Salvador Quishpe Lozano - Prefecto
jueves, 10 de enero de 2013
miércoles, 12 de diciembre de 2012
ZAMORA CHINCHIPE EXIGE QUE EL SERVICIO AÉREO CONTINÚE
La población de Zamora Chinchipe reaccionó preocupada por la suspensión de los vuelos desde y hacia el aeropuerto de Cumbaratza y el cierre de dicha terminal aérea desde este miércoles 12 de diciembre.
Alrededor de un centenar de personas se congregaron en las afueras de la terminal para exigir la continuidad del servicio de transporte aéreo hacia esa provincia, el cual se mantuvo durante seis meses y con una inversion de mas de dos millones de dólares, tras el cierre del aeropuerto Camilo Ponce Enríquez de Loja por sus trabajos de rehabilitación.
Los ciudadanos, acompañados del Prefecto, Salvador Quishpe; El Viceprefecto, Alonzo Cueva; el asambleísta, Cléver Jiménez; la alcaldesa encargada de Zamora, Paulina Tapia; el alcalde de Yantzaza, Ángel Erreyes, entre otras autoridades, tomaron la iniciativa de que se nombre un comité cívico que se encargará de coordinar acciones entre las autoridades y la población para conseguir que el aeropuerto zamorano siga funcionando.
El aeropuerto generó un flujo importante del turismo y el comercio, favoreciendo así a la economía de la
población y creando esperanzas de desarrollo. Por eso conminó a las autoridades competentes a atender el
llamado de los zamorano-chinchipenses para planificar y coordinar acciones tendientes a mantener las actividades aeronáuticas.
No es posible que cuando esto empezó a favorecernos pretendan cerrar la terminal y con eso truncar nuestro sueño, manifesto la población.
Preocupados por estas razones, la ciudadanía y sus autoridades resolvieron que el comité ciudadano sea
dirigido por los señores Kléver Soto, Galo Camacho y Diego Arias, a los que se suman todas las autoridades de la provincia.
La Municipalidad de Zamora, como propietaria de la terminal aérea, colocó las seguridades correspondientes, a fin de evitar la salida de los bienes que se utilizan en el aeropuerto.
Esta medida tiene como finalidad presionar para que las autoridades de la DAC y de TAME atiendan el clamor de los ciudadanos zamoranos chinchipenses y den las garantías del funcionamiento del aeropuerto.
El comité convocó a una asamblea de autoridades y población civil para el viernes 14 de diciembre, a las 9:00, en las instalaciones del aeropuerto. Para ello pidieron que estén presentes las autoridades de la DAC y de TAME.
Kléver Soto, dijo que las resoluciones se adoptaron por pedido de toda la población que acudió a reclamar por el cierre del aeropuerto.
Galo Camacho dijo que este reclamo es legítimo y una aspiración por la cual cualquier provincia podría luchar. Pero, lamentó que el cierre del aeropuerto se haya anticipado, incluso, sin que los trabajos en la terminal aérea de Catamayo hayan concluido.
Diego Arias dijo que esta lucha es por los intereses de la provincia, invitando a las autoridades a despojarse de banderas políticas y colocarse la camiseta de nuestra provincia para el beneficio de la comunidad.
Atentamente,
EL COMITÉ CÍVICO POR LA DEFENSA DEL AEROPUERTO DE
CUMBARATZA.
Kléver Soto,
Galo Camacho
Diego Arias.
Alrededor de un centenar de personas se congregaron en las afueras de la terminal para exigir la continuidad del servicio de transporte aéreo hacia esa provincia, el cual se mantuvo durante seis meses y con una inversion de mas de dos millones de dólares, tras el cierre del aeropuerto Camilo Ponce Enríquez de Loja por sus trabajos de rehabilitación.
Los ciudadanos, acompañados del Prefecto, Salvador Quishpe; El Viceprefecto, Alonzo Cueva; el asambleísta, Cléver Jiménez; la alcaldesa encargada de Zamora, Paulina Tapia; el alcalde de Yantzaza, Ángel Erreyes, entre otras autoridades, tomaron la iniciativa de que se nombre un comité cívico que se encargará de coordinar acciones entre las autoridades y la población para conseguir que el aeropuerto zamorano siga funcionando.
El aeropuerto generó un flujo importante del turismo y el comercio, favoreciendo así a la economía de la
población y creando esperanzas de desarrollo. Por eso conminó a las autoridades competentes a atender el
llamado de los zamorano-chinchipenses para planificar y coordinar acciones tendientes a mantener las actividades aeronáuticas.
No es posible que cuando esto empezó a favorecernos pretendan cerrar la terminal y con eso truncar nuestro sueño, manifesto la población.
Preocupados por estas razones, la ciudadanía y sus autoridades resolvieron que el comité ciudadano sea
dirigido por los señores Kléver Soto, Galo Camacho y Diego Arias, a los que se suman todas las autoridades de la provincia.
La Municipalidad de Zamora, como propietaria de la terminal aérea, colocó las seguridades correspondientes, a fin de evitar la salida de los bienes que se utilizan en el aeropuerto.
Esta medida tiene como finalidad presionar para que las autoridades de la DAC y de TAME atiendan el clamor de los ciudadanos zamoranos chinchipenses y den las garantías del funcionamiento del aeropuerto.
El comité convocó a una asamblea de autoridades y población civil para el viernes 14 de diciembre, a las 9:00, en las instalaciones del aeropuerto. Para ello pidieron que estén presentes las autoridades de la DAC y de TAME.
Kléver Soto, dijo que las resoluciones se adoptaron por pedido de toda la población que acudió a reclamar por el cierre del aeropuerto.
Galo Camacho dijo que este reclamo es legítimo y una aspiración por la cual cualquier provincia podría luchar. Pero, lamentó que el cierre del aeropuerto se haya anticipado, incluso, sin que los trabajos en la terminal aérea de Catamayo hayan concluido.
Diego Arias dijo que esta lucha es por los intereses de la provincia, invitando a las autoridades a despojarse de banderas políticas y colocarse la camiseta de nuestra provincia para el beneficio de la comunidad.
Atentamente,
EL COMITÉ CÍVICO POR LA DEFENSA DEL AEROPUERTO DE
CUMBARATZA.
Kléver Soto,
Galo Camacho
Diego Arias.
viernes, 30 de noviembre de 2012
Las izquierdas en Ecuador ganarán en 2013
En educación
Avanza la elitización de la educación, el bachillerato general unificado inconsulto fracasa y los exámenes estandarizados son el filtro que impide el libre ingreso a las universidades; cerca de 100 mil jóvenes no lograron obtener un cupo, y los que sí, dependen de un tecnócrata que decide qué profesión seguir. En la educación básica más del 75% de infraestructura educativa no ha sido atendida, el presupuesto para esta área incumple lo establecido en la Constitución de llegar en 2013 al 6% del PIB.
Precarización laboral en el Magisterio
La explotación laboral al magisterio incide en la calidad educativa, los docentes son obligados a cumplir con una jornada de 40-reloj semanal el Magisterio por parte defiende la jornada y hora pedagógica. Adicionalmente un tercio del profesorado se encuentra bajo la modalidad de contrato, con salarios precarios, presa fácil del chantaje gubernamental que a cambio contratos les obligan a movilizarse en las contramarchas organizadas por el régimen. Violando los convenios de la OIT y la propia Constitución el gobierno sabotea y sataniza al gremio, inicia sumarios administrativos y se les destituye sin derecho a la defensa.
En salud
En 2011 la Defensoría Pública manifestó que “de los ciento ochenta hospitales públicos existentes en el país, sólo cuatro cumplen los estándares internacionales, especialmente en neonatología”, esto a raíz de la muerte de neonatos en hospitales públicos que conmocionó al país y puso en evidencia las pésimas condiciones en esta área: “cunas” de cartón y la falta de una política integral en salud. En los hospitales públicos los médicos son obligados a trabajar 8 horas diarias sin un salario adecuado, se carece de especialistas. Con el pretexto de optimizar los servicios de salud algunas dependencias de las casas de salud ha entregado a empresas privadas, es decir privatizó parte de la salud pública.
