Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, planteó la nacionalización de los recursos naturales como un paso legítimo hacia el aprovechamiento (minero y petrolero), pero en favor de los ecuatorianos y no solo de los grandes intereses económicos de las trasnacionales.
Este planteamiento fue una respuesta ante la reciente decisión de la Corte Constitucional (CC) de no dar curso a la demanda de inconstitucionalidad a la Ley Minera planteada desde el sector indígena aglutinado a la Conaie.
La opción de la nacionalización, todavía no socializada entre el propio sector indígena, la lanzó Quishpe en una rueda de prensa realizada el pasado miércoles en la Asamblea Nacional, en Quito. En ella, destacó que "el Gobierno siempre menciona la decisión del Gobierno boliviano de dar paso a la minería, aunque no dice que Evo Morales nacionalizó para eso los recursos".
El prefecto, perteneciente a la comunidad Saraguro, cree que la decisión de la Corte Constitucional se ajusta al plan minero del Gobierno y a los intereses de las trasnacionales. Por lo pronto, la idea de la nacionalización es la única respuesta política que ha venido desde esa provincia. Mientras, el proceso de exploración y explotación avanza con la ratificación de permisos en las grandes áreas de concesiones en esa jurisdicción, en la que se habla de la existencia de reservas por 3,5 millones de onzas de oro y de 22,7 millones de onzas de plata sin contar con las posibles reservas en uranio, sobre lo cual se guarda hermetismo, refiere Quishpe.
Por otro lado, el prefecto califica de especulación aquellas afirmaciones que señalan la preexistencia de un acuerdo en esta provincia para permitir la explotación minera, bajo ciertas condiciones de orden ambiental, económico, legal y social.
Quishpe asegura que la realidad actual en la provincia está atravesada por dos situaciones que no se pueden soslayar, pero que si se lo hace es por ignorancia o por una actitud dirigida a deslegitimar un proceso histórico.
Añade que la primera deviene de la propia institucionalidad. Esto es del trabajo que se está impulsando desde las entidades de Gobierno respecto al ordenamiento territorial, cuya propuesta final deberá ser determinada entre los pueblos y las autoridades (prefecto, alcalde, concejos cantonales, juntas parroquiales, etc.) y tendrá que ser respetada desde Quito. "En esa definición, vamos a definir dónde sí y dónde no (va) la minería", acota.
Es desde esa línea que se ha venido trabajando desde esa prefectura en conjunto con otras autoridades locales. Por ejemplo, se ha dado una ordenanza que estableció la Asamblea Plurinacional de Zamora Chinchipe y que creó el Consejo de Planificación de la Provincia, el cual ya está trabajando en la elaboración de un plan de desarrollo provincial. En esa misma línea, se impulsa la mancomunidad del sur.
La segunda situación viene de la organización social desde la cual se ha planteado la colaboración al plan de desarrollo así como a la realización de las acciones que sean necesarias para su concreción, señaló. (LB)
Fuente: Diario Hoy
Este planteamiento fue una respuesta ante la reciente decisión de la Corte Constitucional (CC) de no dar curso a la demanda de inconstitucionalidad a la Ley Minera planteada desde el sector indígena aglutinado a la Conaie.
La opción de la nacionalización, todavía no socializada entre el propio sector indígena, la lanzó Quishpe en una rueda de prensa realizada el pasado miércoles en la Asamblea Nacional, en Quito. En ella, destacó que "el Gobierno siempre menciona la decisión del Gobierno boliviano de dar paso a la minería, aunque no dice que Evo Morales nacionalizó para eso los recursos".
El prefecto, perteneciente a la comunidad Saraguro, cree que la decisión de la Corte Constitucional se ajusta al plan minero del Gobierno y a los intereses de las trasnacionales. Por lo pronto, la idea de la nacionalización es la única respuesta política que ha venido desde esa provincia. Mientras, el proceso de exploración y explotación avanza con la ratificación de permisos en las grandes áreas de concesiones en esa jurisdicción, en la que se habla de la existencia de reservas por 3,5 millones de onzas de oro y de 22,7 millones de onzas de plata sin contar con las posibles reservas en uranio, sobre lo cual se guarda hermetismo, refiere Quishpe.
Por otro lado, el prefecto califica de especulación aquellas afirmaciones que señalan la preexistencia de un acuerdo en esta provincia para permitir la explotación minera, bajo ciertas condiciones de orden ambiental, económico, legal y social.
Quishpe asegura que la realidad actual en la provincia está atravesada por dos situaciones que no se pueden soslayar, pero que si se lo hace es por ignorancia o por una actitud dirigida a deslegitimar un proceso histórico.
Añade que la primera deviene de la propia institucionalidad. Esto es del trabajo que se está impulsando desde las entidades de Gobierno respecto al ordenamiento territorial, cuya propuesta final deberá ser determinada entre los pueblos y las autoridades (prefecto, alcalde, concejos cantonales, juntas parroquiales, etc.) y tendrá que ser respetada desde Quito. "En esa definición, vamos a definir dónde sí y dónde no (va) la minería", acota.
Es desde esa línea que se ha venido trabajando desde esa prefectura en conjunto con otras autoridades locales. Por ejemplo, se ha dado una ordenanza que estableció la Asamblea Plurinacional de Zamora Chinchipe y que creó el Consejo de Planificación de la Provincia, el cual ya está trabajando en la elaboración de un plan de desarrollo provincial. En esa misma línea, se impulsa la mancomunidad del sur.
La segunda situación viene de la organización social desde la cual se ha planteado la colaboración al plan de desarrollo así como a la realización de las acciones que sean necesarias para su concreción, señaló. (LB)
Fuente: Diario Hoy
