Las personas que habitan en la Provincia de Esmeraldas, enfrentan graves condiciones de inequidad y pobreza. Según los datos del SIISE, Esmeraldas es la sexta provincia más pobre del Ecuador, situación que se agrava en la zona rural. En efecto los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro presentan porcentajes del 97,6% y 82,7% de pobreza de acuerdo al índice por NBI.
En cuanto al acceso a la salud y educación, los datos del SIISE muestran la situación de vulnerabilidad social que enfrenta esta provincia. El analfabetismo en San Lorenzo y Eloy Alfaro es de 16,9% y 22,7% respectivamente, superando significativamente el promedio nacional de 9%. De otro lado, las principales causas de muerte infantil en esta provincia son enfermedades diarreicas (EDA) e infecciones respiratorias agudas (IRA), ambas catalogadas como enfermedades de fácil prevención, lo que constituye un indicador de las deficiencias en el acceso a servicios básicos que garanticen el derecho a la salud. En cuanto al empleo, la mayoría de la población económicamente activa se dedica a actividades de agricultura y servicios, evidenciándose la poca diversificación económica local, lo que genera condiciones para el surgimiento de actividades económicas ilegales (extracción ilegal de madera y minerales, narcotráfico, etc).
Adicionalmente, en su condición de provincia limítrofe enfrenta problemas sociales vinculados al conflicto armado colombiano y a la militarización de la frontera, así como un constante abandono (no presencia) del Estado y sus instituciones que agudizan aún más las condiciones de vulnerabilidad (indefensión y desprotección) de estas poblaciones.
En ese contexto, la presencia de actividad minera en esa zona provoca nuevos impactos tanto sobre los ecosistemas donde se la lleva a cabo, como en la salud de las personas que viven de dichos ecosistemas.
El pasado viernes 20 de mayo, la Presidencia de la República declaró el Estado de Excepción en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro en la Provincia de Esmeraldas “a fin de prevenir, cesar y eliminar actividades de minería ilegal”. Con sustento en dicha declaratoria, el día sábado 21 de mayo, se ejecutó un operativo en el que participaron aproximadamente 600 militares que actuaron en las cuencas de los ríos Falaví, Tulumbí, Bogotá, Cachaví, Humbí, Santiago y Zapotillo, lugares donde se habría identificado actividades ilegales de minería.
Los argumentos desde el Gobierno, para justificar dicha medida, tienen que ver con los impactos ambientales que estarían causando (contaminación de fuentes de agua, cambios de curso de los ríos, impactos en la salud de las personas que viven en dicha cuencas), la ilegalidad de esas actividades por no contar con los correspondientes permisos, la evasión tributaria, y los vínculos con otras actividades ilícitas como lavado de activos y de dinero, e incluso vínculos con el narcotráfico.
El operativo, a petición del Ministerio del Ambiente, fue ejecutado por el Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa y tuvo como resultados la inutilización de 67 retroexcavadoras, mediante el uso de explosivos. No hubo personas detenidas en la operación y el Ministerio de Defensa informó de una persona herida como consecuencia de una esquirla en una de las explosiones.
El Ministerio de Defensa también informó que la decisión del operativo militar con uso de explosivos constituyó la medida más óptima para este caso, pues en otras ocasiones la incautación de la maquinaria no había tenido efectos, ay que según el Ministro, jueces corruptos devolvieron la maquinaria a sus dueños, con lo que la actividad continuaba ejecutándose con los impactos socio-ambientales ya mencionados.
Por su parte, un grupo de mineros artesanales, reunidos en San Lorenzo, informó que se habrían inutilizado más de 100 máquinas, entre tractores y retroexcavadoras. Además, declararon que en los últimos dos años han intentado legalizar sus actividades, sin embargo no recibieron respuesta alguna por parte del Gobierno.
Sin soluciones estructurales
Es importante mencionar que, ante las difíciles condiciones materiales que enfrentan las poblaciones de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, varios pobladores de la zona se han involucrado en actividades extractivas como fuentes de trabajo para el sustento de sus familias, constituyéndose ésta en una estrategia ante la falta de alternativas reales que les permitan superar las condiciones de exclusión económica y social, así como las eventuales condiciones de abuso y explotación laboral en las que dichas actividades son desarrolladas, más aún si se la realiza sin ningún permiso o autorización estatal, tendencia que puede confirmarse también con otras actividades ilícitas como la explotación ilegal de madera en la zona.