Inicia la era de la Mega Minería
El pasado 5 de marzo Correa firmó el primer contrato para la explotación minera a cielo abierto con la empresa Ecsa en la cordillera del Cóndor en Zamora Chinchipe, violentando la Constitución permitir esa actividad en una zona sensible por su biodiversidad, declarada como Patrimonio de la Humanidad y por ser franja fronteriza, y, al negarse a realizar la consulta previa a las poblaciones indígenas. Los recursos naturales siguen entregados a transnacionales mineras y petroleras.
La respuesta popular se evidenció en marzo pasado con la gran Marcha por el agua, la vida y la dignidad que recorrió el país desde el sur de la Amazonìa, que recorrió las principales ciudades andinas hasta llegar multitudinariamente a Quito.
La oposición popular
El Ecuador lleva adelante un proceso de unidad de las organizaciones políticas de izquierda (Movimiento Popular Democrático, MPD, Pachakutik,PK, Participación, Montecristi Vive, Poder Popular, Corriente Socialista, Red Ética y Democracia RED, Convocatoria) y los sectores sociales y populares (CONAIE, FRENTE POPULAR, FUT, UNE, ECUARUNARI) agrupados en la Coordinadora Plurinacional por la Unidad de las Izquierdas.
Tiene un programa común construido desde abajo, mediante asambleas y la participación social, ha transitado de la defensiva a la ofensiva, recuperando el proyecto de cambio traicionado por Correa.
Este proceso de unidad obtiene logros inéditos, no solo es una unidad electoral, sino que pretende transformar el Ecuador, es así que septiembre pasado la Convención de la Coordinadora se eligió al Economista Alberto Acosta [xiv] como candidato de la Unidad de las Izquierdas para la Presidencia de la República. Correa no es invencible, a pesar de que cuenta con el aparataje estatal, el descontento es sostenido y la desesperación crece ante la candidatura de Acosta. “Somos la unidad, somos la alegría, somos la esperanza de una nueva vida”….
Avanza la elitización de la educación, el bachillerato general unificado inconsulto fracasa y los exámenes estandarizados son el filtro que impide el libre ingreso a las universidades; cerca de 100 mil jóvenes no lograron obtener un cupo, y los que sí, dependen de un tecnócrata que decide qué profesión seguir. En la educación básica más del 75% de infraestructura educativa no ha sido atendida, el presupuesto para esta área incumple lo establecido en la Constitución de llegar en 2013 al 6% del PIB.
Precarización laboral en el Magisterio
La explotación laboral al magisterio incide en la calidad educativa, los docentes son obligados a cumplir con una jornada de 40-reloj semanal el Magisterio por parte defiende la jornada y hora pedagógica. Adicionalmente un tercio del profesorado se encuentra bajo la modalidad de contrato, con salarios precarios, presa fácil del chantaje gubernamental que a cambio contratos les obligan a movilizarse en las contramarchas organizadas por el régimen. Violando los convenios de la OIT y la propia Constitución el gobierno sabotea y sataniza al gremio, inicia sumarios administrativos y se les destituye sin derecho a la defensa.
En salud
En 2011 la Defensoría Pública manifestó que “de los ciento ochenta hospitales públicos existentes en el país, sólo cuatro cumplen los estándares internacionales, especialmente en neonatología”, esto a raíz de la muerte de neonatos en hospitales públicos que conmocionó al país y puso en evidencia las pésimas condiciones en esta área: “cunas” de cartón y la falta de una política integral en salud. En los hospitales públicos los médicos son obligados a trabajar 8 horas diarias sin un salario adecuado, se carece de especialistas. Con el pretexto de optimizar los servicios de salud algunas dependencias de las casas de salud ha entregado a empresas privadas, es decir privatizó parte de la salud pública.
Inicia la era de la Mega Minería
El pasado 5 de marzo Correa firmó el primer contrato para la explotación minera a cielo abierto con la empresa Ecsa en la cordillera del Cóndor en Zamora Chinchipe, violentando la Constitución permitir esa actividad en una zona sensible por su biodiversidad, declarada como Patrimonio de la Humanidad y por ser franja fronteriza, y, al negarse a realizar la consulta previa a las poblaciones indígenas. Los recursos naturales siguen entregados a transnacionales mineras y petroleras.
La respuesta popular se evidenció en marzo pasado con la gran Marcha por el agua, la vida y la dignidad que recorrió el país desde el sur de la Amazonìa, que recorrió las principales ciudades andinas hasta llegar multitudinariamente a Quito.
La oposición popular
El Ecuador lleva adelante un proceso de unidad de las organizaciones políticas de izquierda (Movimiento Popular Democrático, MPD, Pachakutik,PK, Participación, Montecristi Vive, Poder Popular, Corriente Socialista, Red Ética y Democracia RED, Convocatoria) y los sectores sociales y populares (CONAIE, FRENTE POPULAR, FUT, UNE, ECUARUNARI) agrupados en la Coordinadora Plurinacional por la Unidad de las Izquierdas.
Tiene un programa común construido desde abajo, mediante asambleas y la participación social, ha transitado de la defensiva a la ofensiva, recuperando el proyecto de cambio traicionado por Correa.
Este proceso de unidad obtiene logros inéditos, no solo es una unidad electoral, sino que pretende transformar el Ecuador, es así que septiembre pasado la Convención de la Coordinadora se eligió al Economista Alberto Acosta [xiv] como candidato de la Unidad de las Izquierdas para la Presidencia de la República. Correa no es invencible, a pesar de que cuenta con el aparataje estatal, el descontento es sostenido y la desesperación crece ante la candidatura de Acosta. “Somos la unidad, somos la alegría, somos la esperanza de una nueva vida”….
jueves, 22 de noviembre de 2012
ORLANDO PÉREZ MIENTE, JAMÁS ME HA INVITADO A ENTREVISTARME EN SU DIARIO
Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, ante las declaraciones del señor Orlando Pérez, Director del diario El Telégrafo manifestó lo siguiente “Bien que Ecuadorinmediato haya preguntado si El Telégrafo verificó si Salvador Quishpe participó en la Constitución de una empresa” (Empresa minera Kurinunka), a lo que el Señor Pérez no contesta y evade diciendo que el prefecto ha creado el proyecto Intercultural Minero. El señor Pérez debió contestar si Salvador Quishpe participó o no de la constitución de una empresa minera tal como lo afirmó en su publicación del 21 de marzo y no evadir su respuesta con cualquier otra cosa”, resaltó el prefecto Quishpe.
El líder Saraguro afirmó enfáticamente que nada tiene que ver con la creación de la empresa minera Kurinunka; sin embargo el Diario El Telégrafo afirmó en una página entera, según dice el Señor Pérez con documentos que yo he creado la empresa minera Kurinunka e hicieron creer a la opinión pública que yo estoy contradiciendo nuestra lucha en la defensa de los territorios de las empresas mineras extranjeras. Pues es una publicación infundada y de mala Fe. Ahora el señor Pérez dice que me han invitado a entrevistarme en su diario para hablar sobre este tema, falso, el señor Pérez sigue mintiendo, jamás me han invitado a ninguna entrevista. Asimismo afirman que han publicado lo que dicen los documentos, falso, los documentos que hacen mención del proyecto del diálogo intercultural minero no dice nada respecto de crear una empresa minera, este proyecto busca capacitar a los mineros artesanales para que bajen sus niveles de contaminación, es decir es un proyecto ambiental, nada tiene que ver con crear empresas, deberían leer los documentos y no inventarse y mentir sínicamente, por el solo hecho de estar cobijados del poder”, dijo Salvador Quishpe.
