lo largo de la década pasada se incrementó la presencia de empresas extractivas, especialmente de capital canadiense.
Por eso, el temor de las organizaciones es que la nación andina siga los pasos de sitios como México, Guatemala o Perú, donde esas explotaciones han derivado en conflictos con las comunidades.
Las concesiones mineras abarcan una superficie de 2 mil 800 millones de hectáreas, de las cuales 45% corresponde a la minería metálica. En Ecuador, el capital canadiense constituye más de 90% de la inversión del naciente sector minero metálico en su fase exploratoria.
El factor chino
Para Figueroa, el gobierno del presidente Rafael Correa debe echar atrás el proyecto antes del estudio de impacto ambiental de la fase exploratoria.
“Lo que hemos observado es que el estudio de impacto de la fase anterior es muy deficiente, no tiene información suficiente sobre riesgos respecto a agua, por ejemplo”, explicó Figueroa, quien realizó la parte legal del reporte, basado en entrevistas, reuniones y observación in situ, y cuya elaboración se inició a finales de 2009 y finalizó en noviembre de 2010.
Según el Estado ecuatoriano, Corriente ha cumplido los requisitos contenidos en la legislación, por lo cual le autorizó en julio de 2009 a reanudar las actividades suspendidas en 2006 por el rechazo de las comunidades afectadas.
La provincia de Morona Santiago abarca una superficie de 24 mil 062 kilómetros cuadrados y alberga a una población de 137 mil 254 habitantes. Mientras, Zamora Chinchipe cubre un área de 10 mil 556 kilómetros cuadrados, con 88 mil 778 personas. Ambas localidades se ubican en una zona rica en biodiversidad, por lo cual la explotación también representa una amenaza para la riqueza natural.
Por la falta de consulta y las protestas, el gobierno aplicó el llamado “Mandato minero” de 2008 y mediante el cual revirtió algunas concesiones, pero no fue el caso de Corriente.
En noviembre de 2010, luego de la etapa de exploración del proyecto Mirador, el Estado convocó por primera vez a una audiencia pública para discutir la fase de explotación, sin que eso repercutiera en la marcha de la mina.
La faceta geopolítica ha variado, pues Corriente Resources pasó a manos chinas en 2009 (Correa ha tejido una cuidadosa relación con el gobierno del gigante asiático).
La minera surgió en 1983, en la provincia canadiense de Columbia Británica, bajo el nombre de “Coronado Resources Inc.” En 1990 varió su denominación a “Iron King Mines Inc.” y dos años después a su marca actual.
En diciembre de 2009, apareció una oferta del conglomerado chino Tongling Nonferrous Metals Group Holdings (Tonguang) y por China Railway Construction Corporate Limited (CRCC) por 679 millones de dólares. El 28 de mayo de 2010, el grupo adquirió 96,9% del accionariado de Corriente Resources. El 4 de agosto de 2010, TongguanCRCC se hizo con el total de los títulos de la minera.
El origen de Mirador data de mediados de la década de los ‘90, cuando la firma Billinton Ecuador B.V., arrancó un programa de exploración de varias áreas. En agosto de 2001, Billinton transfirió sus derechos a la empresa Gatro Ecuador Minera S.A., la cual a su vez subdividió dos partes en varios segmentos. En junio de 2003, GEMSA traspasó los derechos de dos áreas –entre ellas Mirador- a EcuaCorriente S.A., que junto a EXSA, Puertocobre S.A., y Proyecto Hidroeléctrico Santa Cruz S.A., pertenecen a Corriente.
Una vez la mina cuente con la licencia ambiental, puede empezar operaciones. Por eso, las organizaciones estudian las rutas legales a manos, como un recurso de amparo para detener proyecto o solicitar la revisión de la constitucionalidad del proyecto.
Ecuador ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que incluyen el respeto sobre los territorios de las comunidades y el derecho a la consulta relacionada con iniciativas como Mirador.
El informe recomienda que “las personas y comunidades afectadas sean debidamente consultadas; los riesgos ambientales de la región sean analizados a profundidad y de manera independiente; se instauren mecanismos para otorgar seguridad jurídica a las tierras indígenas y campesinas; se suspendan las investigaciones y acciones judiciales o administrativas pesan sobre las personas que defienden sus derechos y territorios”.
Fuente: AMLOTV
“Nuestra preocupación es que no existe capacidad institucional para realizar y controlar un proyecto de esta magnitud. Hay incompetencia del Estado, porque no tiene gente preparada ni experiencia en el tema para dar seguimiento, ni mecanismos para que personas afectadas entendamos cuáles son los riesgos del proyecto. Los riesgos son muy altos”, denunció a APRO la ecuatoriana Isabela Figueroa, consultora de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (CEDHU).
Esta organización no gubernamental y la Federación Internacional de Derechos Humanos elaboraron el informe “Intervención minera a gran escala en Ecuador y vulneración de derechos humanos: caso Corriente Resources”, que analiza el caso del proyecto de cobre Mirador, situado en la sudoriental provincia de Zamora Chinchipe –en la Amazonía-.
Ese reporte, de 40 páginas de extensión, evidenció la ausencia de mecanismos de consulta apropiados con la población local, un proceso de adquisición de tierras caracterizado por irregularidades que perjudican el derecho a la vivienda y al no desplazamiento, la falta de garantías para proteger a las poblaciones frente a los impactos ambientales que produciría la extracción minera a gran escala, especialmente en relación con el derecho al derecho al agua, y la represión y criminalización de la oposición a los proyectos mineros a gran escala en Zamora Chinchipe y la cercana provincia de Morona Santiago –ricas en oro y cobre-.