En ese sentido, la decisión de intervenir violentamente en la zona e inutilizar la maquinaria con la que se extraen los minerales, definitivamente no modifica estructuralmente el contexto que permite la presencia de las actividades ilegales en la zona intervenida. Es más, dichos actos no hacen otra cosa que confirmar la situación de abandono estatal que históricamente ha caracterizado a la zona, pues las únicas medidas que se adoptan se sustentan en visiones de seguridad del Estado e intervención de la fuerza pública, y no en contribuir al mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas que determinan el contexto en el que viven los pobladores de San Lorenzo y Eloy Alfaro.
Asimismo, se evidencia que no existe, una propuesta que permita, a quienes se han involucrado con estas actividades mineras, poder dedicarse a otras actividades de sustento, que, como ya se dijo enfrentan problemas sociales complejos de violencia, pobreza y exclusión cotidianos. En efecto, sólo después del operativo militar llevado a cabo, y por pedido de los dirigentes mineros afectados, apenas el miércoles de esta semana tuvieron un primer diálogo con representantes del Estado.
Doble discurso frente a la minería
Otro aspecto que se evidencia, es el doble discurso que se ha levantado alrededor de la actividad minera en el Ecuador. Por una parte, el Gobierno Nacional viene impulsando y concretando el inicio de proyectos de minería a gran escala, para lo cual ha generado “condiciones adecuadas” a través de la concesión de grandes extensiones de territorio, la aprobación de normas y la creación de institucionalidad que le permite el Estado, en estos momentos, negociar contratos de explotación minera con empresas transnacionales en varias provincias del país.
Reflejo de aquello constituyen la no ejecución del Mandato Constituyente No. 6 (Mandato Minero ); la aprobación de la Ley de Minería y sus reglamentos sin proceso de consulta previa, libre e informada; y la actual negociación de contratos de explotación minera con grandes empresas transnacionales en ecosistemas frágiles como el Páramo de Kimsacocha en Azuay, o la Cordillera del Cóndor en Zamora Chinchipe.
Estos proyectos han generado, desde hace más de 12 años, conflictos sociales, los cuales han sido objetados por comunidades indígenas y campesinas que han exigido al Gobierno que se abstenga de autorizarlos por los impactos socio-ambientales que provocan (pérdida irreversible de ecosistemas por deforestación y erosión, contaminación de fuentes de agua, pérdida de actividades productivas de las poblaciones afectadas, impactos en la salud, entre otros), así como por las políticas que las empresas transnacionales ejecutan para poder finalmente llevar a cabo sus proyectos (relaciones comunitarias en condiciones de desigualdad, explotación laboral, y en general malas prácticas ambientales y sociales).
La respuesta a estos conflictos ha sido el uso ambivalentemente por parte del Estado, tanto del ordenamiento jurídico o de la fuerza pública, como de mecanismos para resolver conflictos sociales. Muchas personas opuestas a proyectos de minería a gran escala han sido acusadas por delitos penales, entre ellos el terrorismo y sabotaje, como mecanismo para acallar sus acciones de resistencia; muchas otras han sido reprimidas violentamente en distintas marchas, paros o movilizaciones que se han organizado.
De otra parte, y basados en los mismos argumentos por los que la población se opone a proyectos de minería a gran escala (impactos socio-ambientales), el Gobierno Nacional, en dos ocasiones, ha hecho uso de la fuerza pública para intervenir violentamente en zonas donde se realiza minería de manera ilegal. En septiembre de 2010 en Zamora, un operativo de militares y policías desalojó campamentos de minería ilegal, y ahora lo vuelven a hacer en Esmeraldas, con un operativo violento efectuado por militares, como el mecanismo más óptimo para evitar que se contaminen fuentes de agua, se prevenga el deterioro irreversible de ecosistemas e impactos en la salud y las condiciones de vida de los habitantes de la zona.
Se ha exacerbado el discurso en torno a la falta de técnicas y tecnología de punta para realizar actividades mineras, cuando los impactos que esta actividad ocasiona en los ecosistemas y las comunidades en que ellos habitan son evidentes en todo el mundo, independientemente que ésta se dé a pequeña, mediana o gran escala. El Estado ecuatoriano no ha llevado a cabo un verdadero debate nacional sobre esta actividad, debate que además debe ser abordado en relación con el modelo de desarrollo del país.
La Minería a gran escala, a decir del Gobierno, supone la posibilidad de generar recursos que financien el Presupuesto General del Estado y cuya inversión permitiría modificar las condiciones estructurales de pobreza, sin que se tome en cuenta que, históricamente, la economía dependiente de actividades extractivas (en el caso ecuatoriano fundamentalmente petróleo) no ha modificado en nada las condiciones materiales de la población directamente impactada por los proyectos, ni de la población de esos países en general.