El prefecto zamorano dijo que, yo no he provocado esto, ahora dicen que me estoy victimizando, que estoy actuando por notoriedad política. ¿Acaso yo me inventé esto?. ¿No fue acaso el Diario El Telégrafo el que provocó y salió con esta falsedad el 21 de marzo del presente año? Yo no tengo ninguna intención de polemizar con nadie, pero si veo que afectan mi nombre y mi honra, pues es mi obligación defenderme. Sí he presentado la demanda y solo pido que sean los órganos competentes los que se pronuncien sobre el tema. Yo no estoy presionando a la Justicia, ni siquiera conozco a los señores Jueces que conocen el caso, enfatizó.
Quishpe dijo que hay una clara intención del diario El Telégrafo de dañar su honra personal, pues comentó que, después de la publicación del diario El Telégrafo cualquier adversario que me encuentra me dice que yo estoy engañando a la gente, que por un lado estoy contra las empresas mineras y por otro lado estoy creando empresas mineras. ¿Acaso no es eso un daño moral a una persona? Sería bueno que el Diario El Telégrafo verifique la noticia antes de publicar y no haga comentarios falsos y sin fundamento. Ahora el señor Pérez dice que me da un abrazo fuerte, sería un acto de hipocresía, lo que debió hacer es constatar la noticia antes de publicar. Hoy está en manos de los Jueces y que sean ellos los que determinen lo que corresponda y yo respetaré íntegramente ese pronunciamiento. Solo espero que la justicia no se deje manipular de nadie, concluyó el prefecto Salvador Quishpe.
miércoles, 14 de noviembre de 2012
La salud en nuestras manos
La salud en nuestras manos
Alberto Acosta,
Candidato presidencial de la Unidad Plurinacional
Quito, 14 de noviembre de 2012
Una sociedad sana no es la que más se cura sino la que menos se enferma. Este precepto, puesto en práctica por todas las civilizaciones de la antigüedad, fue recuperado hace muchas décadas con el propósito de paliar las deformaciones y abusos del modelo biomédico curativo, centrado en dar respuestas a la enfermedad antes que en preservar la salud.
La primera responsabilidad del Estado en el campo de la salud es evitar que la población se enferme. Por eso, pregonar el incremento de consultas médicas como un éxito de las políticas de salud, tal como lo hace el actual gobierno, resulta un contrasentido. Significa que las disposiciones encaminadas a la promoción y la prevención han fracasado.
En estos casi seis años el gobierno de Correa ha invertido 5.300 millones de dólares en este campo, lo cual equivale al doble de los promedios anuales registrados en los gobiernos precedentes. Aunque en términos absolutos representa un incremento importante, llegando al 2,1% del PIB, la cifra todavía está distante de los estándares mínimos recomendados internacionalmente para el país y que constituyó un mandato de la transitoria vigésimo segunda de la Constitución de Montecristi, que debería alcanzar al menos un 4% del PIB.
Pero esta inversión, por más abultada que haya sido, no ha redundado en una mejora de las condiciones generales de salud de la población. Al haber priorizado un enfoque cada vez más curativo de los servicios, los fondos simplemente no alcanzan para satisfacer tantas exigencias: construcción de hospitales, adquisición de hospitales móviles, equipamiento, adquisición de medicamentos e insumos, compra de ambulancias, etc.
Si a esto sumamos el incremento exponencial de la demanda producto de la declaración de gratuidad de la atención, las consecuencias son el colapso del sistema, porque la gratuidad de los servicios de salud corresponden a un proceso, no a un decreto. Ofrecer servicios gratuitos a una población con una desatención crónica, sin aplicar políticas para reducir los condicionantes sociales de la enfermedad, no puede conducir sino a la encrucijada en que hoy se halla el sector de la salud.
El énfasis en los servicios curativos afectó gravemente la atención primaria de salud que, según el artículo 360 de la Constitución, constituye la base del sistema de salud. Las tibias políticas aplicadas en este sentido durante los primeros dos años de gobierno fueron paulatinamente desmontadas en favor de estrategias más clientelares. La decisión gubernamental de priorizar los servicios implicó, en la práctica, un crecimiento desmesurado del sector privado, el cual ha sido contratado para cubrir el exceso de demanda insatisfecha por los servicios públicos. Entre el 2006 y el 2010 ingresaron al sector salud más de 7.000 nuevos prestadores privados. He ahí la gran paradoja: el incremento del gasto público permitió un incremento de las ganancias privadas.
La priorización de las políticas curativas responde a un criterio político inocultable. Las políticas de promoción y prevención de la salud no dan réditos electorales porque no son inmediatas ni papables. La educación en salud constituye una apuesta por un plazo que excede a los tiempos políticos; por ello no cuenta con la aceptación de los gobernantes y políticos pragmáticos. Al contrario, la obra física y la provisión de medicamentos proyecta la imagen de cumplimiento y refuerza el imaginario social respecto de la efectividad de estas medidas, aunque, como queda demostrado, no resuelven los problemas de fondo. Más bien la inversión en estos rubros -sobre todo cuando falta una adecuada planificación y toda la transparencia necesaria- promueve la corrupción, pues no siempre son necesarios tantos equipos y medicinas.
El problema es que, desde ciertos sectores de la oposición política, el debate se centra en la misma lógica: cuestionar la deficiencia de infraestructura física, de especialistas, de medicamentos, de equipos con tecnología de punta, etc. No proponen la construcción de un proyecto nacional de salud para el mediano y largo plazos, que se concentre en proporcionar a la población las condiciones socioeconómicas y ambientales que reduzcan los riesgos sanitarios. La tendencia más arraigada, al menos desde los sectores políticos y empresariales, se inclina a exigir un sistema de salud que funcione como el de los países industrializados, a pesar de la imposibilidad técnica y financiera de hacerlo.
En los actuales momentos, el problema de la salud se ha instalado con fuerza en la estrategia electoral del gobierno. Rafael Correa no solo está obligado a minimizar la imagen de colapso del sistema, sino que debe sacarle provecho a las eventuales soluciones coyunturales que aplique. La estrategia se centrará en más de lo mismo, pero con mayor impacto mediático: construcción de hospitales y centros de salud, renovación de personal y dotación de equipamiento, sazonados con shows y acciones espectaculares para “corregir” las deficiencias (léase corrupción, indolencia e ineficiencia). De hecho el gobierno ya ha ordenado a sus ministros a que gasten, a como de lugar, todo el dinero disponible antes de que finalice el año.
La Constitución Política del Ecuador determina que es el Estado quien garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. Dispone la conformación de un Sistema Nacional de Salud, que no debería tener como objetivo supremo el negocio, cuando la atención al ser humano es lo prioritario. Además, reconoce y garantiza la atención de salud, tanto científica, otorgada por profesionales médicos, como las prácticas de medicina alternativa, tradicional o ancestral, otorgada por los no médicos.
Nosotros -la Unidad Plurinacional- proponemos un Pacto Nacional por la Salud que se fundamente en los siguientes postulados:
¡Todo para la Patria, nada para nosotros!
Alberto Acosta
Candidato presidencial de la Unidad Plurinacional
Alberto Acosta,
Candidato presidencial de la Unidad Plurinacional
Quito, 14 de noviembre de 2012
Una sociedad sana no es la que más se cura sino la que menos se enferma. Este precepto, puesto en práctica por todas las civilizaciones de la antigüedad, fue recuperado hace muchas décadas con el propósito de paliar las deformaciones y abusos del modelo biomédico curativo, centrado en dar respuestas a la enfermedad antes que en preservar la salud.
La primera responsabilidad del Estado en el campo de la salud es evitar que la población se enferme. Por eso, pregonar el incremento de consultas médicas como un éxito de las políticas de salud, tal como lo hace el actual gobierno, resulta un contrasentido. Significa que las disposiciones encaminadas a la promoción y la prevención han fracasado.
En estos casi seis años el gobierno de Correa ha invertido 5.300 millones de dólares en este campo, lo cual equivale al doble de los promedios anuales registrados en los gobiernos precedentes. Aunque en términos absolutos representa un incremento importante, llegando al 2,1% del PIB, la cifra todavía está distante de los estándares mínimos recomendados internacionalmente para el país y que constituyó un mandato de la transitoria vigésimo segunda de la Constitución de Montecristi, que debería alcanzar al menos un 4% del PIB.