El proyecto Mirador, a cargo de la filial EcuaCorriente (ECSA), se halla en la fase de exploración avanzada, en el primer emprendimiento de extracción de minería metálica a gran escala en Ecuador.
Corriente Resources operó a través de sus subsidiarias en las provincias citadas durante el período 2000-2010. Además de Mirador, la minera posee el campo Panantza-San Carlos, a cargo de la subsidiaria ExplorCobres (EXSA) y que se halla suspendido desde noviembre de 2007, por rechazo de la población local.
Hasta 2003, la transnacional se concentró en comprar propiedades y a localizar y confirmar la existencia de vetas para posteriormente vender las propiedades a otras compañías.
“El Estado ecuatoriano ha autorizado la exploración minera para el proyecto Mirador sin haber cumplido con su obligación de consultar a los pueblos y comunidades afectadas”, cita el documento, según el cual la Ley de Gestión Ambiental, vigente en el momento de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, “establece expresamente que el incumplimiento de la consulta ambiental por parte del Estado hace inejecutable la actividad de que se trate y causará la nulidad del respectivo contrato”.
Ecuador carece de tradición minera, pero a lo largo de la década pasada se incrementó la presencia de empresas extractivas, especialmente de capital canadiense.
Por eso, el temor de las organizaciones es que la nación andina siga los pasos de sitios como México, Guatemala o Perú, donde esas explotaciones han derivado en conflictos con las comunidades.
Las concesiones mineras abarcan una superficie de 2 mil 800 millones de hectáreas, de las cuales 45% corresponde a la minería metálica. En Ecuador, el capital canadiense constituye más de 90% de la inversión del naciente sector minero metálico en su fase exploratoria.
El factor chino
Para Figueroa, el gobierno del presidente Rafael Correa debe echar atrás el proyecto antes del estudio de impacto ambiental de la fase exploratoria.
“Lo que hemos observado es que el estudio de impacto de la fase anterior es muy deficiente, no tiene información suficiente sobre riesgos respecto a agua, por ejemplo”, explicó Figueroa, quien realizó la parte legal del reporte, basado en entrevistas, reuniones y observación in situ, y cuya elaboración se inició a finales de 2009 y finalizó en noviembre de 2010.
Según el Estado ecuatoriano, Corriente ha cumplido los requisitos contenidos en la legislación, por lo cual le autorizó en julio de 2009 a reanudar las actividades suspendidas en 2006 por el rechazo de las comunidades afectadas.
La provincia de Morona Santiago abarca una superficie de 24 mil 062 kilómetros cuadrados y alberga a una población de 137 mil 254 habitantes. Mientras, Zamora Chinchipe cubre un área de 10 mil 556 kilómetros cuadrados, con 88 mil 778 personas. Ambas localidades se ubican en una zona rica en biodiversidad, por lo cual la explotación también representa una amenaza para la riqueza natural.
Por la falta de consulta y las protestas, el gobierno aplicó el llamado “Mandato minero” de 2008 y mediante el cual revirtió algunas concesiones, pero no fue el caso de Corriente.
En noviembre de 2010, luego de la etapa de exploración del proyecto Mirador, el Estado convocó por primera vez a una audiencia pública para discutir la fase de explotación, sin que eso repercutiera en la marcha de la mina.
La faceta geopolítica ha variado, pues Corriente Resources pasó a manos chinas en 2009 (Correa ha tejido una cuidadosa relación con el gobierno del gigante asiático).
La minera surgió en 1983, en la provincia canadiense de Columbia Británica, bajo el nombre de “Coronado Resources Inc.” En 1990 varió su denominación a “Iron King Mines Inc.” y dos años después a su marca actual.
En diciembre de 2009, apareció una oferta del conglomerado chino Tongling Nonferrous Metals Group Holdings (Tonguang) y por China Railway Construction Corporate Limited (CRCC) por 679 millones de dólares. El 28 de mayo de 2010, el grupo adquirió 96,9% del accionariado de Corriente Resources. El 4 de agosto de 2010, TongguanCRCC se hizo con el total de los títulos de la minera.
El origen de Mirador data de mediados de la década de los ‘90, cuando la firma Billinton Ecuador B.V., arrancó un programa de exploración de varias áreas. En agosto de 2001, Billinton transfirió sus derechos a la empresa Gatro Ecuador Minera S.A., la cual a su vez subdividió dos partes en varios segmentos. En junio de 2003, GEMSA traspasó los derechos de dos áreas –entre ellas Mirador- a EcuaCorriente S.A., que junto a EXSA, Puertocobre S.A., y Proyecto Hidroeléctrico Santa Cruz S.A., pertenecen a Corriente.
Una vez la mina cuente con la licencia ambiental, puede empezar operaciones. Por eso, las organizaciones estudian las rutas legales a manos, como un recurso de amparo para detener proyecto o solicitar la revisión de la constitucionalidad del proyecto.
Ecuador ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que incluyen el respeto sobre los territorios de las comunidades y el derecho a la consulta relacionada con iniciativas como Mirador.
El informe recomienda que “las personas y comunidades afectadas sean debidamente consultadas; los riesgos ambientales de la región sean analizados a profundidad y de manera independiente; se instauren mecanismos para otorgar seguridad jurídica a las tierras indígenas y campesinas; se suspendan las investigaciones y acciones judiciales o administrativas pesan sobre las personas que defienden sus derechos y territorios”.
Fuente: AMLOTV
