Minería a Cielo Abierto?
El 18 de abril de 2008, la Asamblea Constituyente revirtió, a través del denominado Mandato Minero, las concesiones vigentes en ese momento. La idea era que las compañías cumplan nuevos requisitos y recuperen los permisos de exploración y explotación.
Con esa medida, 1 664 concesiones, que ocupaban 2,6 millones de hectáreas, quedaron suspendidas. Según la Subsecretaría de Minas, las concesiones contrariaban los artículos 2, 5 y 6 del mencionado mandato. Es decir, había incumplimientos de cancelación de las patentes de conservación. También se identificaron irregularidades en la entrega de concesiones a favor de funcionarios y ex funcionarios de Gobierno, entre otros aspectos.
Dieciocho meses después de esta decisión, el Gobierno ha decidido retomar su agenda minera. La tarea está a cargo del ministro de Coordinación Política, Ricardo Patiño. De manera discreta, hace dos semanas inició varias reuniones con autoridades locales y organizaciones que se oponen a estas actividades en las provincias del sur del país.
Estos encuentros se dieron después de que el presidente Rafael Correa hizo público su interés porque se reinicie la explotación minera. Las garantías del Régimen son respetar el equilibrio ambiental, procurar adecuada redistribución de las regalías y la participación de las comunidades en esta lucrativa actividad.
El jueves 10 de septiembre, Patiño estuvo en Zamora Chinchipe: la provincia donde existe el mayor número de concesiones mineras.
Mantuvo reuniones con el prefecto, Salvador Quisphe (Pachakutik), y los alcaldes de ocho de los nueve cantones. Acompañaron a Patiño, la secretaria de los Pueblos y Participación Ciudadana, Doris Soliz, y el secretario del Agua, Jorge Jurado.
El interés del Régimen es evitar las protestas de las comunidades, cuando las empresas concesionarias inicien los estudios de prospección.
En esta primera fase, “no es que ya se vayan a explotar las minas. Solo se realizarán actividades previas como la exploración”. “A partir de entonces, la autoridad competente extenderá los permisos”, sostuvo el alto funcionario.
Patiño sabe que el riesgo de un conflicto social en el sur del país puede ser de proporciones, si no maneja de manera adecuada las conversaciones con la población. Las protestas de hace dos semanas en Cuenca, en rechazo de la Ley del Agua y el mandato minero, prendieron la primera alerta.
Miles de indígenas se concentraron en el parque Calderón de la capital azuaya, bajo el liderazgo del ex presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta. Él es un contradictor del proyecto minero del Gobierno.
Por ese motivo, Patiño insiste en las garantías que ha prometido el Régimen y que, a su juicio, constan en la nueva Ley Minera, aprobada por el ‘Congresillo’, hace cuatro meses. “No habrá contaminación de aguas, ni se realizarán concesiones en zonas ecológicas. Tampoco se afectará la vida de las comunidades... Esas son mentiras vendidas por la oposición”.
El programa de socialización de la visión del Gobierno será ejecutado por la Secretaría de los Pueblos y el Ministerio de Minas y Petróleos. Ya se armaron los primeros equipos de trabajo con Xavier Ladino, subsecretario de Diálogo Social, experto en la solución de conflictos sociales, y la subsecretaria de Minas, Carolina Bernal.
A más de Zamora, estas comisiones viajarán a Azuay, Morona Santiago e Imbabura, donde se registran concesiones mineras.
El prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, ganó las elecciones con un discurso opositor a la minería a gran escala.
Para él, la Ley es permisiva y no hay garantías para las comunidades. Su pedido es que se trabaje en un paquete de reformas a la normativa vigente. Sin embargo, no encuentra en la Asamblea Nacional una voluntad para que se consideren esos cambios.
Otros detalles
Tras la vigencia del mandato minero, empresas como Kinross y Ecuacorriente (ECSA), las más importantes por sus inversiones en Zamora Chinchipe, solo pueden dar mantenimiento a sus campamentos hasta que cese la suspensión impuesta.
La fase de exploración avanzada terminará recién en 2012. El Estado archivó en Zamora Chinchipe 293 concesiones mineras sobre las cuales podría disponer el remate o subasta.
El reinicio de las actividades mineras, según el analista Pablo Dávalos, es parte de la “estrategia extractivista” que impulsa el Régimen, pues requiere de ingentes recursos para financiar su política fiscal.
Fuente: El Comercio.