Pero esta inversión, por más abultada que haya sido, no ha redundado en una mejora de las condiciones generales de salud de la población. Al haber priorizado un enfoque cada vez más curativo de los servicios, los fondos simplemente no alcanzan para satisfacer tantas exigencias: construcción de hospitales, adquisición de hospitales móviles, equipamiento, adquisición de medicamentos e insumos, compra de ambulancias, etc.
Si a esto sumamos el incremento exponencial de la demanda producto de la declaración de gratuidad de la atención, las consecuencias son el colapso del sistema, porque la gratuidad de los servicios de salud corresponden a un proceso, no a un decreto. Ofrecer servicios gratuitos a una población con una desatención crónica, sin aplicar políticas para reducir los condicionantes sociales de la enfermedad, no puede conducir sino a la encrucijada en que hoy se halla el sector de la salud.
El énfasis en los servicios curativos afectó gravemente la atención primaria de salud que, según el artículo 360 de la Constitución, constituye la base del sistema de salud. Las tibias políticas aplicadas en este sentido durante los primeros dos años de gobierno fueron paulatinamente desmontadas en favor de estrategias más clientelares. La decisión gubernamental de priorizar los servicios implicó, en la práctica, un crecimiento desmesurado del sector privado, el cual ha sido contratado para cubrir el exceso de demanda insatisfecha por los servicios públicos. Entre el 2006 y el 2010 ingresaron al sector salud más de 7.000 nuevos prestadores privados. He ahí la gran paradoja: el incremento del gasto público permitió un incremento de las ganancias privadas.
La priorización de las políticas curativas responde a un criterio político inocultable. Las políticas de promoción y prevención de la salud no dan réditos electorales porque no son inmediatas ni papables. La educación en salud constituye una apuesta por un plazo que excede a los tiempos políticos; por ello no cuenta con la aceptación de los gobernantes y políticos pragmáticos. Al contrario, la obra física y la provisión de medicamentos proyecta la imagen de cumplimiento y refuerza el imaginario social respecto de la efectividad de estas medidas, aunque, como queda demostrado, no resuelven los problemas de fondo. Más bien la inversión en estos rubros -sobre todo cuando falta una adecuada planificación y toda la transparencia necesaria- promueve la corrupción, pues no siempre son necesarios tantos equipos y medicinas.
El problema es que, desde ciertos sectores de la oposición política, el debate se centra en la misma lógica: cuestionar la deficiencia de infraestructura física, de especialistas, de medicamentos, de equipos con tecnología de punta, etc. No proponen la construcción de un proyecto nacional de salud para el mediano y largo plazos, que se concentre en proporcionar a la población las condiciones socioeconómicas y ambientales que reduzcan los riesgos sanitarios. La tendencia más arraigada, al menos desde los sectores políticos y empresariales, se inclina a exigir un sistema de salud que funcione como el de los países industrializados, a pesar de la imposibilidad técnica y financiera de hacerlo.
En los actuales momentos, el problema de la salud se ha instalado con fuerza en la estrategia electoral del gobierno. Rafael Correa no solo está obligado a minimizar la imagen de colapso del sistema, sino que debe sacarle provecho a las eventuales soluciones coyunturales que aplique. La estrategia se centrará en más de lo mismo, pero con mayor impacto mediático: construcción de hospitales y centros de salud, renovación de personal y dotación de equipamiento, sazonados con shows y acciones espectaculares para “corregir” las deficiencias (léase corrupción, indolencia e ineficiencia). De hecho el gobierno ya ha ordenado a sus ministros a que gasten, a como de lugar, todo el dinero disponible antes de que finalice el año.
La Constitución Política del Ecuador determina que es el Estado quien garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. Dispone la conformación de un Sistema Nacional de Salud, que no debería tener como objetivo supremo el negocio, cuando la atención al ser humano es lo prioritario. Además, reconoce y garantiza la atención de salud, tanto científica, otorgada por profesionales médicos, como las prácticas de medicina alternativa, tradicional o ancestral, otorgada por los no médicos.
Nosotros -la Unidad Plurinacional- proponemos un Pacto Nacional por la Salud que se fundamente en los siguientes postulados:
- Potenciar la atención primaria de salud y por cierto la visión preventiva de la misma.Priorizar la dotación de agua potable y alcantarillado para combatir una de las principales causas de insalubridad.
- Alentar la soberanía alimentaria como herramienta fundamental en el suministro de alimentos abundantes y de calidad: una de las medidas preventivas de mayor trascendencia.
- Fortalecer la capacidad de la población para intervenir más activamente en el manejo del proceso de salud/enfermedad. Los usuarios deben ser el principal actor del sistema de salud. Por lo tanto habrá que rescatar la capacidad de las organizaciones, los colectivos y personas de manejar su propia salud.
- Incorporar en la ejecución de este Pacto Nacional por la Salud a toda la sociedad, incluyendo a los gobiernos seccionales y por cierto a los profesionales de la salud sin tratarlos como una banda de mediocres, como lo hace el gobierno de Correa, o de criminales en potencia, como se pretende hacer con el Código Penal.
- Alentar la medicina alternativa, tradicional o ancestral desde la perspectiva de la plurinacionalidad e interculturalidad.
- Promover un verdadero diálogo de conocimientos y saberes en salud donde promotores, parteras y agentes tradicionales de salud sean un actor clave, en equidad de condiciones con la medicina convencional.
- Promover procesos de descentralización y desconcentración que superen el agobiante centralismo del Ministerio de Salud Pública y la consecuente burocratización de la administración. Esos procesos estarán acompañados de la participación no institucionalizada de las organizaciones sociales y territoriales.
- Potenciar los espacios descentralizados para ejecutar y evaluar políticas de salud a nivel territorial.
- Facilitar la formación de especialistas dentro del país fortaleciendo las universidades y el acceso de la juventud a la formación en medicina y otras especialidades afines, sin llegar al extremo de desmantelar y menos aún cerrar las facultades de medicina como está provocando la gestión gubernamental.
- Destinar recursos públicos para financiar la residencia comunitaria de médicos en las zonas más alejadas e inaccesibles del país, como parte de la formación de especialistas en salud comunitaria.
- No desperdiciar la valiosa experiencia de los médicos forzando su jubilación.
- Sanear a la administración pública de las mafias y de los grupos de presión que operan en su interior.
- Instrumentar un modelo de gestión hospitalaria que no responda a las necesidades coyunturales del gobierno sino a parámetros estratégicos.
- Aprobar el régimen especial para la seguridad social, incluyendo la salud, del trabajador autónomo, del comerciante minorista, del chófer, así como la jubilación de la mujer a los 25 años y el aseguramiento de las amas de casa.
- Impulsar la producción nacional de fármacos y genéricos acordes con la demanda del Plan Nacional de Salud.
- Abrir la puerta a debates cruciales desde la perspectiva de la salud pública y la justicia social como son el aborto y el uso de drogas.
¡Todo para la Patria, nada para nosotros!
Alberto Acosta
Candidato presidencial de la Unidad Plurinacional
lunes, 29 de octubre de 2012
CON LA PLURINACIONALIDAD ROMPEREMOS LAS CADENAS, LAS CORREAS Y LOS LASOS
Salvador Quishpe, prefecto de
Zamora Chinchipe dijo que no debe sorprendernos que los neocolonialistas de
derecha o disfrazados de izquierda sigan entregando puestos burocráticos, embajadas
o candidaturas a indígenas con el propósito de dividirnos para gobernar este
país.
Evidentemente el banquero Guillermo
Lasso sigue el mismo camino de Rafael Correa de dividir al Movimiento Indígena
y a la Unidad de las Izquierdas. Estamos frente a las mismas prácticas colonialistas
de dividir y gobernar, no porque les interese construir un Estado
Plurinacional, respetuoso de nuestros derechos en materia de territorios, del
agua, de los derechos laborales, de los derechos económicos, de los derechos colectivos;
sino porque quieren controlar el poder para seguir aprovechando la enorme
riqueza que aún queda en nuestros territorios. Para seguir dictando leyes que
beneficien a quienes tienen el control del poder económico como los banqueros y
empresas neoliberales telefónicas, mineras, petroleras, madereras, hidroeléctricas.