De otro lado, se evidencian casos de empresas transnacionales y grupos económicos de poder que no han sido sancionados en base al ordenamiento jurídico vigente pese a que en su contra existen suficientes pruebas sobre sus prácticas ilegales y violaciones de derechoaas humanos.
Abuso de la fuerza y estado de excepción
Finalmente, cabe destacar que la Constitución impone límites al Gobierno Nacional al momento de ejecutar acciones que implican prevención de actividades ilícitas. Tanto las normas que regulan la declaratoria de estados de excepción como el uso de la fuerza deben ser cumplidas por el Estado para cualquier caso.
Si bien es cierto que el Estado monopoliza el uso de la fuerza pública, existen normas claras que regulan la actuación de dicha fuerza frente a actividades ilícitas. Así, el Art. 76 de la Constitución garantiza la presunción de inocencia mientras no se declare la responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada; y, por otra parte prohíbe aplicar sanciones no previstas por la Constitución o la ley.
En ese sentido, no se debió aplicar sanciones hasta que un funcionario judicial haya declarado la responsabilidad civil, penal o administrativa de quienes realizan las actividades de minería ilegal, menos aún la decisión de inutilizar maquinaria con explosivos, pues dicha sanción ni siquiera está prevista constitucional o legalmente. El comiso de bienes vinculados con el cometimiento del delito es la figura procesal prevista para evitar que la maquinaria siga siendo usada, sin embargo dicho proceso no fue ejecutado.
Respecto de la declaración del Gobierno, de que la inutilización de la maquinaria está sustentada en una resolución de medidas cautelares dictada por juez competente, es importante llamar la atención sobre dos asuntos: el primero que tiene que ver sobre la proporcionalidad entre las amenazas a derechos que se quiere evitar y las medidas que se dictan, si se quería evitar el uso de la maquinaria en actividades ilícitas (delitos ambientales, explotación laboral, entre otros), como ya se mencionó, bastaba con el comiso de las mismas hasta que se resuelva el caso y no su inutilización con explosivos.
En segundo lugar, no existente fundamento jurídico para que a través de un proceso judicial, un juez determine la destrucción de los instrumentos con los que se han cometido diversos ilícitos, los cuáles constituirán prueba en los procesos judiciales que se deban iniciar, y el destino que se les dé a dichos bienes deberá ser determinado por sentencia judicial.
Finalmente, de la lectura del Decreto Ejecutivo No. 783 por el cual se declaró el Estado de Excepción, no se encuentra justificada la necesidad ni razonabilidad de separarse del ordenamiento jurídico ordinario para poder controlar la minería ilegal en la zona referida y posibilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en actos que no son de su competencia, tornando inconstitucional dicho decreto.
Conclusiones
En primer lugar, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) critica el modo en que el Gobierno Nacional enfrenta problemas sociales que requieren de la adopción de políticas integrales que modifiquen estructuralmente las condiciones sociales, económicas y políticas que dan cabida a la presencia de actividades como la minería ilegal en la provincia de Esmeraldas. Los actos de represión violenta no representan soluciones concretas frente a esta problemática ni frente a las necesidades de quienes habitan en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro.
En segundo lugar evidenciamos que, con el operativo militar efectuado en Esmeraldas, se sigue invisibilizando el debate nacional en relación a las actividades extractivas y el modelo de desarrollo del país. Desde el Gobierno no se ha facilitado ni promovido un diálogo verdadero entre todos los actores involucrados que permita decidir conjuntamente si lo más adecuado para el Ecuador es iniciar actividades de extracción de minerales a gran escala como una nueva actividad prioritaria y estratégica de la economía nacional. Sólo se ha decidido, por una parte, reprimir a quienes realizan esta actividad de manera ilícita y sin soluciones concretas para esas personas; y, por otra permitir el desarrollo de megaproyectos de extracción de minerales metálicos a gran escala, incluso si eso supone reprimir y criminalizar a quienes se resisten a aquello.
Finalmente, el abuso de las declaratorias de estados de excepción y de la intervención de las Fuerzas Armadas en acciones que no son de su competencia, evidencian la política de seguridad y uso violento de la fuerza que el actual Gobierno viene implementando, la que se traduce en la represión a sectores que tradicionalmente han sido excluidos y cuyas condiciones materiales no se han modificado significativamente con la reciente política económica y social.
