Salvador Quishpe, prefecto de la provincia informó que curiosamente en estas últimas dos semanas se han presentado 8 denuncias en su contra. Cuatro de ellas son por el supuesto delito de nepotismo y las otras cuatro por el supuesto delito de peculado. El prefecto manifestó que las denuncias por supuesto nepotismo son por la contratación de parientes de los alcaldes Ángel Erreyes de Yantzaza y del alcalde José Alberto Jaramillo del cantón Chinchipe. Además dijo que en las 8 denuncias el gobierno utiliza a la Contraloría para sembrar delitos que no los ha cometido y que no existen.
Quishpe fue enfático en señalar que, en el caso del supuesto nepotismo los únicos responsables son los ciudadanos que fueron contratados por la institución provincial, ya que antes de firmar sus contratos, ellos declararon ante un Notario de Zamora y bajo juramento que no son parientes de ninguna autoridad que podría traer como consecuencia el delito de nepotismo. Si ellos mintieron ante las autoridades competentes, ellos tendrán que responder por sus actos, indicó el prefecto.
Respecto de los supuestos delitos de peculado, Salvador Quishpe dijo que estas denuncias han sido presentadas por Paúl Ortega, Delegado de la Contraloría de Zamora Chinchipe, quien ha manifestado que estas denuncias lo ha hecho “cumpliendo disposiciones superiores”. El prefecto dijo que es lamentable que el delegado de la Contraloría en Zamora actúe en función de los intereses políticos de sus superiores de su partido político PAIS y no actúe con la imparcialidad que le manda la ley.
Además Quishpe dijo que es irónico que Ortega, oriundo del cantón Chinchipe, haya dicho ante la Fiscalía que el prefecto ha cometido el delito de peculado al construir 4 puentes, entre ellos dos puentes en el cantón Chinchipe, el uno sobre el río Sangola y otro sobre el río Palanumá. ¿Acaso el doctor Paúl Ortega y el gobierno querían que sigan muriendo personas al cruzar estos ríos, como ya ha ocurrido en el pasado?, cuestionó Quishpe.
El prefecto indicó públicamente el informe de la auditoría a los puentes mencionados, firmados por las autoridades de la misma Contraloría, donde dice que, “las cantidades pagadas coinciden con las obras ejecutadas”, es decir que no hay ningún daño económico al estado. Por otro lado el prefecto indicó que se adoptó la declaración de emergencia tomando en cuenta el clamor de la ciudadanía, ya que en esos pasos de los ríos venían ocurriendo muchos percances que dieron como consecuencia hasta la pérdida de vidas humanas.
Al ser consultado sobre esas denuncias en su contra, el prefecto Salvador Quishpe dijo que es evidente que el gobierno nacional y las empresas mineras extranjeras utilizan a la Contraloría y pretenden utilizar a la Fiscalía y a los Juzgados para destituirlo y quizá encarcelarlo y así no permitir que vuelva a ser candidato, ya que el gobierno y las mineras canadienses saben que si soy candidato volveré a ganarlos en Zamora Chinchipe y seguiremos denunciando sobre esta política minera dañina para los intereses nacionales, dijo el prefecto.
Quishpe fue enfático en señalar que, en el caso del supuesto nepotismo los únicos responsables son los ciudadanos que fueron contratados por la institución provincial, ya que antes de firmar sus contratos, ellos declararon ante un Notario de Zamora y bajo juramento que no son parientes de ninguna autoridad que podría traer como consecuencia el delito de nepotismo. Si ellos mintieron ante las autoridades competentes, ellos tendrán que responder por sus actos, indicó el prefecto.
Respecto de los supuestos delitos de peculado, Salvador Quishpe dijo que estas denuncias han sido presentadas por Paúl Ortega, Delegado de la Contraloría de Zamora Chinchipe, quien ha manifestado que estas denuncias lo ha hecho “cumpliendo disposiciones superiores”. El prefecto dijo que es lamentable que el delegado de la Contraloría en Zamora actúe en función de los intereses políticos de sus superiores de su partido político PAIS y no actúe con la imparcialidad que le manda la ley.
Además Quishpe dijo que es irónico que Ortega, oriundo del cantón Chinchipe, haya dicho ante la Fiscalía que el prefecto ha cometido el delito de peculado al construir 4 puentes, entre ellos dos puentes en el cantón Chinchipe, el uno sobre el río Sangola y otro sobre el río Palanumá. ¿Acaso el doctor Paúl Ortega y el gobierno querían que sigan muriendo personas al cruzar estos ríos, como ya ha ocurrido en el pasado?, cuestionó Quishpe.
El prefecto indicó públicamente el informe de la auditoría a los puentes mencionados, firmados por las autoridades de la misma Contraloría, donde dice que, “las cantidades pagadas coinciden con las obras ejecutadas”, es decir que no hay ningún daño económico al estado. Por otro lado el prefecto indicó que se adoptó la declaración de emergencia tomando en cuenta el clamor de la ciudadanía, ya que en esos pasos de los ríos venían ocurriendo muchos percances que dieron como consecuencia hasta la pérdida de vidas humanas.
Al ser consultado sobre esas denuncias en su contra, el prefecto Salvador Quishpe dijo que es evidente que el gobierno nacional y las empresas mineras extranjeras utilizan a la Contraloría y pretenden utilizar a la Fiscalía y a los Juzgados para destituirlo y quizá encarcelarlo y así no permitir que vuelva a ser candidato, ya que el gobierno y las mineras canadienses saben que si soy candidato volveré a ganarlos en Zamora Chinchipe y seguiremos denunciando sobre esta política minera dañina para los intereses nacionales, dijo el prefecto.