A favor de empresas que trafican y manipulan la salud de los pueblos para sus
beneficios económicos. Está claro que, esas prácticas correístas o lassistas son
para seguir favoreciendo más riqueza para pocos y más pobreza para millones, es
decir para seguir consolidando el modelo económico neoliberal, dijo Salvador
Quishpe.
El ex precandidato presidencial
dijo que la decisión de Auki Tituaña de derechizarse y unirse al ex ministro de
economía del peor gobierno de estos últimos tiempos, como fue Mahuad, es su
derecho político y una decisión personal, nada tiene que ver con el Movimiento
Indígena, ni con la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas. Esa decisión
personal que contradice y traiciona los postulados de nuestras organizaciones
sociales y políticas no comprometen ni afectará de ninguna manera la Unidad de
los pueblos y nacionalidades del Ecuador, nosotros seguiremos firmes en la
minga por nuestros derechos, por nuestra dignidad y por nuestro candidato presidencial
Alberto Acosta, afirmó Quishpe.
El prefecto de Zamora Chinchipe hizo
un llamado a los pueblos y nacionalidades del Ecuador, así como a todas las
organizaciones sociales y políticas populares a unirnos más que nunca y a
seguir en la construcción de un verdadero Estado Plurinacional y a no seguir
cayendo en las garras ni del un amo llamado Correa, ni del otro amo llamado
Lasso. Nuestro pueblo no puede estar atado ni con cadenas, ni con correas, ni
con lasos. Nosotros somos pueblos libres, ese es el mejor legado que hemos
recibido de nuestros ancestros y por eso seguiremos construyendo la
Plurinacionalidad para que nuestra voz colectiva sea escuchada, respetada y
puesta en práctica en las decisiones nacionales y en las políticas de estado, dijo
el líder Saraguro desde el sur del país.
martes, 23 de octubre de 2012
"CONSTRUIR UNA ECONOMÍA SOLIDARIA, ESE ES EL RETO" ALBERTO ACOSTA
Un nuevo régimen de producción debe basarse en la norma constitucional que establece la Economía Social y Solidaria, y que postula que el centro de toda actividad económica es el ser humano. Pero no desde una visión antropocéntrica, pues el ser humano no solo debe ser solidario con los demás, sino que debe vivir en armonía con la Naturaleza, de la que forma parte. Ese es el punto de partida del Buen Vivir.
Igualmente, como dispone la Constitución de Montecristi, hay que asegurar una relación armónica entre Estado, mercado y sociedad. Al mercado hay que civilizarlo, para lo cual el país ya cuenta con una ley para el control de las operaciones oligopólicas y monopólicas; ley que, sin embargo, carece de poder para afectar las estructuras monopólicas y oligopólicas existentes, que frenan el desenvolvimiento dinámico de la economía. Por ello es importante romper con aquellas estructuras que hegemonizan el aparato productivo.
Si bien es cierto que al mercado hay que controlarle para que este no se sitúe por encima de los intereses de la ciudadanía y las personas, no creemos que sea función del Estado entrometerse en la vida cotidiana de la ciudadanía. El Estado no puede ser una suerte de inspector de las costumbres ciudadanas que prohíbe las conductas sociales (como sucede con la prohibición de vender cerveza los domingos o peor aún que un burócrata estatal pueda decidir cuál debe ser la vocación profesional de la juventud que quiere estudiar en una universidad).
Necesitamos una sociedad fuertemente organizada, que ciudadanice al Estado y civilice el mercado. De igual manera, consideramos que la acción productiva en el país no debe destruir la Naturaleza, pilar sobre el cual se sustenta nuestra economía y el futuro de las generaciones venideras. En tal sentido, también es indispensable fortalecer el control del Estado sobre los recursos naturales no renovables. Sin embargo, estamos convencidos de la inviabilidad económica, social y ambiental de la megaexplotación minera.
El grueso del cambio político, institucional y socioeconómico se generará desde las pequeñas y medianas empresas, así como desde aquellas organizaciones cooperativas y comunitarias, sobre la base del uso intensivo de fuerza laboral y tecnologías intermedias, insumos local-regionales, concentrando la producción para cubrir prioritariamente las necesidades del mercado interno y garantizar la soberanía alimentaria nacional.
Las prácticas monopólicas y oligopólicas concentran riqueza en pocas empresas grandes, que no son las mayores generadoras de empleo y, muchas veces, en lugar de fomentar la producción, promueven las importaciones. En el Ecuador las pequeñas y medianas empresas (PYMES) generan la mayor cantidad de empleo: 75%, y participan de un 56% de las ventas nacionales. Las pequeñas empresas, a pesar de ser el 95% del universo de empresas existentes en el país y las generadoras del 44% de empleo nacional, apenas venden el 16% de los productos que se comercializan en el mercado, lo cual refleja asimetrías que han de ser urgentemente corregidas en nuestra economía.
Los grandes empresarios tratan de acumular aplastando a otros; por ejemplo, buscan maximizar las utilidades por cada unidad de producto que se coloca en el mercado, cuando bien podrían aumentar sus utilidades incrementando la masa de productos que colocan en el mercado. Lo que se aplica especialmente al gran capital extranjero, que no sólo desnacionaliza la economía, sino que -al menor indicio de crisis- emigran al exterior, desestabilizando la economía doméstica.
La tarea es fabricar la mayor cantidad posible de productos localmente, para generar mayor valor agregado y evitar la monodependencia del producto estrella del momento (cacao, banano, petróleo). La opción es crear un aparato productivo vigoroso basado en las pequeñas y medianas empresas del campo y la ciudad, las cuales, además de generar puestos de trabajo, son las que -con frecuencia- menos problemas ambientales generan. El eje de este universo de emprendimientos estaría complementado por las unidades productivas comunitarias, asociativas y cooperativas, así como las unidades económicas populares, con los que se debe construir otra economía, una economía solidaria como manda la Constitución de Montecristi. Es decir una economía inclusiva, sustentable y generadora de puestos de empleo dignos. Proponemos, en suma, incentivar a los que nunca han sido incentivados. Hay que pasar de una economía oligopólica a una economía reciproca y solidaria.
Este sector económico popular y solidario está compuesto por el conjunto de formas de organización económica-social en las que sus integrantes, colectiva o individualmente, desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios. Estas formas de organización económica solidaria incluyen cooperativas de producción, de consumo, de vivienda y de servicios, así como a las asociaciones y organizaciones productivas comunitarias. A estas se suman las organizaciones del sector financiero popular y solidario, que tienen a las cooperativas de ahorro y crédito como uno de sus principales pilares, así como a las cajas solidarias y de ahorro y los bancos comunales.
Estas organizaciones realizan sus actividades basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad y ubican al ser humano como sujeto y fin de toda actividad económica por sobre el lucro, la competencia y la acumulación de capital. De esta manera se romperá con toda forma de paternalismo, asistencialismo o clientelismo, por un lado, y por otro, con toda forma de concentración y acaparamiento; prácticas que han dominado la historia del país: migajas para el pueblo y la gran torta para las minorías. Aquí lo que cuenta, a demás, tal como dispone el mandato constitucional, es que el ser humano debe vivir en armonía con la Naturaleza, buscando, individual y comunitariamente, la construcción el Buen Vivir o Sumak Kawsay.