Antonio de Ulloa No. 31-265 y Av. Mariana de Jesús
Telf.: (593 2) 250-2611
email: cdes@cdes.org.ec
Quito - Ecuador
En cuanto al acceso a la salud y educación, los datos del SIISE muestran la situación de vulnerabilidad social que enfrenta esta provincia. El analfabetismo en San Lorenzo y Eloy Alfaro es de 16,9% y 22,7% respectivamente, superando significativamente el promedio nacional de 9%. De otro lado, las principales causas de muerte infantil en esta provincia son enfermedades diarreicas (EDA) e infecciones respiratorias agudas (IRA), ambas catalogadas como enfermedades de fácil prevención, lo que constituye un indicador de las deficiencias en el acceso a servicios básicos que garanticen el derecho a la salud. En cuanto al empleo, la mayoría de la población económicamente activa se dedica a actividades de agricultura y servicios, evidenciándose la poca diversificación económica local, lo que genera condiciones para el surgimiento de actividades económicas ilegales (extracción ilegal de madera y minerales, narcotráfico, etc).
Adicionalmente, en su condición de provincia limítrofe enfrenta problemas sociales vinculados al conflicto armado colombiano y a la militarización de la frontera, así como un constante abandono (no presencia) del Estado y sus instituciones que agudizan aún más las condiciones de vulnerabilidad (indefensión y desprotección) de estas poblaciones.
En ese contexto, la presencia de actividad minera en esa zona provoca nuevos impactos tanto sobre los ecosistemas donde se la lleva a cabo, como en la salud de las personas que viven de dichos ecosistemas.
El pasado viernes 20 de mayo, la Presidencia de la República declaró el Estado de Excepción en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro en la Provincia de Esmeraldas “a fin de prevenir, cesar y eliminar actividades de minería ilegal”. Con sustento en dicha declaratoria, el día sábado 21 de mayo, se ejecutó un operativo en el que participaron aproximadamente 600 militares que actuaron en las cuencas de los ríos Falaví, Tulumbí, Bogotá, Cachaví, Humbí, Santiago y Zapotillo, lugares donde se habría identificado actividades ilegales de minería.
Los argumentos desde el Gobierno, para justificar dicha medida, tienen que ver con los impactos ambientales que estarían causando (contaminación de fuentes de agua, cambios de curso de los ríos, impactos en la salud de las personas que viven en dicha cuencas), la ilegalidad de esas actividades por no contar con los correspondientes permisos, la evasión tributaria, y los vínculos con otras actividades ilícitas como lavado de activos y de dinero, e incluso vínculos con el narcotráfico.
El operativo, a petición del Ministerio del Ambiente, fue ejecutado por el Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa y tuvo como resultados la inutilización de 67 retroexcavadoras, mediante el uso de explosivos. No hubo personas detenidas en la operación y el Ministerio de Defensa informó de una persona herida como consecuencia de una esquirla en una de las explosiones.
El Ministerio de Defensa también informó que la decisión del operativo militar con uso de explosivos constituyó la medida más óptima para este caso, pues en otras ocasiones la incautación de la maquinaria no había tenido efectos, ay que según el Ministro, jueces corruptos devolvieron la maquinaria a sus dueños, con lo que la actividad continuaba ejecutándose con los impactos socio-ambientales ya mencionados.
Por su parte, un grupo de mineros artesanales, reunidos en San Lorenzo, informó que se habrían inutilizado más de 100 máquinas, entre tractores y retroexcavadoras. Además, declararon que en los últimos dos años han intentado legalizar sus actividades, sin embargo no recibieron respuesta alguna por parte del Gobierno.
Sin soluciones estructurales
Es importante mencionar que, ante las difíciles condiciones materiales que enfrentan las poblaciones de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, varios pobladores de la zona se han involucrado en actividades extractivas como fuentes de trabajo para el sustento de sus familias, constituyéndose ésta en una estrategia ante la falta de alternativas reales que les permitan superar las condiciones de exclusión económica y social, así como las eventuales condiciones de abuso y explotación laboral en las que dichas actividades son desarrolladas, más aún si se la realiza sin ningún permiso o autorización estatal, tendencia que puede confirmarse también con otras actividades ilícitas como la explotación ilegal de madera en la zona.