El Estado tendrá que invertir y generar las condiciones que dinamicen a los pequeños y medianos productores, porque son grupos con una enorme productividad del capital. Un pequeño productor con una pequeña inversión le saca mucho más rédito al dólar invertido que el dólar invertido que los grandes grupos de capital y las transnacionales que operan en el país. El problema de ese productor es que no tiene capacidad de acumular. Gana muy poco y vive en condiciones de inmediatez económica, subordinado al gran capital. Muchas veces tampoco tiene una adecuada preparación profesional y formación técnica, dado que el Estado no se ha preocupado en materia de preparación para la adecuada gestión de este sector productivo. Para lograr este propósito se requiere de la cooperación interempresarial de estas empresas de propiedad social, en lo que se denominan “Distritos Industriales”, como lo que existe de alguna manera ya en Atuntaqui. Hay que profundizar y ampliar esta experiencia, haciendo que las diversas empresas compartan costos fijos (maquinaria, edificios, equipo, tecnologías, etc.) y aprovechen así economías de escala, lo que les aseguraría una mayor productividad. (Supervisando, por cierto, que se produzca sin afectar al medio ambiente.)
Por ello se vuelve impostergable una repotenciación del aparato productivo del país, superando su sometimiento colonial extractivista, que en la actualidad se consolida de la mano del gobierno de Rafael Correa. Tenemos que superar la herencia colonial extractivista . Esta decisión exige el ejercicio soberano sobre la economía, la desprimarización de su estructura, el fomento y la inversión para la innovación científico-tecnológica, la inclusión social, la capacitación laboral y la generación de empleo abundante y bien remunerado. Este último punto es crucial para evitar el subempleo, la desigual distribución del ingreso, el desangre demográfico que representa la migración, entre otras patologías inherentes al actual modelo primario-exportador de acumulación.
La transformación del bono de desarrollo humano en un bono productivo y comunitario puede ser una interesante opción para superar visiones simplemente asistencialistas. Esto se completará con un sistema de abastecimiento del desayuno y almuerzo escolar proveniente de la producción de los campesinos y los pescadores locales, sobre todo de los propios cantones: basta de seguir favoreciendo a los grupos monopólicos, como lo hace el actual gobierno. Los resultados de esta decisión son evidentes: fortalecimiento del aparato productivo campesino y pesquero artesanal, así como mayor generación de empleo y la configuración de núcleos de producción de bienes de consumo de masas, en el marco de una ampliación del mercado doméstico y autodependiente que debilite las redes de distribución y comercialización que benefician a los grupos monopólicos en detrimento de los demás productores. (Sobre esta propuesta se puede consultar la nota del 14 de octubre del presente año).
En un presupuesto de más de 26 mil millones de dólares el financiamiento de estas propuestas solo requiere voluntad política: la pobreza se supera con producción y empleo, así como con redistribución de la riqueza y una nueva institucionalidad que vele por la justicia, la no-discriminación y la descentralización política y económica!!!
Hacia la desconcentración de la riqueza
Un documento interno del mismo gobierno sintetiza lo que el Ecuador ha vivido en estos últimos años: “nunca antes los grandes grupos económicos estuvieron mejor y los excluidos estuvieron menos peor”. A pesar de lo cual no se entiende el problema de fondo, que radica en el hecho de que mientras se mantenga la brecha, estos grupos en extremo explotados nunca podrán estar realmente mejor. En realidad estos grupos no están marginados: están incorporados a la lógica capitalista del gran capital, viven de las migajas que les deja su dinámica sobre-concentradora y sobre-explotadora heredada del pasado neoliberal y no transformada por las políticas públicas desarrolladas durante el actual gobierno.
La lucha contra la pobreza no puede hacerse sin combatir la excesiva concentración del ingreso y de la riqueza. En nuestro país persisten estructuras heredadas de las épocas colonial, oligárquica y neoliberal, que generan prácticas oligopólicas y monopólicas. Esta es la realidad del país.
Las principales actividades económicas están concentradas en pocas empresas: el 81% del mercado de las bebidas no alcohólicas está en manos de una empresa, una empresa por igual contrala el 62% del mercado de la carne, cinco ingenios (con tan solo tres dueños) controlan el 91% del mercado del azúcar, dos empresas el 92% del mercado del aceite, dos empresas controla en 76% del mercado de los productos de higiene y así podríamos seguir enumerando uno por uno cada sector productivo y comercial. Las ganancias de los cien grupos más grandes se incrementaron en un 12% entre 2010 y 2011, superando la astronómica cifras de 35.000 millones de dólares. En este sentido es necesario destacar que las utilidades de los grupos económicos en el período 2006-2010 fueron (serían) 364% superiores al período 2004-2006. Las utilidades de los grupos económicos pasaron (habrían pasado) de 529 millones de dólares en 2006 (antes de Correa) a 1.830,4 millones de dólares en 2010 (con Correa).
Si bien, por mandato constitucional, la banca y los banqueros ya no pueden tener propiedades ajenas a las relativas a su actividad específica, el crecimiento acumulado de utilidades de la banca privada en el período 2007-2009 (durante el gobierno del presidente Rafael Correa) fue 70% superior al período 2004-2006 (gobiernos neoliberales). En el ejercicio del año fiscal 2011, dada la liquidez registrada por la economía ecuatoriana, el sector bancario incrementó sus utilidades en 52,1% en relación al año anterior. Entre enero y diciembre de 2011, la banca privada registró utilidades superiores a los 400 millones de dólares; en estos cinco años de gobierno de Rafael Correa el promedio anual de dichas utilidades bordea los 300 millones.
No es simple transformar esta situación, pero es indispensable apostar por un proceso productivo que supere la actitud rentista, ociosa y parasitaria de muchos de estos grupos económicos. Lo que requiere una nueva perspectiva y una creciente movilización desde las bases, partiendo de lo local -trabajando estrechamente con los gobiernos descentralizados- para ir avanzando a lo regional y los espacios mayores.
Con la vista puesta en las dinámicas globales, expandiendo los mercados internos y potenciando la integración regional, postulamos una estrategia que impulse procesos productivos y de desarrollo tecnológico propios. El imaginario colectivo, en consecuencia, estaría dirigido a Valorar lo Nuestro, conduciendo a un desenvolvimiento autocentrado, desde dentro para y por los de dentro, con los recursos y patrones de consumo propios para recuperar las autonomías local-regionales, asegurar la inclusión social y reforzar las identidades socioculturales de los espacios descentralizados.
Tengamos presente que las empresas pequeñas y medianas, así como los emprendimientos asociativos, solidarios, de propiedad social, cooperativos y autogestionarios, son las que más invierten en el país, asumen los mayores riesgos y desafíos, generan empleo y contribuyen a incrementar la riqueza nacional. Fomentando a este segmento de la economía será factible reducir la brecha socioeconómica entre ricos y pobres. No tenemos solo un problema de mucha pobreza, tenemos un problema de unas pocas pero grandes riquezas.
Si a este empeño se suman las otras empresas, tanto mejor. Ese es uno de los retos del momento, impulsar un gran acuerdo nacional productivo, sustentado especialmente en los emprendimientos solidarios, así como en las pequeñas y medianas unidades productivas del campo y la ciudad.
Sin embargo, esto no será suficiente, pues se requerirán medidas que conduzcan a una consecuente redistribución, no sólo de los ingresos, sino especialmente de la riqueza excesivamente concentrada, que abarca gran parte de los activos sobreconcentrados: inmuebles, acciones y grandes predios agropecuarios, así como las tierras yermas, las concesiones minero-petroleras y otras. Para lo que habría que completar la reforma tributaria que cargue el peso del gasto público sobre los grandes concentradores de capital (impuestos directos sobre la propiedad y las utilidades), a la vez que reduciremos los impuestos indirectos que paga la ciudadanía y aquellas excesivas cargas tributarias derivadas del Código de Ordenamiento Territorial, que han incrementado inequitativamente el costo de las transacciones. A dichas medidas, ha de sumarse una adecuada redistribución de tierras agropecuarias e inclusive urbanas, especialmente aquellas que son usadas para fines puramente especulativos o que permanecen improductivas.
Hacia la construcción del Sumak Kawsay o Buen Vivir
Lo planteado configura nuestra propuesta de transición, no a mejorar el capitalismo que hemos tenido hasta hoy -como dice Rafael Correa- sino para colocar las bases que nos encaminen al Buen Vivir o Sumak Kawsay.
El Sumak Kawsay es una nueva concepción del sistema de vida basado en las prácticas cotidianas y tradicionales de los pueblos y las nacionalidades. No es una simple alternativa de desarrollo, es una alternativa al desarrollo. Por lo tanto es un modelo de organización económica, política y de bienestar que se asienta en los principios de reciprocidad, complementariedad, interdependencia, solidaridad, integralidad, estabilidad y armonía del ser humano con la Pacha Mama para la reproducción sostenible y orgánica de la vida. Es un sistema integral de organización que interrelaciona las esferas política, económica, jurídica, social, étnica, ambiental, cultural y generacional.
El país debe superar el actual modelo hegemónico de desarrollo, basado en la acumulación desenfrenada e ilimitada de capital, en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y de la Naturaleza, y en la subordinación a los requerimientos de la globalización y su agente, el gran capital transnacional y sus aliados nacionales. Sus consecuencias han sido devastadoras para el ser humano y la Naturaleza. La sociedad debe subordinar a la economía a fin de que sirva al ser humano, no al capital.
El trabajo decente y el salario justo, así como el acceso equitativo a los factores de producción, viviendo en armonía con la Naturaleza, constituyen las medidas más acertadas para reducir la pobreza y la desigualdad, bases esenciales para asegurar un desenvolvimiento sustentable y autodependiente de la economía nacional.
Igualmente, como dispone la Constitución de Montecristi, hay que asegurar una relación armónica entre Estado, mercado y sociedad. Al mercado hay que civilizarlo, para lo cual el país ya cuenta con una ley para el control de las operaciones oligopólicas y monopólicas; ley que, sin embargo, carece de poder para afectar las estructuras monopólicas y oligopólicas existentes, que frenan el desenvolvimiento dinámico de la economía. Por ello es importante romper con aquellas estructuras que hegemonizan el aparato productivo.
Si bien es cierto que al mercado hay que controlarle para que este no se sitúe por encima de los intereses de la ciudadanía y las personas, no creemos que sea función del Estado entrometerse en la vida cotidiana de la ciudadanía. El Estado no puede ser una suerte de inspector de las costumbres ciudadanas que prohíbe las conductas sociales (como sucede con la prohibición de vender cerveza los domingos o peor aún que un burócrata estatal pueda decidir cuál debe ser la vocación profesional de la juventud que quiere estudiar en una universidad).
Necesitamos una sociedad fuertemente organizada, que ciudadanice al Estado y civilice el mercado. De igual manera, consideramos que la acción productiva en el país no debe destruir la Naturaleza, pilar sobre el cual se sustenta nuestra economía y el futuro de las generaciones venideras. En tal sentido, también es indispensable fortalecer el control del Estado sobre los recursos naturales no renovables. Sin embargo, estamos convencidos de la inviabilidad económica, social y ambiental de la megaexplotación minera.
El grueso del cambio político, institucional y socioeconómico se generará desde las pequeñas y medianas empresas, así como desde aquellas organizaciones cooperativas y comunitarias, sobre la base del uso intensivo de fuerza laboral y tecnologías intermedias, insumos local-regionales, concentrando la producción para cubrir prioritariamente las necesidades del mercado interno y garantizar la soberanía alimentaria nacional.
Las prácticas monopólicas y oligopólicas concentran riqueza en pocas empresas grandes, que no son las mayores generadoras de empleo y, muchas veces, en lugar de fomentar la producción, promueven las importaciones. En el Ecuador las pequeñas y medianas empresas (PYMES) generan la mayor cantidad de empleo: 75%, y participan de un 56% de las ventas nacionales. Las pequeñas empresas, a pesar de ser el 95% del universo de empresas existentes en el país y las generadoras del 44% de empleo nacional, apenas venden el 16% de los productos que se comercializan en el mercado, lo cual refleja asimetrías que han de ser urgentemente corregidas en nuestra economía.
Los grandes empresarios tratan de acumular aplastando a otros; por ejemplo, buscan maximizar las utilidades por cada unidad de producto que se coloca en el mercado, cuando bien podrían aumentar sus utilidades incrementando la masa de productos que colocan en el mercado. Lo que se aplica especialmente al gran capital extranjero, que no sólo desnacionaliza la economía, sino que -al menor indicio de crisis- emigran al exterior, desestabilizando la economía doméstica.
La tarea es fabricar la mayor cantidad posible de productos localmente, para generar mayor valor agregado y evitar la monodependencia del producto estrella del momento (cacao, banano, petróleo). La opción es crear un aparato productivo vigoroso basado en las pequeñas y medianas empresas del campo y la ciudad, las cuales, además de generar puestos de trabajo, son las que -con frecuencia- menos problemas ambientales generan. El eje de este universo de emprendimientos estaría complementado por las unidades productivas comunitarias, asociativas y cooperativas, así como las unidades económicas populares, con los que se debe construir otra economía, una economía solidaria como manda la Constitución de Montecristi. Es decir una economía inclusiva, sustentable y generadora de puestos de empleo dignos. Proponemos, en suma, incentivar a los que nunca han sido incentivados. Hay que pasar de una economía oligopólica a una economía reciproca y solidaria.
Este sector económico popular y solidario está compuesto por el conjunto de formas de organización económica-social en las que sus integrantes, colectiva o individualmente, desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios. Estas formas de organización económica solidaria incluyen cooperativas de producción, de consumo, de vivienda y de servicios, así como a las asociaciones y organizaciones productivas comunitarias. A estas se suman las organizaciones del sector financiero popular y solidario, que tienen a las cooperativas de ahorro y crédito como uno de sus principales pilares, así como a las cajas solidarias y de ahorro y los bancos comunales.
Estas organizaciones realizan sus actividades basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad y ubican al ser humano como sujeto y fin de toda actividad económica por sobre el lucro, la competencia y la acumulación de capital. De esta manera se romperá con toda forma de paternalismo, asistencialismo o clientelismo, por un lado, y por otro, con toda forma de concentración y acaparamiento; prácticas que han dominado la historia del país: migajas para el pueblo y la gran torta para las minorías. Aquí lo que cuenta, a demás, tal como dispone el mandato constitucional, es que el ser humano debe vivir en armonía con la Naturaleza, buscando, individual y comunitariamente, la construcción el Buen Vivir o Sumak Kawsay.
El Estado tendrá que invertir y generar las condiciones que dinamicen a los pequeños y medianos productores, porque son grupos con una enorme productividad del capital. Un pequeño productor con una pequeña inversión le saca mucho más rédito al dólar invertido que el dólar invertido que los grandes grupos de capital y las transnacionales que operan en el país. El problema de ese productor es que no tiene capacidad de acumular. Gana muy poco y vive en condiciones de inmediatez económica, subordinado al gran capital. Muchas veces tampoco tiene una adecuada preparación profesional y formación técnica, dado que el Estado no se ha preocupado en materia de preparación para la adecuada gestión de este sector productivo. Para lograr este propósito se requiere de la cooperación interempresarial de estas empresas de propiedad social, en lo que se denominan “Distritos Industriales”, como lo que existe de alguna manera ya en Atuntaqui. Hay que profundizar y ampliar esta experiencia, haciendo que las diversas empresas compartan costos fijos (maquinaria, edificios, equipo, tecnologías, etc.) y aprovechen así economías de escala, lo que les aseguraría una mayor productividad. (Supervisando, por cierto, que se produzca sin afectar al medio ambiente.)
Por ello se vuelve impostergable una repotenciación del aparato productivo del país, superando su sometimiento colonial extractivista, que en la actualidad se consolida de la mano del gobierno de Rafael Correa. Tenemos que superar la herencia colonial extractivista . Esta decisión exige el ejercicio soberano sobre la economía, la desprimarización de su estructura, el fomento y la inversión para la innovación científico-tecnológica, la inclusión social, la capacitación laboral y la generación de empleo abundante y bien remunerado. Este último punto es crucial para evitar el subempleo, la desigual distribución del ingreso, el desangre demográfico que representa la migración, entre otras patologías inherentes al actual modelo primario-exportador de acumulación.