En ese sentido, la decisión de intervenir violentamente en la zona e inutilizar la maquinaria con la que se extraen los minerales, definitivamente no modifica estructuralmente el contexto que permite la presencia de las actividades ilegales en la zona intervenida. Es más, dichos actos no hacen otra cosa que confirmar la situación de abandono estatal que históricamente ha caracterizado a la zona, pues las únicas medidas que se adoptan se sustentan en visiones de seguridad del Estado e intervención de la fuerza pública, y no en contribuir al mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas que determinan el contexto en el que viven los pobladores de San Lorenzo y Eloy Alfaro.
Asimismo, se evidencia que no existe, una propuesta que permita, a quienes se han involucrado con estas actividades mineras, poder dedicarse a otras actividades de sustento, que, como ya se dijo enfrentan problemas sociales complejos de violencia, pobreza y exclusión cotidianos. En efecto, sólo después del operativo militar llevado a cabo, y por pedido de los dirigentes mineros afectados, apenas el miércoles de esta semana tuvieron un primer diálogo con representantes del Estado.
Doble discurso frente a la minería
Otro aspecto que se evidencia, es el doble discurso que se ha levantado alrededor de la actividad minera en el Ecuador. Por una parte, el Gobierno Nacional viene impulsando y concretando el inicio de proyectos de minería a gran escala, para lo cual ha generado “condiciones adecuadas” a través de la concesión de grandes extensiones de territorio, la aprobación de normas y la creación de institucionalidad que le permite el Estado, en estos momentos, negociar contratos de explotación minera con empresas transnacionales en varias provincias del país.
Reflejo de aquello constituyen la no ejecución del Mandato Constituyente No. 6 (Mandato Minero ); la aprobación de la Ley de Minería y sus reglamentos sin proceso de consulta previa, libre e informada; y la actual negociación de contratos de explotación minera con grandes empresas transnacionales en ecosistemas frágiles como el Páramo de Kimsacocha en Azuay, o la Cordillera del Cóndor en Zamora Chinchipe.
Estos proyectos han generado, desde hace más de 12 años, conflictos sociales, los cuales han sido objetados por comunidades indígenas y campesinas que han exigido al Gobierno que se abstenga de autorizarlos por los impactos socio-ambientales que provocan (pérdida irreversible de ecosistemas por deforestación y erosión, contaminación de fuentes de agua, pérdida de actividades productivas de las poblaciones afectadas, impactos en la salud, entre otros), así como por las políticas que las empresas transnacionales ejecutan para poder finalmente llevar a cabo sus proyectos (relaciones comunitarias en condiciones de desigualdad, explotación laboral, y en general malas prácticas ambientales y sociales).
La respuesta a estos conflictos ha sido el uso ambivalentemente por parte del Estado, tanto del ordenamiento jurídico o de la fuerza pública, como de mecanismos para resolver conflictos sociales. Muchas personas opuestas a proyectos de minería a gran escala han sido acusadas por delitos penales, entre ellos el terrorismo y sabotaje, como mecanismo para acallar sus acciones de resistencia; muchas otras han sido reprimidas violentamente en distintas marchas, paros o movilizaciones que se han organizado.
De otra parte, y basados en los mismos argumentos por los que la población se opone a proyectos de minería a gran escala (impactos socio-ambientales), el Gobierno Nacional, en dos ocasiones, ha hecho uso de la fuerza pública para intervenir violentamente en zonas donde se realiza minería de manera ilegal. En septiembre de 2010 en Zamora, un operativo de militares y policías desalojó campamentos de minería ilegal, y ahora lo vuelven a hacer en Esmeraldas, con un operativo violento efectuado por militares, como el mecanismo más óptimo para evitar que se contaminen fuentes de agua, se prevenga el deterioro irreversible de ecosistemas e impactos en la salud y las condiciones de vida de los habitantes de la zona.
Se ha exacerbado el discurso en torno a la falta de técnicas y tecnología de punta para realizar actividades mineras, cuando los impactos que esta actividad ocasiona en los ecosistemas y las comunidades en que ellos habitan son evidentes en todo el mundo, independientemente que ésta se dé a pequeña, mediana o gran escala. El Estado ecuatoriano no ha llevado a cabo un verdadero debate nacional sobre esta actividad, debate que además debe ser abordado en relación con el modelo de desarrollo del país.
La Minería a gran escala, a decir del Gobierno, supone la posibilidad de generar recursos que financien el Presupuesto General del Estado y cuya inversión permitiría modificar las condiciones estructurales de pobreza, sin que se tome en cuenta que, históricamente, la economía dependiente de actividades extractivas (en el caso ecuatoriano fundamentalmente petróleo) no ha modificado en nada las condiciones materiales de la población directamente impactada por los proyectos, ni de la población de esos países en general.