La transformación del bono de desarrollo humano en un bono productivo y comunitario puede ser una interesante opción para superar visiones simplemente asistencialistas. Esto se completará con un sistema de abastecimiento del desayuno y almuerzo escolar proveniente de la producción de los campesinos y los pescadores locales, sobre todo de los propios cantones: basta de seguir favoreciendo a los grupos monopólicos, como lo hace el actual gobierno. Los resultados de esta decisión son evidentes: fortalecimiento del aparato productivo campesino y pesquero artesanal, así como mayor generación de empleo y la configuración de núcleos de producción de bienes de consumo de masas, en el marco de una ampliación del mercado doméstico y autodependiente que debilite las redes de distribución y comercialización que benefician a los grupos monopólicos en detrimento de los demás productores. (Sobre esta propuesta se puede consultar la nota del 14 de octubre del presente año).
En un presupuesto de más de 26 mil millones de dólares el financiamiento de estas propuestas solo requiere voluntad política: la pobreza se supera con producción y empleo, así como con redistribución de la riqueza y una nueva institucionalidad que vele por la justicia, la no-discriminación y la descentralización política y económica!!!
Hacia la desconcentración de la riqueza
Un documento interno del mismo gobierno sintetiza lo que el Ecuador ha vivido en estos últimos años: “nunca antes los grandes grupos económicos estuvieron mejor y los excluidos estuvieron menos peor”. A pesar de lo cual no se entiende el problema de fondo, que radica en el hecho de que mientras se mantenga la brecha, estos grupos en extremo explotados nunca podrán estar realmente mejor. En realidad estos grupos no están marginados: están incorporados a la lógica capitalista del gran capital, viven de las migajas que les deja su dinámica sobre-concentradora y sobre-explotadora heredada del pasado neoliberal y no transformada por las políticas públicas desarrolladas durante el actual gobierno.
La lucha contra la pobreza no puede hacerse sin combatir la excesiva concentración del ingreso y de la riqueza. En nuestro país persisten estructuras heredadas de las épocas colonial, oligárquica y neoliberal, que generan prácticas oligopólicas y monopólicas. Esta es la realidad del país.
Las principales actividades económicas están concentradas en pocas empresas: el 81% del mercado de las bebidas no alcohólicas está en manos de una empresa, una empresa por igual contrala el 62% del mercado de la carne, cinco ingenios (con tan solo tres dueños) controlan el 91% del mercado del azúcar, dos empresas el 92% del mercado del aceite, dos empresas controla en 76% del mercado de los productos de higiene y así podríamos seguir enumerando uno por uno cada sector productivo y comercial. Las ganancias de los cien grupos más grandes se incrementaron en un 12% entre 2010 y 2011, superando la astronómica cifras de 35.000 millones de dólares. En este sentido es necesario destacar que las utilidades de los grupos económicos en el período 2006-2010 fueron (serían) 364% superiores al período 2004-2006. Las utilidades de los grupos económicos pasaron (habrían pasado) de 529 millones de dólares en 2006 (antes de Correa) a 1.830,4 millones de dólares en 2010 (con Correa).
Si bien, por mandato constitucional, la banca y los banqueros ya no pueden tener propiedades ajenas a las relativas a su actividad específica, el crecimiento acumulado de utilidades de la banca privada en el período 2007-2009 (durante el gobierno del presidente Rafael Correa) fue 70% superior al período 2004-2006 (gobiernos neoliberales). En el ejercicio del año fiscal 2011, dada la liquidez registrada por la economía ecuatoriana, el sector bancario incrementó sus utilidades en 52,1% en relación al año anterior. Entre enero y diciembre de 2011, la banca privada registró utilidades superiores a los 400 millones de dólares; en estos cinco años de gobierno de Rafael Correa el promedio anual de dichas utilidades bordea los 300 millones.
No es simple transformar esta situación, pero es indispensable apostar por un proceso productivo que supere la actitud rentista, ociosa y parasitaria de muchos de estos grupos económicos. Lo que requiere una nueva perspectiva y una creciente movilización desde las bases, partiendo de lo local -trabajando estrechamente con los gobiernos descentralizados- para ir avanzando a lo regional y los espacios mayores.
Con la vista puesta en las dinámicas globales, expandiendo los mercados internos y potenciando la integración regional, postulamos una estrategia que impulse procesos productivos y de desarrollo tecnológico propios. El imaginario colectivo, en consecuencia, estaría dirigido a Valorar lo Nuestro, conduciendo a un desenvolvimiento autocentrado, desde dentro para y por los de dentro, con los recursos y patrones de consumo propios para recuperar las autonomías local-regionales, asegurar la inclusión social y reforzar las identidades socioculturales de los espacios descentralizados.
Tengamos presente que las empresas pequeñas y medianas, así como los emprendimientos asociativos, solidarios, de propiedad social, cooperativos y autogestionarios, son las que más invierten en el país, asumen los mayores riesgos y desafíos, generan empleo y contribuyen a incrementar la riqueza nacional. Fomentando a este segmento de la economía será factible reducir la brecha socioeconómica entre ricos y pobres. No tenemos solo un problema de mucha pobreza, tenemos un problema de unas pocas pero grandes riquezas.
Si a este empeño se suman las otras empresas, tanto mejor. Ese es uno de los retos del momento, impulsar un gran acuerdo nacional productivo, sustentado especialmente en los emprendimientos solidarios, así como en las pequeñas y medianas unidades productivas del campo y la ciudad.
Sin embargo, esto no será suficiente, pues se requerirán medidas que conduzcan a una consecuente redistribución, no sólo de los ingresos, sino especialmente de la riqueza excesivamente concentrada, que abarca gran parte de los activos sobreconcentrados: inmuebles, acciones y grandes predios agropecuarios, así como las tierras yermas, las concesiones minero-petroleras y otras. Para lo que habría que completar la reforma tributaria que cargue el peso del gasto público sobre los grandes concentradores de capital (impuestos directos sobre la propiedad y las utilidades), a la vez que reduciremos los impuestos indirectos que paga la ciudadanía y aquellas excesivas cargas tributarias derivadas del Código de Ordenamiento Territorial, que han incrementado inequitativamente el costo de las transacciones. A dichas medidas, ha de sumarse una adecuada redistribución de tierras agropecuarias e inclusive urbanas, especialmente aquellas que son usadas para fines puramente especulativos o que permanecen improductivas.
Hacia la construcción del Sumak Kawsay o Buen Vivir
Lo planteado configura nuestra propuesta de transición, no a mejorar el capitalismo que hemos tenido hasta hoy -como dice Rafael Correa- sino para colocar las bases que nos encaminen al Buen Vivir o Sumak Kawsay.
El Sumak Kawsay es una nueva concepción del sistema de vida basado en las prácticas cotidianas y tradicionales de los pueblos y las nacionalidades. No es una simple alternativa de desarrollo, es una alternativa al desarrollo. Por lo tanto es un modelo de organización económica, política y de bienestar que se asienta en los principios de reciprocidad, complementariedad, interdependencia, solidaridad, integralidad, estabilidad y armonía del ser humano con la Pacha Mama para la reproducción sostenible y orgánica de la vida. Es un sistema integral de organización que interrelaciona las esferas política, económica, jurídica, social, étnica, ambiental, cultural y generacional.
El país debe superar el actual modelo hegemónico de desarrollo, basado en la acumulación desenfrenada e ilimitada de capital, en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y de la Naturaleza, y en la subordinación a los requerimientos de la globalización y su agente, el gran capital transnacional y sus aliados nacionales. Sus consecuencias han sido devastadoras para el ser humano y la Naturaleza. La sociedad debe subordinar a la economía a fin de que sirva al ser humano, no al capital.
El trabajo decente y el salario justo, así como el acceso equitativo a los factores de producción, viviendo en armonía con la Naturaleza, constituyen las medidas más acertadas para reducir la pobreza y la desigualdad, bases esenciales para asegurar un desenvolvimiento sustentable y autodependiente de la economía nacional.
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