De otro lado, se evidencian casos de empresas transnacionales y grupos económicos de poder que no han sido sancionados en base al ordenamiento jurídico vigente pese a que en su contra existen suficientes pruebas sobre sus prácticas ilegales y violaciones de derechoaas humanos.
Abuso de la fuerza y estado de excepción
Finalmente, cabe destacar que la Constitución impone límites al Gobierno Nacional al momento de ejecutar acciones que implican prevención de actividades ilícitas. Tanto las normas que regulan la declaratoria de estados de excepción como el uso de la fuerza deben ser cumplidas por el Estado para cualquier caso.
Si bien es cierto que el Estado monopoliza el uso de la fuerza pública, existen normas claras que regulan la actuación de dicha fuerza frente a actividades ilícitas. Así, el Art. 76 de la Constitución garantiza la presunción de inocencia mientras no se declare la responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada; y, por otra parte prohíbe aplicar sanciones no previstas por la Constitución o la ley.
En ese sentido, no se debió aplicar sanciones hasta que un funcionario judicial haya declarado la responsabilidad civil, penal o administrativa de quienes realizan las actividades de minería ilegal, menos aún la decisión de inutilizar maquinaria con explosivos, pues dicha sanción ni siquiera está prevista constitucional o legalmente. El comiso de bienes vinculados con el cometimiento del delito es la figura procesal prevista para evitar que la maquinaria siga siendo usada, sin embargo dicho proceso no fue ejecutado.
Respecto de la declaración del Gobierno, de que la inutilización de la maquinaria está sustentada en una resolución de medidas cautelares dictada por juez competente, es importante llamar la atención sobre dos asuntos: el primero que tiene que ver sobre la proporcionalidad entre las amenazas a derechos que se quiere evitar y las medidas que se dictan, si se quería evitar el uso de la maquinaria en actividades ilícitas (delitos ambientales, explotación laboral, entre otros), como ya se mencionó, bastaba con el comiso de las mismas hasta que se resuelva el caso y no su inutilización con explosivos.
En segundo lugar, no existente fundamento jurídico para que a través de un proceso judicial, un juez determine la destrucción de los instrumentos con los que se han cometido diversos ilícitos, los cuáles constituirán prueba en los procesos judiciales que se deban iniciar, y el destino que se les dé a dichos bienes deberá ser determinado por sentencia judicial.
Finalmente, de la lectura del Decreto Ejecutivo No. 783 por el cual se declaró el Estado de Excepción, no se encuentra justificada la necesidad ni razonabilidad de separarse del ordenamiento jurídico ordinario para poder controlar la minería ilegal en la zona referida y posibilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en actos que no son de su competencia, tornando inconstitucional dicho decreto.
Conclusiones
En primer lugar, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) critica el modo en que el Gobierno Nacional enfrenta problemas sociales que requieren de la adopción de políticas integrales que modifiquen estructuralmente las condiciones sociales, económicas y políticas que dan cabida a la presencia de actividades como la minería ilegal en la provincia de Esmeraldas. Los actos de represión violenta no representan soluciones concretas frente a esta problemática ni frente a las necesidades de quienes habitan en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro.
En segundo lugar evidenciamos que, con el operativo militar efectuado en Esmeraldas, se sigue invisibilizando el debate nacional en relación a las actividades extractivas y el modelo de desarrollo del país. Desde el Gobierno no se ha facilitado ni promovido un diálogo verdadero entre todos los actores involucrados que permita decidir conjuntamente si lo más adecuado para el Ecuador es iniciar actividades de extracción de minerales a gran escala como una nueva actividad prioritaria y estratégica de la economía nacional. Sólo se ha decidido, por una parte, reprimir a quienes realizan esta actividad de manera ilícita y sin soluciones concretas para esas personas; y, por otra permitir el desarrollo de megaproyectos de extracción de minerales metálicos a gran escala, incluso si eso supone reprimir y criminalizar a quienes se resisten a aquello.
Finalmente, el abuso de las declaratorias de estados de excepción y de la intervención de las Fuerzas Armadas en acciones que no son de su competencia, evidencian la política de seguridad y uso violento de la fuerza que el actual Gobierno viene implementando, la que se traduce en la represión a sectores que tradicionalmente han sido excluidos y cuyas condiciones materiales no se han modificado significativamente con la reciente política económica y social.
Antonio de Ulloa No. 31-265 y Av. Mariana de Jesús
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